Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en su salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa del embarazo, el parto y su puerperio, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación.

Es por ello que la visibilización y la erradicación de la violencia obstétrica es uno de los objetivos en los que trabajamos fuertemente desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, como parte de la agenda ampliada de derechos que impulsamos desde el inicio de la gestión. Un compromiso asumido en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), que a fines del año pasado presentó el Presidente de la Nación.

Es la primera vez que desde el Estado nacional se promueve la protección de los derechos humanos en el embarazo, el parto y el nacimiento. Esta es una tarea mancomunada junto a otras áreas gubernamentales involucradas en esta temática.

Pensar la prevención de la violencia obstétrica desde una perspectiva de derechos humanos nos permite una mirada inclusiva que busca eliminar aquellas situaciones de humillación, violencia y degradación que puede sufrir una mujer al momento de realizar una consulta médica o asistir a un parto. Además, supone reclamar derechos contemplados tanto en la ley 26485 de protección integral de las mujeres como en la ley 25929 de parto humanizado. Conocer los derechos allí consagrados nos permite defenderlos y reclamar su tutela.

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, iniciativa impulsada por la Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR) desde 2004, difundimos el lema de este año: "Menos intervenciones. Más cuidados", para recordar que el nacimiento es un proceso natural en que las madres, sus bebés y sus familias son los verdaderos protagonistas de este momento único y especial. El trabajo en la prevención y la erradicación de la violencia obstétrica es fundamental para eliminar esta forma de violencia, tal vez la más invisibilizada y más naturalizada en nuestra sociedad, que nos afecta a todos.

Las denuncias que se reciben por malos tratos, agresiones, negligencias en la atención e intervenciones médicas innecesarias durante el embarazo y, en particular durante el momento del parto, son recurrentes. Es una problemática que atraviesa cualquier división social, territorial, económica. Se da incesantemente tanto en el ámbito público como en el sector privado.

Por ello, nuestro principal desafío es acercarnos al embarazo, el parto y el nacimiento con respeto y cuidado. Y, aunque suene obvio, es una propuesta que debemos llevar a muchos lugares, hospitales, clínicas, sanatorios y maternidades de nuestro país.

La formación de profesionales de la salud con un enfoque de derechos humanos y género es necesaria, así como también es fundamental el efectivo cumplimiento de los marcos legales vigentes, para que la experiencia de gestación, parto y posparto no se convierta en una forma más de vulneración de derechos.

Aún queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, estamos convencidos de los pasos que estamos dando y que nos permiten avanzar hacia la garantía de los derechos para todas las personas.

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