Por Rogelio Gómez Hermosillo*
El gobierno de López Obrador en México recién cumplió 100 días. En ellos ha habido cambios en múltiples aspectos, como la cancelación del nuevo aeropuerto, la reducción de salarios de funcionarios y la conversión de la residencia oficial presidencial en un centro cultural.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana especialistas en el tema, difundió un documento de análisis y posicionamiento, que reconoce y aplaude algunas medidas, señala focos rojos y presenta algunas propuestas.
El documento inicia mostrando "el fracaso" del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, que tuvo muy malos resultados: "Creció la pobreza. Hay 62 millones de personas. 1.4 millones más que cuando inició. Se perdieron más de la cuarta parte de empleos de mejor remuneración, y fracasó la promesa de 'hambre cero': La carencia alimentaria afecta a 24.6. millones de personas. 10 millones de personas tienen inseguridad alimentaria."
En ese contexto de arranque, "Frente a la Pobreza" reconoce como medidas muy positivas del nuevo gobierno el incremento al salario mínimo, la prioridad a las zonas indígenas y la creación de tres nuevos programas de transferencias: pensión para adultos mayores, "Jóvenes construyendo futuro" y apoyo para personas con discapacidad.
Dicen que la prioridad a las personas jóvenes es una de las mejores decisiones. Porque promover su inserción laboral podría ser una de las políticas más efectivas para generar igualdad de oportunidades. Sin embargo, también señalan que se requiere llegar a jóvenes con mayores obstáculos para conseguir empleo por su rezago educativo y otros factores de riesgo y evitar que las transferencias se conviertan solo en un subsidio a los empleadores.
En cada uno de los puntos además de valorar el posible impacto positivo que podrían tener las "ocho medidas positivas", el colectivo de sociedad civil, señala aspectos a mejorar o cuidar para que si logren los resultados esperados.
La sección crítica del documento del colectivo señala cuatro "focos de alerta" en las acciones del gobierno en estos 100 primeros días, por ejemplo la cancelación de programas de servicios y la pretensión de sustituirlos por transferencias monetarias, como fue el caso de las "estancias infantiles". Esta medida ha levantado fuertes críticas y protestas sociales en las semanas recientes.
Otro foco rojo, es la cancelación de las convocatorias abiertas a organizaciones de la sociedad civil, porque afecta acciones tan importante como los refugios para mujeres víctimas de la violencia, la atención a personas con VIH, o cientos de proyectos de promoción y empoderamiento social realizadas por OSC.
El presidente López Obrador, en sus conferencias matutinas diarias, dio a conocer que firmó una "circular no. 1" que prohíbe la entrega de recursos a organizaciones sociales, ONGs o cualesquier otra, acusándolas de ser discrecionales y generar corrupción. Esta decisión "elimina el modelo de corresponsabilidad gobierno – sociedad civil que es uno de los principios de la gobernanza", explican.
El mayor riesgo para la política social es la reconstrucción del clientelismo. Hasta ahora hay muy poca información oficial sobre el "censo del bienestar", que se inició desde la etapa de transición, cuando ni siquiera eran gobierno. Este supuesto "censo" tiene como propósito crear los padrones para los nuevos programas y hay evidencia que se opera desde una estructura del partido. Esto es inaceptable y una grave regresión, con riesgos para la democracia y para la política social.
"Esta forma de seleccionar a quienes recibirán las transferencias no cumple con los requerimientos institucionales, técnicos u operativos mínimos que garanticen que los recursos lleguen a quienes lo requieren y por el contrario, tienen serio sesgo político" refiere el documento.
El colectivo de la sociedad civil también incluye algunas propuestas al nuevo gobierno, como asumir el enfoque de derechos previsto en el art. 1º de la Constitución, articular medidas de política económica con política social, impulsar la creación de un sistema universal de protección e inclusión social, garantizar la transparencia y la neutralidad partidista de la política social y recuperar e impulsar la participación ciudadana incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil.
Estas cinco propuestas serán nuestras banderas los próximos meses y quizá años hasta que logremos sean tomadas en cuenta. Somos una sociedad civil activa y propositiva, aunque ahora el gobierno no quiera escuchar, si quieren tener resultados frente a la desigualdad y la pobreza tendrán que hacerlo tarde o temprano. Si como dijo el presidente, por el bien de todos, primero los pobres, pues esperemos que sea más bien temprano.
*Rogelio Gómez Hermosillo es coordinador de Frente a la Pobreza
Lo aquí expuesto es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial del medio
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