Media sanción en la Legislatura a la ley de cupo laboral para personas trans
Por amplia mayoría, Diputados aprobó un proyecto que obliga al Estado provincial a emplear en la administración pública a no menos del diez por ciento de la población travesti, transexual y transgénero. “Un acto de justicia”, definieron.
La población trans en Santa Fe dio ayer un paso clave en la reivindicación de su derecho al trabajo digno y estable. La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero, que obliga al Estado provincial a emplearles en cualquiera de sus tres poderes, empresas y órganos descentralizados.
“Esta ley trata de reducir el nivel de crueldad que durante años ha generado que miles de chicos y chicas fueran echados de sus casas, que no pudieran ir a la escuela, y que la mayoría se muera antes de los 35 años, que el 80% tenga que ejercer la prostitución”, argumentó el diputado Carlos Del Frade, autor de la iniciativa que había presentado en 2016, y que volvió a hacerlo en mayo pasado porque había perdido estado parlamentario. El proyecto esta vez sí logró consenso suficiente y recibió el aporte de propuestas similares de Silvia Augsburger y de Leandro Busatto. En la sesión de ayer, la ley consiguió media sanción con 39 votos a favor y tres abstenciones.
“Sabemos, no obstante, que esta conquista es parcial, porque falta la sanción definitiva que se alcanzará en Senadores, una cámara que todavía tiene trabada la media sanción a la ley de paridad de género y la media sanción de la ley ESI (educación sexual integral)”, asumió Majo Gerez, militante feminista que participó en el armado del proyecto. La aprobación fue celebrada desde los palcos por personas de la comunidad LGBTI que en la previa organizaron una radio abierta durante la siesta santafesina en la puerta de Legislatura.
Si el Senado aprueba, la ley obligará a la Provincia a “ocupar en su personal de planta permanente, transitoria y/o contratada, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al diez por ciento (10%) de la totalidad de personas que hayan procedido a la rectificación registral de sexo, nombre e imagen, en el territorio provincial”, reza el texto votado.
Esa proporción, hoy en Santa Fe, significa entre 80 y 90 puestos laborales en la administración pública provincial, porque la población que ha pasado por el Registro Civil para cambiar de identidad son entre 800 y 900 personas.
Quienes postularán a este beneficio serán mayores de 18 años y con dos años de residencia como mínimo en la provincia, y que además hayan hecho la rectificación registral de sexo, nombre e imagen, como lo dispone la ley nacional de Identidad de Género. La ley también requiere condición de idoneidad para tomar el puesto.
El certificado de buena conducta como requisito para ingresar a la función pública mereció un tratamiento especial en el articulado de la norma. Es que la mayoría de las personas a las que apunta, precisamente, pasó por situaciones de arresto policial. Eso las descalificaría para acceder al empleo estatal. Por eso se incluyó una excepción a ese requisito. “En el caso de que el certificado de buena conducta consignase antecedentes vinculados a faltas o contravenciones, no será tenido en cuenta como antecedente en la selección de personal”, contempla el proyecto con media sanción.
Los entes provinciales deberán comunicar las vacantes que se produzcan a la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual y al Ministerio de Trabajo provincial, que será el órgano de aplicación.
En Santa Fe hay nueve municipios –Rosario entre ellos– que cuentan con cupo laboral trans. La provincia de Buenos Aires también, desde 2015, con una ley impulsada por Diana Sacayán, transexual asesinada poco antes de esa sanción.
“Quién si no el Estado debe restablecer este derecho, cuando es el Estado el que se mete en la casa y hace que los padres echen a sus hijas por su identidad sexual elegida”, dijo ayer Del Frade. “La ciencia las trató de enfermas; la religión, de pecadores, y el Estado las trató de delincuentes. Y las perseguía en la calle, porque allí tenían que estar al no poder estar ni en su casa, ni en la escuela ni en un trabajo. Hoy acá intentamos que el amor le gane una batalla a la muerte y al poder”, concluyó.
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