En los últimos días artículos periodísticos especializados se hicieron eco del dato sobre el gasto militar en nuestro país publicado por Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), una institución con base en Suecia dedicada al análisis sobre conflictos armados, desarme y seguridad internacional, en una discusión centrada en aspectos metodológicos y de técnica presupuestaria que pueden confundir y mezclar las cuestiones que se buscan comparar. El objetivo del presente artículo no es cerrar un debate sino abrirlo en vistas a una mejor política de Defensa Nacional como uno de los objetivos básicos de nuestro Preámbulo Constitucional para que el árbol del método no nos impida ver el bosque de las realizaciones concretas.
En su publicación anual, SIPRI afirma que en 2022, Argentina destinó sólo un 0.41% del PBI al gasto militar, siendo el más bajo de los últimos años. Lo que estos artículos omiten es que la institución sueca expresa estas conclusiones en base a datos brindados en 2021, por lo que la información reflejada sobre el ejercicio 2022 corresponde al presupuesto preliminar, que finalmente no fue aprobado por el bloqueo de la oposición: hay que hacerse cargo de las responsabilidades y actuar constructivamente en temas como el de la Defensa Nacional, que sin dudas debe ser tratado con responsabilidad de una política de Estado.
En consecuencia, el presupuesto destinado a defensa en el año 2022 fue de $656.927.5 millones de pesos, mientras que el estimado por SIPRI para ese mismo año fue de $336.188,40 millones de pesos, lo que nos da una diferencia de $320.739 millones de pesos.
Para tomar dimensión de lo alejado de la realidad que está ese 0,41% expresado por SIPRI, es necesario observar que el valor ejecutado en 2022 del inciso 1 del presupuesto, que corresponde al personal civil y militar de todo el Ministerio de Defensa, fue de $304.138 millones de pesos, por lo que, si tomamos en cuenta los datos de SIPRI, frente a tal reducción presupuestaria, se tendría que haber desafectado a todo el personal del Ministerio.
En este sentido, si se actualizan los datos utilizados por la institución sueca con el presupuesto ejecutado en el año 2022, el porcentaje del gasto en defensa sobre el PBI pasa a ser del 0,41% al 0,68%.
A su vez, el cálculo realizado por SIPRI no incorpora la totalidad de los incisos que forman parte del presupuesto de la jurisdicción. De esta manera, deja por fuera al inciso 6, que representa gran parte del gasto destinado a los proyectos financiados a través del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), así como también al inciso 7, que corresponde a juicios del personal militar, que sólo en 2022, representó un total de $65.084.513.316,96 en un presupuesto ejecutado de $656.927.499.580,22. Al contabilizar estos incisos, el porcentaje del gasto en defensa sobre el PBI en el año 2022 asciende a un 0,79%.
En los últimos años, asistimos a un proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas para que tengan capacidad de disuasión ante los conflictos actuales, manteniendo el objetivo principal de defender nuestra soberanía y los valiosos recursos de nuestro país. Se trata de un proceso pensado a largo plazo que, lejos de darse de un día para el otro, depende de la recuperación de las capacidades y de la estrategia para lograrlo. Una estrategia que se piensa y desarrolla dentro de un contexto nacional e internacional determinado del que no puede separarse.
La política de defensa del gobierno nacional conducida por el Ministro Jorge Taiana consiste en una base estratégica de atención al Atlántico Sur, Ushuaia, las Islas y la Antártida, sosteniendo y amplificando lo realizado en toda la frontera norte de nuestro país con la instalación de nuevos radares, la apertura de Unidades Militares en Catamarca y Tolhuin y la incorporación de soldados voluntarios en un 30% de los existentes.
Las áreas de trabajo a fortalecer luego de años de desatención y desidia son cuatro: a) inversión a través del Fondo para la Defensa, b) infraestructura, mantenimiento y logística de las Unidades, c) recuperación de la carrera y la remuneración del personal activo y retirado fortaleciendo el bienestar de las familias del sector con previsión y salud; y d) garantizar la movilidad y la plena operación de las unidades con gastos de funcionamiento suficiente. El fortalecimiento de estas áreas se puede comprobar observando las distintas inversiones realizadas.
Pero a la hora de hablar de recuperación de las capacidades de las Fuerzas, es necesario centrarnos en la importancia que tuvo la aprobación de la Ley 27.565 de creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que hoy en día permite que la Argentina cuente con un fondo de financiamiento específico para la recuperación, modernización y/o incorporación de material para su reequipamiento que, a su vez, potencia el desarrollo de la industria nacional para la Defensa, generando un efecto multiplicador para las economías locales y en múltiples sectores de nuestra industria nacional, como la metalmecánica, la petroquímica y la de alta tecnología e investigación.
Solo en el 2022, el segundo año de ejecución del FONDEF, se llevaron a cabo 91 proyectos, un 41% más respecto a los proyectos del año anterior, entre ellos podemos mencionar: incorporación de aviones Pampa III, Texan II, B200 Huron y SAAB 340, modernización de Hércules C-130, incorporación y fabricación de radares, adquisición de Patrulleros Oceánicos Multipropósito, recuperación de corbetas Meko y unidades navales varias, modernización de los vehículos de combate Tanque Argentino Mediano (TAM) y adquisición de bateas, adquisición de vehículos de campaña y de guarnición, fabricación y adquisición de munición de varios calibre, adquisición de misil antiaéreo de corto alcance RBS70, entre otros importantes proyectos.
El despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, pero muy especialmente hacia el Atlántico Sur y la Antártida, constituye un eje central de la estrategia sostenida en materia de defensa. Por eso, fortalecimos nuestra presencia a partir de la creación y el funcionamiento del Comando Conjunto Marítimo -indispensable para el patrullaje marítimo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el cuidado de los recursos renovables y no renovables del mar, el cumplimiento de compromisos internacionales y el apoyo a las Bases Antárticas-, la puesta en marcha de la Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia, la creación de la primera Guarnición Militar Conjunta en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur, el despliegue de un radar en un enclave estratégico como lo es la ciudad de Río Grande, así como los avances realizados para la reactivación de la Base Petrel, que volvió a ser permanente tras 50 años, entre muchas otras acciones que evidencian una recuperación de las capacidades que no sería posible sin la administración adecuada de los recursos disponibles para la defensa.
La discusión sobre el gasto militar nos obliga a centrarnos en un hito fundamental para el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, que supo ser un reclamo histórico que fue cumplimentado por esta gestión: la jerarquización salarial.
Bajo la concepción de que no hay Estado organizado sin Fuerzas Armadas y, por lo tanto, la recuperación de sus capacidades depende de su bienestar, la política de jerarquización salarial se estableció como una prioridad que dista mucho de ser un mero esfuerzo presupuestario.
Plasmada en una primera instancia en el Mensaje de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y cumplimentada a partir de la Resolución interministerial entre el Ministerio de Defensa y el de Economía, se trata de una jerarquización de alrededor de un 60%, del que ya se abonó un primer tramo de aumento del 14%, que se sumó al 23,3% de actualización salarial en concordancia con los criterios adoptados para el personal civil de la Administración Pública Nacional.
Por lo tanto, a partir de una proyección del gasto militar sobre el PBI estimado para el año 2023, teniendo en cuenta el monto destinado a la jerarquización salarial, central para la recuperación de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, el porcentaje asciende al 1.24%.
Defender la soberanía de nuestro país, el bienestar de su sociedad y la posibilidad de construir una sociedad con autonomía, protegiendo sus riquezas naturales, su cultura y su territorio implica llevar adelante una estrategia defensiva, cooperativa y autónoma con Fuerzas Armadas que cuenten con poder de disuasión. Esto obliga a priorizar el fortalecimiento de sus capacidades, de ahí la importancia que tiene disponer de un recurso específico como lo es el FONDEF, importancia que se refleja en todos los proyectos que se desarrollaron, desarrollan y desarrollarán bajo su órbita.
Un porcentaje no dice nada si no se lo lee dentro de un contexto determinado, sin embargo, las acciones llevadas a cabo durante esta gestión para recuperar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y determinar su bienestar, con el objetivo de que estén a la altura de la defensa de la soberanía del país y de sus recursos hablan por sí mismas.
Seguir leyendo:
La invasión a Ucrania y su impacto en el gasto militar global
Hacer Comentario