Donald Trump fue acusado de mal manejo de documentos clasificados en su casa de Florida, dando comienzo un proceso de la Justicia federal que es posiblemente la más peligrosa de las múltiples amenazas legales contra el ex presidente en su intento de recuperar la Casa Blanca.
Trump dijo que debe comparecer ante el tribunal el martes por la tarde en Miami. Según informaron las agencias de noticias AP y Reuters, el ex mandatario enfrenta siete acusaciones,
El caso se suma a las investigaciones que pesan sobre Trump, quien ya ha sido acusado en Nueva York y enfrenta causas adicionales en Washington y Atlanta que también podrían llevar a cargos criminales.
La acusación surge de una investigación de varios meses realizada por el fiscal especial Jack Smith para determinar si Trump violó la ley al retener cientos de documentos clasificados en su propiedad de Palm Beach, Mar-a-Lago, y si Trump tomó medidas para obstruir los esfuerzos del gobierno por recuperar los registros.
Los fiscales han afirmado que Trump llevó aproximadamente 300 documentos clasificados a Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca, incluyendo unos 100 que fueron confiscados por el FBI en agosto pasado durante un registro en el hogar, lo cual resaltó la gravedad de la investigación del Departamento de Justicia.
Trump y su equipo han visto durante mucho tiempo la investigación del fiscal especial como mucho más peligrosa que el asunto de Nueva York, tanto políticamente como legalmente. Los ayudantes de campaña se habían estado preparando para las repercusiones desde que los abogados de Trump fueron notificados de que él era el objetivo de la investigación, asumiendo que no era cuestión de si se presentarían cargos, sino de cuándo.
Pero sigue sin estar claro cuáles serán las consecuencias políticas inmediatas y a largo plazo para Trump. Su primera acusación generó millones de dólares en contribuciones de seguidores enojados y no dañó a Trump en las encuestas. En cualquier caso, la acusación y la batalla legal que seguirá volverán a poner a Trump en el centro de atención, desviando la vista de los otros candidatos que intentan ganar impulso en la carrera presidencial de 2024.
Trump ha insistido en que tenía derecho a mantener los documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca y también ha afirmado sin pruebas que los había desclasificado.
El ex presidente ha buscado durante mucho tiempo utilizar los crecientes problemas legales en su beneficio político, quejándose en las redes sociales y en eventos públicos de que los casos son impulsados por fiscales demócratas para perjudicar su campaña electoral de 2024.
El caso marca un hito para el Departamento de Justicia, que había investigado a Trump durante años, tanto como presidente como ciudadano privado, pero nunca antes lo había acusado de un delito.
Entre las diversas investigaciones estatales y federales a las que Trump se enfrenta, los expertos legales, incluido su propio ex fiscal general, habían considerado durante mucho tiempo que la investigación de Mar-a-Lago era una de las más propensas a resultar en acusación y aquella en la que las pruebas parecían favorecer al gobierno. Registros judiciales revelados el año pasado mostraron que los investigadores federales creían tener motivos fundados para creer que se habían cometido múltiples delitos, incluida la retención de información de defensa nacional, destrucción de registros gubernamentales y obstrucción de una investigación.
Desde entonces, el Departamento de Justicia ha acumulado pruebas adicionales y ha obtenido testimonios de un gran jurado de personas cercanas a Trump, incluidos sus propios abogados. Las leyes que rigen el manejo de registros clasificados y la obstrucción son delitos graves que podrían acarrear años de prisión en caso de una condena.
Durante semanas se habían acumulado señales de que se avecinaba una acusación, incluida una reunión el 5 de junio entre los abogados de Trump y funcionarios del Departamento de Justicia. Después de esa reunión, Trump dijo en las redes sociales que anticipaba que podría ser acusado, aunque insistió en que no había hecho nada malo.
Aunque la mayor parte del trabajo de investigación se ha llevado a cabo en Washington, con un gran jurado que se reunió allí durante meses, recientemente se supo que los fiscales estaban presentando pruebas ante un panel separado en Florida, donde tuvieron lugar muchos de los presuntos actos de obstrucción examinados por los fiscales, incluidos los esfuerzos por mover las cajas.
Los problemas legales de Trump van más allá de la acusación en Nueva York y el caso de los documentos clasificados.
El fiscal especial tiene en marcha una investigación separada centrada en los esfuerzos de Trump y sus aliados para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Y el fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia está investigando a Trump por supuestos intentos de subvertir las elecciones de 2020 en ese estado.
(Con información de AP)
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