El ingreso a la cárcel de Ezeiza
El ingreso a la cárcel de Ezeiza

La Cámara Federal de La Plata confirmó el rechazo a un habeas corpus que había presentado un grupo de presos de la cárcel federal de Ezeiza para que les permitan usar teléfonos celulares mientras dure la pandemia por el coronavirus para reemplazar la suspensión de las visitas de sus familiares.

Los jueces de la Cámara César Álvarez, Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefín explicaron que los celulares son un elemento prohibido por ley en las prisiones y que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tomó tres medidas para que el vínculo entre los internos y sus familias continúe en esta etapa de emergencia: se crearon salas de conferencia para charlas virtuales, se entregaron gratuitamente tarjetas telefónicas para que se utilicen en los teléfonos de los pabellones y se habilitó una línea para que los familiares consulten a las autoridades el estado de salud de los presos.

“En tales condiciones, no se aprecia la necesidad actual de, además, habilitar el ingreso de teléfonos móviles, que, por otro lado, caen en la prohibición expresa del art. 160 de la ley 24.660 y del art. 22 del Decreto 1136/97 “Reglamento de comunicaciones de los internos” y no estarían sujetos a los controles a los que se somete a las líneas telefónicas existentes en los pabellones”, sostuvieron los magistrados en su resolución a la que accedió Infobae.

Los internos habían hecho el planteo a principios de abril y el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó el pedido después de convocar a distintos sectores, el SPF, la Fiscalía, la Defensa Pública, y escuchar sus opiniones.

Ante el rechazo, los presos apelaron para que la medida sea analizada por la Cámara. Buscaban equiparar su situación a la de los internos de la provincia de Buenos Aires, donde la justicia sí los habilitó a usar celulares. Lo mismo ocurrió en Mendoza, Entre Ríos y Chubut. Allí, las autoridades penitenciarias avalan su utilización y los jueces destacaron que es una medida que sirve para bajar las tensiones que se viven en una cárcel.

Los jueces de la Cámara Federal señalaron que la suspensión de las visitas a las cárceles “implicó la obturación de una significativa vía de comunicación de que disponían las personas privadas de la libertad para fomentar sus relaciones afectivas, mientras que, a la vez, son imaginables las complicaciones a las que puede verse sometida el día de hoy la correspondencia escrita”.

Uno de los pabellones de la cárcel de Ezeiza (Crédito: cij.gov.ar)
Uno de los pabellones de la cárcel de Ezeiza (Crédito: cij.gov.ar)

Pero señalaron que esa limitación fue reemplazada por “al menos tres medidas eficaces para compensar la falta de comunicación”.

Una de ellas fue la aplicación del “Protocolo de Vinculación Familiar y Social a través del sistema de videoconferencias”, a través del cual el SPF creó salas en las cárceles federales a las que entregó 50 computadoras para que los presos pueden comunicarse con sus familias. En la unidad de Ezeiza hay 11 computadoras y 16 salas de videconferencia, según un informe que presentó el SPF.

“De acuerdo con dicho informe la cantidad de tiempo diario que se indica para realizar videoconferencias es de aproximadamente 8 horas y 40 minutos, lo cual permite treinta y dos (32) llamadas por videoconferencia de quince (15) minutos en cada sala y quinientas doce (512) en las dieciséis. En consecuencia, según lo observa este tribunal, dado que la población total del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza es de 2.395 internos, resulta que en menos de cinco días toda la población carcelaria podría acceder a una llamada por videoconferencias”, explicaron los camaristas y agregaron que no hubo reclamos sobre su funcionamiento.

La segunda medida fue la entrega gratuita a fines de marzo de 14.000 tarjetas telefónicas por un valor de 100 pesos cada una para todos los presos federales, de las cuales 2408 tarjetas fueron para los internos de Ezeiza que el 7 de abril volvieron a recibir otra.

Y por último, el SPF puso a disposición de las familias una línea telefónica administrada por la División Asistencia Social del Complejo Penitenciario Federal N° 1 para que puedan comunicarse y conocer el estado de salud de cada uno de los internos.

“Tomando en cuenta la existencia de líneas telefónicas fijas existentes en los pabellones, las medidas implementadas constituyen un aceptable medio de compensación de las restricciones originadas en la suspensión de las visitas”, concluyeron los jueces.

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