La publicación del informe del fiscal italiano que ordenó el desembarco del buque de la ONG española Pro Activa Open Arms reforzó hoy a los rescatistas frente a los gobiernos europeos que se niegan a asistir a los migrantes y refugiados en el Mediterráneo, en momentos en que el buque humanitario Ocean Vikings, con 365 personas a bordo, sigue esperando puerto.
Para la justicia italiana, la labor del Open Arms, que salvó a 163 náufragos en su última misión de rescate frente a las costas de Libia, se ajusta al derecho internacional, ya que la ONG estaba obligada a socorrer a los náufragos.
En cambio, el accionar de los gobiernos de Italia, Malta y España, los países implicados en la crisis que mantuvo al barco humanitario 19 días a la deriva, fue contraria a la ley.
El informe del fiscal de Agrigento, Sicilia, que forzó el desembarco en la isla de Lampedusa de los 83 migrantes que permanecían en el Open Arms, también respalda a los rescatistas españoles ante una eventual multa del gobierno español, que amenazó con sancionarlos con casi un millón de euros por haber realizado labores de salvamento para las que en teoría no tenían permiso.

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