La Superintendencia Nacional de Migraciones determinó que un grupo de personas, integrantes del grupo autodenominado “Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos”, no pueda ingresar al Perú “en aras de prevenir afectaciones a la seguridad nacional, orden interno y orden público”.
La medida se produce tras la visita de este equipo, integrado por quince ciudadanos argentinos y uno estadounidense, en las semanas de conflictos y movilizaciones sociales en el país.
Los extranjeros -que desconocen el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo- se apersonaron al territorio nacional, entre el ocho y trece de febrero del 2023, para recabar información sobre el tratamiento de las protestas por el Gobierno de la presidente Dina Boluarte.
En aquel momento, solicitaron el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, en distintos puntos a nivel nacional, para recoger dicha información. Sin embargo, la institución se negó y precisó que no promovió la llegada de esta misión.
En un documento al que accedió Infobae, Migraciones detalló que, de acuerdo con información por la Jefatura de la División de Extranjería de la PNP, “los ciudadanos extranjeros participaron en acciones de protestas y reuniones con dirigentes sociales, infringiendo la norma migratoria peruana”.
“Prestaron declaraciones respecto a temas sensibles, que dividen a la población peruana, evidenciando así la abierta injerencia de extranjeros en la política interna del país; aprovechando el momento de convulsión política, con estos propósitos, que afectan gravemente el orden interno, la seguridad y la soberanía nacional”, se lee en el texto.
Además, se precisa que la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter) halló que la conducta de los mencionados, entre ellos la de un diputado argentino, “se encontraría vinculada a la realización de actividades que alteran el orden interno, seguridad nacional y orden público”.
La medida adoptada se produjo a iniciativa de la legisladora Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, quien solicitó acciones frente a esta situación.
“Atendiendo nuestro pedido, Migraciones impedirá que los miembros de la autodenominada ‘Misión de Solidaridad Internacional’ ingresen al Perú. Estos falsos defensores de los DDHH vinieron para dinamitar nuestra democracia, haciéndole el juego a la izquierda radical y la caviarada”, manifestó.
Diputados y activistas en lista de impedimento
De los 16 extranjeros, quince cuentan con nacionalidad argentina y otro es ciudadano estadounidense (Teri Mattson). En la nómina se encuentran los diputados argentinos Juan Marino y Federico Fagioli, ambos del Frente de Todos (FDT)
En el grupo también figura el activista argentino, kirchnerista y fundador de la agrupación de izquierda FDT, Juan Grabois; la dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) Marianela Navarro y la dirigente María José Cano (Directora Depto Derechos de Los Pueblos ATE – CTAA Nacional).
También se encuentran Ramiro Geber (La Dignidad), el sacerdote Néstor Juárez, Pablo Garciarea (Xumek), Fernando Almejún (Liberpueblo), entre otros dirigentes y activistas.
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