La presidenta de la república, Dina Boluarte, realizó un deslinde tajante y categórico esta semana tras las graves acusaciones de sus excolaboradores Henry Shimabukuro y Maritza Sánchez sobre presuntos aportes no declarados en su campaña electoral del 2021 cuando era la socia política de Pedro Castillo por las filas de Perú Libre.
“No permitiremos que personajes con intereses políticos subalternos, y dando manotazos de ahogado desde la Diroes, con falacias y con mentiras pretendan debilitar a este gobierno democrático y constitucional, que trabaja día a día en resolver los problemas del país, y que lucha frontalmente contra la corrupción. Acá no ha habrá impunidad alguna contra corruptos y corruptores”, dijo.
“Estamos tomando las medidas correspondientes para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron coludidos con la corrupción, e impedir que los tentáculos de esos grupos, que hasta hace poco estuvieron en los círculos del poder, sigan actuando con total impunidad”, agregó con énfasis.
Sin embargo, las declaraciones de Boluarte Zegarra se contradicen bastante cuando personas que la visitaron en sus despachos cuando ejercía la vicepresidencia y lideraba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) lograron contratos con diferentes entidades del Estado y subprefecturas.
Infobae identificó a los beneficiarios tras las citas con la actual jefa de Estado.
Contratos
Dinela Canta Cullampe tuvo una visita personal a la presidenta Boluarte el 6 de septiembre del 2021. El encuentro duró entre las 11:41 de la mañana y 1:06 de la tarde en el piso 10 del MIDIS. Luego, Canta se entrevistó el 24 del citado mes con William Contreras Chávez, quien ocupaba por entonces el Viceministerio de Prestaciones Sociales.
Tras estas citas, Canta logró cuatro ordenes de servicio con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, adscrita al Ministerio de Educación, y el MIDIS por un monto de S/ 33 500 debido a que brindó asistencia en gestión documental y acompañamiento territorial en las iniciativas de ciudadanas de apoyo alimentario. Un detalle no menor es que Canta nunca había contratado con el Estado.
Adicionalmente, Canta logró ser designada subprefecta del distrito de Puente Piedra el 28 de octubre del año pasado. El nombre de esta persona, que postuló hace dos años al Parlamento por Alianza para el Progreso, no aparece en el registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. En su hoja de vida se indica que tiene estudios inconclusos en Derecho por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).
Otro caso es el de Adolfo Antayhua Chipana, quien se juntó con la presidenta Boluarte el 21 de septiembre del 2021. Luego de la reunión de trabajo, el excandidato de Acción Popular a la alcaldía del distrito de Cotaruse logró tres ordenes de servicio por S/ 13 900 con la municipalidad de Tintay y la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Apurímac, la tierra natal de la actual mandataria.
No había registro de contratos con el Estado por parte de Antayhua, pero sí dos sentencias por violencia familiar y agresión contra la mujer por el Juzgado de Familia Central y el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Apurímac.
Roberto Carlos Rosado Pomacaja tuvo una reunión con la presidenta Boluarte el 13 de octubre del 2021 que duró entre las 4:32 de la tarde hasta las 8:22 de la noche. Según el registro de proveedores había tenido ordenes de servicio con el Programa de Infraestructura Educativa (Pronied) que está adscrita al Minedu, pero la última vez ocurrió en 2015. Recién el 12 de octubre del año pasado fue colocado en la Oficina General de Comunicación Estratégica del MIDIS.
Pierre Oskar Quiñones Balarezo fue parte de la comitiva que estuvo con la presidenta Boluarte cuando recibió el flash electoral del 6 de junio del 2021. Luego, obtuvo seis ordenes de servicio con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y el MIDIS por S/ 35 750.
El caso de María Patricia Muriano Peralta resulta muy particular. Ella tuvo una reunión con Boluarte Zegarra el 3 de noviembre entre 9:10 de la mañana y las 3:40 de la tarde. Al día siguiente se registró como proveedora del Estado. De manera express logró una orden de servicio por S/ 10 mil soles para brindar su servicio como asistente administrativa en el Despacho Presidencial. De ahí obtendría cinco ordenes de servicio por S/ 96 500.
Hay que mencionar que Muriano trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) al igual que la presidenta Boluarte. Allí ocupó la jefatura de la Oficina Registral de Surco.
Similar al caso de Muriano es el de Gladys Rojas Soria, quien tuvo seis visitas a la presidenta Boluarte. La primera sucedió el 30 de diciembre del 2021. En su hoja de vida destaca que trabajó como coordinadora de la Oficina de Defensa Nacional de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Junín entre el 2019 y el 2021. A ese cargo llegó nombrada por Vladimir Cerrón al iniciarse su segunda gestión antes de ser recluido en prisión tras haber sido condenado a 4 años y 8 meses por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.
A pesar de que no está inscrita como militante en Infogob, Rojas es simpatizante de Perú Libre. En Junín participó en varias actividades proselitistas cuando Cerrón apuntaba a regresar al Gobierno Regional en 2018. Tanta es su cercanía con el líder del partido del lápiz que incluso tiene una fotografía con la madre de este, Bertha Rojas, tal como se adjunta en este reportaje.
Rojas Soria tuvo dos contratos con el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) por S/ 8 000.
De igual manera pasa con los casos de Mónica Carito Marin Lino, Lisbeth Salas Ccente y Diana García Onorbe.
Subprefecturas
Infobae buscó el descargo del Despacho Presidencial sobre estas visitas de la presidenta Boluarte. Sin embargo, al cierre de esta edición no encontramos respuesta alguna.
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