Luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara detalles del entramado de corrupción que rodea la empresa brasileña Odebrecht por hechos ocurridos entre 2009 y 2016, dentro de los que evidenció el ingreso de 3.540 millones de pesos a las campaña presidenciales de Juan Manuel Santos, varios sectores políticos pidieron se tomen medidas en contra del exmandatario.
El Centro Democrático, principal partido de oposición, pidió que sea retirado el premio Nobel de Paz a Santos por su vinculación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
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La encargada de hacer la solicitud fue la concejala de Bogotá, Diana Diago, que envió una carta al Comité Noruego del Nobel de Paz para que este considere llevar a cabo una revisión exhaustiva y objetiva de la situación actual del exmandatario, en relación con las investigaciones en su contra por corrupción.
En el documento, la concejala se refirió a la importancia que tiene este premio en “pro de la paz, la justicia y la resolución pacífica de conflictos”, por lo que considera que:
“La construcción de paz no se limita a la eliminación de los conflictos armados, sino a la edificación de un sistema democrático, equitativo, donde los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones. La corrupción y el pago de sobornos en las campañas presidenciales socavan profundamente estos principios y son contrarios al espíritu del Nobel”, mencionó Diago.
Para Diago, Juan Manuel Santos debe rendir explicaciones a los colombianos y pagar ante la justicia por los actos irregulares que haya cometido. Si las investigaciones por corrupción a las que está vinculado resultan ser confirmadas, la concejala pidió al Comité considerar la posibilidad revocar el premio otorgado en 2016.
De acuerdo con la investigación que adelanta un grupo especial de la Fiscalía en el caso Odebrecht, se habría creado una empresa para entregar sobornos en Colombia, los cuales alcanzaron los 80.000 millones de pesos.
El jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, explicó cómo entraron dineros de la empresa brasileña a las campañas de Juan Manuel Santos, tanto en la campaña de 2010, como en la de 2014.
“Odebrecht habría creado un departamento de operaciones estructuradas donde se pagarían dádivas para la consecución de megacontratos, modificaciones a las cláusulas contractuales, intervención de subcontratistas y la desviación de presupuestos públicos”, señaló el fiscal.
De esta manera, este departamento estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo, con el cual consolidaron su accionar delincuencial.
Jaimes enfatizó que “por estas operaciones estructuradas, directamente la firma brasileña emitió dineros por 6.000 millones de pesos con destino a partidos y movimientos políticos en Colombia, en particular para las campañas presidenciales de los años 2010 y 2014″.
Desde junio de 2014, los pagos de los sobornos no se hacían por operaciones estructuradas, sino por los subcontratos en Colombia; esa mecánica de pago concuerda con la información suministrada por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
En el acuerdo que firmó Corficolombiana con el DOJ quedó en evidencia un soborno de 3,4 millones de dólares que se pagó a un alto funcionario del Gobierno Santos.
El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga también habría recibido un ingreso para su campaña en 2014 de 3.045 millones de pesos.
Zuluaga ya fue imputado por la Fiscalía, en julio de 2023, por seis hechos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.
Ni Óscar Iván Zuluaga, ni su hijo mayor, David Zuluaga, quien también fue acusado por conocer del entramado de corrupción siendo el gerente de campaña de su padre, aceptaron los cargos.
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