El Ejecutivo, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha aprobado un acuerdo que supondrá la distribución en 2024 de 179,24 millones de euros a través del Fondo de Financiación a Entidades Locales. Este importe se reparte entre los compartimentos Fondo de Ordenación (146,12 millones) y Fondo de Impulso Económico (33,12 millones).
El Fondo de Ordenación permite dotar de liquidez a las Entidades Locales con algún tipo de riesgo financiero, mientras que el Fondo de Impulso Económico atiende las necesidades de aquellas administraciones locales que están saneadas financieramente.
En concreto, los 146 millones asignados al compartimento Fondo de Ordenación se distribuyen en 47,5 millones a Ayuntamientos que se encuentran en riesgo financiero y otros 98,62 millones a Consistorios que no se han podido refinanciar en condiciones de prudencia financiera.
Por otra parte, los 33,12 millones de euros asignados al compartimento Fondo de Impulso Económico servirán para satisfacer necesidades financieras derivadas de vencimiento de préstamos a largo plazo con entidades de crédito que financiaron Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS); o ejecución de sentencias judiciales firmes.
DISTRIBUCIÓN POR CCAA
Así, los entes locales de Andalucía serán los que más dinero se lleven, con más de 99 millones; le siguen Comunidad Valenciana con más de 26 millones; Cataluña, con más de 18 millones; Madrid, con más de 15 millones; Murcia, con más de 11 millones. Por debajo se sitúan Castilla-La Mancha, que recibirá más de siete millones; Extremadura, con 706.958 euros; Castilla y León con 699.071 euros; Aragón, con 251.201 euros y, finalmente, Islas Baleares con 96.459 euros.
En la reunión de la Comisión Delegada también se han aprobado las condiciones financieras de las operaciones de crédito que se formalicen con cargo a los compartimentos Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico.
Esas condiciones son similares a las contenidas en Acuerdos de la CDGAE adoptados en 2023, si bien ahora se recoge un periodo de amortización de 12 años, en vez de diez, hasta el 31 de marzo de 2036. Además, se elimina el periodo de carencia, que el pasado año se estableció en dos años.
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