Madrid, 19 dic (EFE).- El recurso de inconstitucionalidad que este martes presenta el PSOE contra la reforma del Reglamento del Senado aprobada en noviembre con la intención de retrasar la ley de amnistía al evitar su trámite de urgencia no incluye una petición de medidas cautelares para no forzar un choque institucional.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, quien ha indicado que su grupo parlamentario valoró esa posibilidad, para instar al Tribunal Constitucional (TC) a pronunciarse cuando se aplique esa reforma -previsiblemente en febrero- a la ley orgánica de amnistía, lo que la demorará más de un mes.

El PSOE ha optado por no presentar cautelares para no condicionar en absoluto al TC, ha indicado Espadas, y para respetar la autonomía del poder legislativo y no generar confusión, aunque sea a costa de que en febrero "previsiblemente se aplicará el Reglamento ahora mismo vigente" y en el Senado no se tramite con urgencia la amnistía.

La inconstitucionalidad, en cualquier caso, le parece evidente porque existe sobrada jurisprudencia a favor de que el Senado no pueda modificar la calificación como urgente de la tramitación de una iniciativa legislativa proveniente del Congreso.

De hecho, aunque la Constitución no mencione expresamente a las proposiciones de ley en ese sentido, "no tendría sentido" que el Congreso disponga sobre la urgencia de los proyectos de ley provenientes del Gobierno sin que pueda decidir sobre ella el Senado y que no tenga esa capacidad sobre las proposiciones de ley que emanen del propio Congreso, ha expuesto el portavoz socialista.

La reforma fue aprobada por el pleno del Senado el 14 de noviembre, con votos de Vox y UPN sumados a los de la mayoría del PP, y ya aquel día el PSOE anunció que la recurriría al TC.

Tras la reforma del artículo 133 del Reglamento, el Senado puede ahora decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia -un plazo de 20 días- o de forma ordinaria, en un máximo de dos meses-, aunque sería más tiempo si por medio hay vacaciones parlamentarias, como en enero.

El PSOE y otros grupos de izquierda ya advirtieron en el debate de esa reforma de que ese cambio contraviene el artículo 90 de la Constitución y de que la interpretación del TC se aplica también a las proposiciones de ley.

Espadas ha recalcado que la reforma aprobada "incumple la Constitución con un fin claramente partidista, coyuntural", por lo que tiene claro que el TC la tumbará, aunque sea con posterioridad a la tramitación de la ley de amnistía en los próximos meses.

Y ha considerado además que los informes solicitados por el Senado al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre lo que aún es una proposición de ley en trámite en el Congreso suponen un "ataque preventivo" que no tiene sentido, al no haber empezado la tramitación en el Senado. EFE

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