La Fiscalía espera desarrollar su acusación contra el exmandatario, ante el Poder Judicial, tras su arribo al territorio nacional. (REUTERS)
La Fiscalía espera desarrollar su acusación contra el exmandatario, ante el Poder Judicial, tras su arribo al territorio nacional. (REUTERS) (Guadalupe Pardo/)

El último jueves seis de abril, el magistrado Thomas S. Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California, dispuso que el expresidente Alejandro Toledo se entregue a la justicia de Estados Unidos para continuar con su proceso de extradición al Perú.

De esta manera, el juez estadounidense rechazó el recurso de habeas corpus que el exlíder de Perú Posible presentó hace algunas semanas.

El funcionario, además, remarcó que no era posible brindarle mayores plazos al exdignatario luego que este presentará dos nuevos recursos contra su extradición.

En este marco, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. otorgó al exmandatario una moción de emergencia; el investigado por presunta corrupción había solicitado esta medida para suspender temporalmente su entrega a las autoridades peruanas.

Con esta decisión, la orden del juez Hixson quedará suspendida por un plazo de catorce días. Esta medida habilita a que el procesado pueda presentar una reconsideración ante la Corte en Pleno.

Toledo Manrique ya no tendrá por obligación acudir a las instancias policiales correspondientes, en EE.UU. este viernes siete de abril -a las nueve de la mañana- tal como había dispuesto la Corte de California.

“El Tribunal ordena que Toledo sea internado en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que se produzca su entrega a las autoridades peruanas. El Tribunal revoca la fianza de Toledo y lo devuelve a la custodia del U.S. Marshal. Se ordena a Toledo que se entregue al alguacil el 7 de abril de 2023 a las 9.00 a. m. en el piso 20 del 450 de Golden Gate Avenue, San Francisco, California”, se lee en el documento según El Comercio.

La Fiscalía de la Nación ha estimado para Toledo Manrique penas de veinte años y seis meses de prisión, y otra de 16 años y ocho meses de prisión; ellas por los casos Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3; y ‘Ecoteva’, respectivamente.

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