En relación con la reciente publicación investigativa de Cambio en la que se expuso la presunta desviación de recursos en el contrato 363 de 2021 en el departamento de Nariño, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) emitió un comunicado para informar a la opinión pública sobre las acciones tomadas frente a estas revelaciones.
En dicho artículo se confirmó que los recursos destinados para la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el departamento de Nariño terminaron en manos de particulares.
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La Unión Temporal Mi Familia UT, conformada por IPS Afrosalud Colombia y la Corporación Colombia en Paz y Social, Corposocial, fue objeto de la pesquisa, revelando un posible fraude masivo que implicaba la falsificación de registros de atención a familias beneficiarias del programa “Mi Familia” del Icbf en Nariño.
El objetivo declarado era prevenir el maltrato infantil mediante visitas y seguimiento regular a los hogares.
El contrato, firmado en agosto de 2021 por un monto de 8.399 millones de pesos colombianos, buscaba beneficiar a 3.930 familias en 16 municipios del departamento durante 12 meses. Sin embargo, una revisión aleatoria de 812 llamadas reveló que más del 50% de los contactos eran inexistentes o incorrectos, y solo 441 fueron respondidos, de los cuales 62 afirmaron desconocer el programa.
Frente a esta situación, el Icbf emitió una comunicación dirigida a la opinión pública, en la cual informó que la Oficina Asesora Jurídica de la entidad estatal tuvo constancia del contrato, además destalló las acciones tomadas frente a esta situación.
Según el comunicado emitido, siguiendo los lineamientos anticorrupción institucionales, se inició la recopilación de información y pruebas, culminando en la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación el 2 de febrero de 2023.
A pesar de que los procesos administrativos sancionatorios corresponden a las Direcciones Regionales, el Icbf identificó demoras excesivas en el trámite y tomó medidas para agilizar las sanciones impuestas a los operadores que no cumplieron con el contrato. En el caso del contrato 363 de 2021, “lograron ejecutoriarla el pasado 24 de noviembre de 2023, con una imposición de multa por $1.412.415.137″.
La estrecha relación entre contratista señalado y altos funcionarios del Icbf
Tras el descubrimiento de presuntas irregularidades en la Unión Temporal responsable del contrato, la atención se centra en Geraldine Estefania Vergara Tenorio, que firmó el acuerdo como representante legal. Es hija de Haiden Otoniel Vergara Quiñones, un político local con antecedentes de acusaciones por corrupción, incluidos casos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar en Neiva.
Vergara conocido como la cabeza de tres fundaciones que obtuvieron contratos de alimentación en Neiva, tendría una estrecha relación con altos funcionarios del Icbf. Esta conexión habría favorecido la obtención de millonarios recursos destinados al cuidado de la infancia en Nariño.
A pesar de la exclusión de la IPS Afrosalud como candidato en junio de 2019 por falta de soportes financieros, este contratista logró que su hija firmara el contrato en cuestión. La revelación planteó preguntas sobre la relación entre el contratista y funcionarios del ICBF que facilitaron esta controvertida asignación de recursos.
Por esta razón, el comunicado aborda la presunta relación con el exconcejal con la unión temporal sancionada. La Dirección General del Icbf solicitó una revisión de las bases de contratación para verificar los asociados de la unión temporal, identificando que el nombre en cuestión figuraba como revisor fiscal de una de las organizaciones que conforman dicha unión temporal. La administración afirmó no haber celebrado contratos con esta unión temporal ni con sus asociados.
Desde la llegada del Gobierno de Gustavo Petro a la entidad estatal se le han implementado medidas para contrarrestar posibles escenarios de corrupción, incluyendo auditorías de control interno sobre los mecanismos de selección de operadores de Primera Infancia, de acuerdo con el comunicado. Se concluyó que algunos mecanismos no cumplen con los requisitos de transparencia necesarios, y estas denuncias fueron remitidas a las entidades de control en octubre de 2023.
En colaboración con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, “conformó un equipo anticorrupción con el propósito de realizar verificaciones especializadas de posibles interrelaciones entre operadores para acumular contratación, y otros factores que al final se traducen en mala atención para los niños y niñas”.
Asimismo, se han introducido cambios en las invitaciones públicas para fomentar la pluralidad de oferentes y limitar la cantidad de contratos por adjudicar, priorizando la territorialidad de los actores.
La Dirección General del Icbf reconoció la labor periodística de Cambio por destacar nexos entre actores políticos e irregularidades en la contratación. Aseguran que tomarán las acciones correspondientes ante los elementos nuevos señalados por la revista que no eran conocidos por ellos.
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