Siguen las malas noticias para el ex vicepresidente Jorge Glas. Este viernes, la Fiscalía General de Ecuador solicitó que se le dicte la prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto peculado durante la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.
En la audiencia, los fiscales presentaron más de 85 elementos de convicción en contra de tres procesados y, por tanto, solicitaron “al juez que dicte prisión preventiva para Jorge G. y Carlos B” así como la “prohibición de salida del país y presentación periódica para Pablo O”. Asimismo, el Ministerio Público señaló que este encuentro tuvo lugar tras otros tres intentos fallidos, “7 meses después de que la Fiscalía solicitara fecha y hora para formular cargos, y más de un mes después de que el juez Luis Rivera pidiera ‘autorización’ a la Asamblea para procesar” al ex funcionario.
El caso “Reconstrucción”, que se inició en 2019, trabaja por determinar la presunta existencia de un abuso sobre el dinero público en beneficio de terceras personas -tanto naturales como jurídicas- entre las que se encuentran contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos durante la emergencia por el terremoto que azotó Manabí el 16 de abril de 2016.
Sonia Vera, una de las abogadas de Glas, declaró sobre esta causa que “mi cliente nunca maneja fondos” sino que “era parte de una comisión que simplemente priorizaba los proyectos” y, en ese sentido, se dio prioridad a la construcción de un parque y una carretera, sumó. A la par, la letrada cuestionó que la comparecencia del ex vicepresidente tenga lugar en este momento -justo cuando también se investiga el caso ‘Metástasis’, que evalúa un presunto pago de USD 250.000 para conseguir su libertad- y no durante todos los años que pasó en la cárcel.
“Hemos denunciado durante estos seis últimos años una cruenta persecución jurídica y política en contra de mi cliente”, sostuvo.
Glas ha estado en el ojo público en el último tiempo debido a una serie de acciones que se iniciaron con su salida en libertad en noviembre de 2022. El ex vicepresidente había sido condenado en 2017 por la Justicia en dos casos: uno por asociación ilícita ligada al escándalo de corrupción de la constructora brasileña Oderbrecht y otro por cohecho en una investigación sobre la financiación ilegal de su partido político. Por el primero le fueron otorgados seis años de prisión y por el segundo, ocho.
Años más tarde consiguió que un juez unificara ambas penas bajo una sola condena y, tras haber cumplido cinco años de detención, es decir, más del 40% de su pena, solicitó acogerse al beneficio de pre-libertad. Éste le fue concedido en noviembre de 2022.
Sin embargo, las malas noticias llegaron el pasado 17 de diciembre cuando decidió presentarse ante la Embajada de México en Quito para pedir resguardo luego de que la Fiscalía solicitara su detención en otra investigación y, días más tarde, el 28 del mismo mes, la jueza Melissa Muñoz definió rechazar el beneficio que le había sido otorgado dado que el encargado de dictarla está siendo investigado en la causa “Metástasis” y que, además, el ex mandatario no se presentó todas las semanas en la cárcel de Guayaquil, una de las condiciones para su salida.
(Con información de EFE)
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