Este jueves, se reúne el Consejo Nacional del Agua (CNA), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), para analizar la normativa actual sobre el uso de las reservas hídricas del país. Este órgano de consulta y planificación cuenta con representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de otros agentes implicados. El trasvase Tajo-Segura, uno de los mayores conflictos dentro de este ámbito, saldrá a relucir una vez más en el encuentro. A través de un acueducto, Castilla-La Mancha cede los recursos hídricos de la cuenca del Tajo a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía.
La Ley de Montes, con la que se fijan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura establece un volumen máximo anual total a trasvasar de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana). La norma establece cuatro niveles que determinan los volúmenes a trasvasar. En situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno. Para el caso de nivel 3, denominado “de situaciones hidrológicas excepcionales”, se contemplan un trasvase máximo de 20 hm3/mes que llegan a los embalses de Entrepeñas y Buendía. En el nivel 2, se contempla un máximo de 27 hectómetros cúbicos y en el nivel 1 de 60 hectómetros cúbicos.
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En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 25 de enero de 2024, se declaró la situación hidrológica excepcional más reciente. Las existencias en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de enero eran de a 555,4 hm3, un valor inferior al de referencia de 602 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el Real Decreto 773/2014 para el mes de enero y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constató la situación hidrológica excepcional y se traspasaron 20 hm3 de agua. Este movimiento de agua se produce casi todos los meses, para disgusto de los castellanomanchegos.
Castilla-La Mancha contra el trasvase
El miércoles, el presidente de la región, Emiliano García-Page, recordaba esta situación de descontento y aseguraba que si las desaladoras con las que cuenta el país estuvieran al cien por cien de su rendimiento “el agua trasvasada sería cero”.
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El conflicto continúa 40 años después. Castilla-La Mancha quiere cortar el grifo -un acueducto de 292 kilómetros- y las comunidades que reciben el agua se niegan. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) asegura que el trasvase genera más de 100.000 empleos, el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas, y su industria agroalimentaria aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional, y que, por lo tanto, cortarles el agua sería un desastre económico. Un argumento al que Page respondía en su encuentro con los medios: “No queremos ningún tipo de quiebra económica en ningún sector” sin embargo, “es un modelo falso, insostenible y que ha dejado una herida profunda en esta tierra”.
“Puedo entender que se ha generado una dinámica social y económica en el Levante español y nadie le quiere quitar agua a nadie, sobre todo porque se ha generado una dinámica difícil” reconocía el presidente castellanomanchego, al tiempo que apuntaba que “en plena revisión histórica me gustaría que no se perdiera la memoria, que esto también forma parte de la revisión de la memoria histórica, ya que se fundamentó en una mentira del caudal y dinero”.
Un año desde la fijación de un caudal ecológico
Desde de la puesta en marcha de este sistema en 1979, se ha desarrollado un potente sector agroalimentario a partir del riego de los campos de Alicante, Murcia y Almería, pero todo ha sido a costa del descuido del Tajo, que hasta hace un año no contaba con un caudal ecológico, que es el caudal que necesita un río para la supervivencia de todos sus ecosistemas, es decir, es el agua que hay que dejar en un río para que pueda mantenerse en buen estado. Todos los ríos cotaban con uno, salvo este.
No fue hasta 2023, tras cinco sentencias del Tribunal Supremo que reclaman la fijación del caudal ecológico, cuando el Gobierno aprobó definitivamente el plan hidrológico del Tajo que recortará progresivamente el agua del trasvase. El caudal mínimo actual de 6 hm3 por segundo a su paso por Aranjuez y que pasarán a los 8,65 hm3 en 2027
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