Al teléfono de la empresaria Martha Ramírez, como ocurre con Elizabeth Alvites, gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Pachacámac, han llegado amenazas de muerte de sicarios. “Si buscas comunicarte con la policía, no me interesa”, le dicen.
Líneas más abajo, el chantaje continúa: “Dime si vas a pagar o [hacemos] explotar el negocio con gente dentro”, “Paga la falta y nadie se meterá contigo”. Ocurre en un distrito sitiado por la ola de criminalidad, con las cifras en rojo y al menos 274 policías para más de 250 mil habitantes, según un reportaje difundido este domingo en Cuarto Poder.
En sus 160 mil kilómetros de territorio, no hay semana que no se reporte un crimen, un asesinato o una extorsión que incluya granadas de por medio. En la madrugada del sábado 16 de septiembre, dos explosivos detonaron en la puerta de uno de los restaurantes turísticos más famosos del lugar.
El ataque se produjo por el cobro de cupos que la dueña, Martha Ramírez, se niega a pagar. Era la 1:50 horas de la madrugada. Desde ese día, a través de su WhastApp, no ha dejado de recibir mensajes de números de Colombia. Le exigen que responda o el ataque letal. “Con esto [una granada], no quedará nada de su negocio”, dice otro de los textos.
“No es justo. No le voy a dar esos ociosos ni un sol. Si quieren mi vida, aquí estoy. No les tengo miedo. Soy ayacuchana y no les tengo miedo”, dijo la empresaria extorsionada, antes de señalar que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) del sector se negó a recoger su denuncia porque no hubo “daños humanos”.
Ante esta ola de la delincuencia que suma más de tres mil casos criminales en lo que va del 2023, los vecinos de Pachacámac realizaron una manifestación esta semana para pedir al Gobierno la declaratoria del Estado de Emergencia, como ya lo ha hecho en nueve distritos del país, dos de ellos de Lima, para enfrentar a la delincuencia común y el crimen organizado.
Entre los asistentes también estaba Elizabeth Alvites, la gerenta municipal que pelea contra la mafia más poderosa del distrito: los traficantes de tierras. “Mire, señora. Padre: Leoncio Benjamín. Madre: Norma Yolanda. Vive en La Molina”, le dicen: “Esto es solo para que vea que nosotros no jugamos. Así la quiero calmadita y no jo** con operativos hoy”.
“Ellos engañan a la gente para vivir en sitios que no son aptos para vivir. […] He llegado a sacar a mis hijos de Lima para mandarlos a otro sitio porque tengo miedo que vayan contra ellos, [ya que] son niños, no van a entender”, dijo la funcionaria al dominical. Mientras el alcalde Enrique Cabrera anunciaba una reunión con el premier Alberto Otárola, los residentes hallaban un cuerpo atado de manos en las orillas del río Lurín. De igual modo, una olla común fue asaltada durante la noche.
El presupuesto local no alcanza para los sistemas de vigilancia. “Pachacámac tiene 170 kilómetros cuadrados, más de un cuarto millón de habitantes y tenemos solo 58 cámaras. Lamentablemente, el rubro de seguridad ciudadana, que es el rubro que pagan los vecinos, hay una morosidad del 80%”, refirió José Luis Espichán, gerente de la comuna.
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