Susel Paredes, la congresista que solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, difundir sus tesis de magíster y doctorado obtenidas en la Universidad Alas Peruanas (UAP), dijo el último jueves que su pedido surgió ante una información obtenida el año pasado por su despacho, la cual daba deslizaba que los documentos académicos habían sido ”completamente plagiados”.

En una entrevista con el periodista Pedro Salinas, la legisladora señaló que esa fue la razón por la que decidió gestionar, sin éxito, una copia a la intitución. “En mi equipo dijimos: ‘¿por qué están diciendo eso?, vamos a verificar’. Otra cosa que nos hizo pensar es que [Benavides] estudió en la Universidad de Lima, hizo los estudios de maestría y doctorado en la San Martín y, con esos certificados, se va a la UAP a hacer una especie de curso de titulación”, señaló.

Hoy la Junta Nacional de Justicia (JNJ) investiga las presuntas irregularidades en la tesis doctoral de Benavides, fundamental para que obtuviera el cargo. El trabajo se tituló “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas”, fue expuesto en diciembre de 2009 y la UAP le concedió una mención magna cum laude, un rendimiento muy destacado.

Documento de Susel Paredes sobre documentos académicos de Patricia Benavides.
Documento de Susel Paredes sobre documentos académicos de Patricia Benavides.

Sin embargo, el presidente del jurado, Willy Ramírez, el secretario del mismo, Gustavo Mejía, y el integrante Juan Carlos Adriazola dijeron no recordar aquella sustentación, aunque después reconsideraron la versión.

La misma Universidad Alas Peruanas ha admitido que los dos documentos están desaparecidos, pues por esos años ninguna universidad estaba en la obligación de tener un repositorio.

“La Sunedu [Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria] nos dijo que no existía [como organismo] cuando ella hizo sus tesis. El Minedu [Ministerio de Educación] nos dijo que tampoco tenía archivos. Le pedimos a la propia fiscal y la secretaria general del Ministerio Público contestó que ese es un tema privado y personal, pero esto es falso porque los títulos están otorgados a nombre la Nación”, remarcó Paredes.

Patricia Benavides obtuvo el grado de doctora con un trabajo titulado “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas”. (Expreso)
Patricia Benavides obtuvo el grado de doctora con un trabajo titulado “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas”. (Expreso)

En agosto pasado, la JNJ emitió un comunicado en el que afirmó, según Hildebrandt en sus trece, que el único grado tomado en cuenta al momento de seleccionarla como fiscal de la Nación fue el de doctora en Derecho. Es decir, si comprobara que la tesis no existiera o es una farsa, su destitución sería inmediata.

Aunque el organismo evitó pronunciarse porque la investigación aún está en curso, señaló al semanario que “la calificación de la calidad de tesis les corresponde a las propias universidades”.

Benavides, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, también es investigada por la JNJ por presuntas irregularidades en los cambios del equipo especial Cuellos Blancos, que sigue una red de corrupción en la Judicatura; y de usar su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación sobre presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.

UAP admitió que no halló las tesis de Patricia Benavides. (Andina)
UAP admitió que no halló las tesis de Patricia Benavides. (Andina)

Durante la entrevista difundida en YouTube, Paredes recomendó a la fiscal ofrecer una “conferencia magistral” sobre sus investigaciones, pero no mantenerse en silencio. “Esa negación está matando a la comunidad jurídica que litiga ante ella, que es tal vez la mujer más poderosa del Perú”, anotó.

La última aparición de Benavides fue para anunciar la creación de un equipo fiscal que se encargará exclusivamente de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre y marzo.

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