La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) destituyó esta semana a Lenin Ruperto Lamadrid La Rosa, quien se desempeñaba como Especialista Judicial en el Segundo Juzgado de Familia Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, tras comprobarse su implicación en actos de corrupción que comprometían la integridad del sistema judicial.
Lamadrid La Rosa fue encontrado culpable de entablar relaciones inapropiadas con una de las partes involucradas en un proceso judicial, ofreciendo favores a cambio de ventajas dentro del litigio.
La investigación, llevada a cabo por la Oficina Descentralizada de Tumbes de la ANC-PJ, detalló que Lamadrid La Rosa solicitó favores de índole sexual a una usuaria del sistema judicial, prometiéndole un resultado favorable en su proceso de reconocimiento de tenencia de un menor.
La situación salió a la luz cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino en un hospedaje de Tumbes, donde el secretario judicial fue encontrado en compañía de la denunciante, quien previamente lo había acusado de acoso sexual.
Tras corroborarse las acusaciones, se impuso una medida cautelar de suspensión contra Lamadrid La Rosa, retirándolo inmediatamente de su puesto. La gravedad de los hechos llevó a que el implicado fuera encarcelado en un establecimiento penitenciario, donde actualmente se encuentra cumpliendo condena.
Paralelamente, la Jefatura Nacional de la ANC-PJ ha recordado a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier irregularidad o abuso dentro del sistema judicial, ofreciendo canales como la línea gratuita Aló ANC-PJ 080012121, el correo electrónico ancpj@pj.gob.pe, y los números 4101010 con anexos 11410 – 11032 para la atención de quejas y denuncias.
PJ falla a favor de ex trabajadora del Congreso
Marie Silva Uriarte, ex trabajadora del Congreso de la República, ganó una demanda de amparo contra la institución tras denunciar recorte de sueldos y acoso laboral por parte del congresista Edgar Tello. La sentencia reconoce los actos de discriminación y hostigamiento que Silva Uriarte sufrió, especialmente durante su embarazo, cuando se le exigió ceder parte de su salario.
El Poder Judicial falló a favor de Silva Uriarte, estableciendo medidas para restituir sus derechos y su posición dentro del Congreso. Tras rehusarse a entregar parte de su remuneración, Silva fue degradada en su cargo y trasladada de área, evidenciando una clara represalia por su negativa.
La justicia ha ordenado ahora que se cesen los actos hostiles en su contra y que sea repuesta en su cargo original. “Esta sentencia de la acción de amparo, me devuelve mis derechos y ratifica que fui discriminada, que fui hostigada, que fui acosada laboralmente”, declaró Silva Uriarte en una entrevista para Punto Final.
Edgar Tello, implicado directamente en las acusaciones, fue protegido en la Comisión de Ética, lo que suscita interrogantes sobre la efectividad y la imparcialidad de los procesos internos del Congreso para tratar estas denuncias. Este fallo no solo representa una victoria personal para Silva Uriarte sino también un llamado de atención sobre la necesidad de reformas estructurales en el Congreso para asegurar un ambiente de trabajo seguro y digno para todos los empleados.
La decisión judicial en favor de Silva Uriarte, al exponer las prácticas de “mochasueldos” —término usado para describir el recorte ilícito de sueldos por parte de superiores—, revela tremendas fallas en los mecanismos de protección y denuncia dentro del sistema legislativo peruano.
“Me devuelve mis derechos y ratifica que fui discriminada, que fui hostigada, que fui acosada laboralmente por el congresista Edgar Tello”, insistió Silva Uriarte, cuyo caso se ha convertido en un ejemplo emblemático de la lucha contra el acoso laboral y la corrupción en el ámbito público.
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