La deuda argentina no es sólo económica: son múltiples las deudas que tenemos como país, y la participación ciudadana ambiental es una de ellas.
Argentina aún no ha logrado consolidar espacios efectivos de participación pública en temas ambientales. Mientras, en países como Ecuador —no hace falta irse a Noruega o a Dinamarca—, en agosto de este año, se llevó a cabo un referéndum para decidir sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El 59% se pronunció en contra de ella y a favor de que se mantenga el crudo indefinidamente en el subsuelo. Son cuestiones que pueden suceder en Argentina si se le da espacio a opinar a la sociedad.
En cambio, se acaba de presentar un Plan de Transición Energética 2030 sin ningún espacio de participación y sin respuesta a las solicitudes de información presentadas al Ministerio de Economía. Es decir, el plan que pretende definir la matriz energética argentina en los próximos siete años se diagramó a espaldas de la sociedad.
En abril, Argentina fue anfitrión de la Cumbre del Acuerdo de Escazú, el primer tratado de América Latina y el Caribe que tiene como objetivo proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y garantizar el acceso a la justicia, la información y la participación en cuestiones ambientales. El evento reunió a más de 500 personas, entre ellos, líderes y funcionarios, durante tres días. Mientras esto sucede, Argentina sigue incumpliendo sistemáticamente el acuerdo.
Parece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) es el único organismo que tiene la obligación de cumplir con los compromisos de Escazú. Y, aún así, enfrenta dificultades y deficiencias en este camino. Ejemplo de ello son las audiencias públicas realizadas para la exploración y explotación offshore en el Mar Argentino. Las empresas son las que empiezan hablando: cuentan con más de 40 minutos para explicar su proyecto. Luego, se le otorgan cinco minutos a las personas interesadas en exponer. Curiosamente, en ese espacio, se anotan muchos que repiten frases de memoria, todos diciendo exactamente lo mismo y omitiendo un detalle: trabajan para las petroleras que quieren impulsar el proyecto. Este tipo de maniobras desvirtúan los espacios de participación, frente a un Estado que deja que esto suceda.
Al tiempo que el MADS tiene serios problemas en aplicar de forma eficiente la participación pública, otros organismos —como la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo o la de Energía— directamente ignoran los pedidos de información y no generan ningún espacio de participación. De este modo, se incumple no sólo el Acuerdo de Escazú sino la normativa nacional. A escala municipal y provincial, estas falencias se tornan aún más evidentes.
Argentina tiene, en varios aspectos, una legislación nacional de vanguardia: la consagración expresa del derecho de participación e información pública ambiental es un fiel reflejo de ello. El problema en este caso no está en el Congreso Nacional —más allá de la deuda histórica (más de 20 años) que este tiene con la Ley de Humedales, fuertemente impulsada por la sociedad civil—, sino en la falta o incorrecta implementación de estas leyes.
Resulta claro que la sociedad argentina está interesada en temas ambientales y quiere participar en la toma de decisiones: lo demuestra el que la protección del ambiente haya sido uno de los temas elegidos por el público para incorporar a los debates presidenciales, así como la concurrida participación en las diversas audiencias públicas sobre cuestiones ambientales.
Un país que obstaculiza la participación pública en estos temas y toma decisiones sin involucrar a la sociedad civil socava su propia democracia. La democracia no se limita a votar cada dos años: implica la participación activa de los ciudadanos en la formulación de las políticas que afectan su entorno y calidad de vida.
La participación ciudadana no sólo fortalece la democracia, sino que contribuye a la formulación de políticas más efectivas y sostenibles. En conjunto, democracia y participación pública son pilares esenciales para abordar los desafíos ambientales y promover un desarrollo sostenible en beneficio de la sociedad y el entorno natural. Es imperativo que los candidatos a presidente avancen hacia una mayor apertura y participación en la toma de decisiones ambientales, cumpliendo con la legislación y construyendo un futuro más justo y sostenible para todos.
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