A pedido de gobernadores y diputados, el Gobierno informó que decidió cambiar algunas modificaciones en la Ley de Biocombustibles que preveía originalmente la ley ómnibus para desregular el mercado y abrir la competencia. Sin embargo, empresas del sector energético reclamaron que se mantenga el texto original de la norma que se debate por estos días en la Cámara Baja y pidieron una reunión con autoridades de La Libertad Avanza.
Según pudo reconstruir Infobae, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) y la Cámara de la Industria del Petróleo (CIP) presentaron notas que van en ese sentido a autoridades del Poder Ejecutivo. En concreto, las copias fueron enviadas al jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Fuentes oficiales decidieron no responder la consulta de este medio sobre el pedido del sector y futuras reuniones.
La carta de CIP consignó: “Por la presente deseamos manifestar nuestro entusiasmo y apoyo al texto que modifica la actual Ley de Biocombustibles 27.640, la que consideramos contraria a los principios rectores del libre mercado toda vez que fije precios, restringe el ingreso de nuevos competidores mediante la asignación de cupos a un grupo determinado y estable de empresas, y penaliza la inversión necesaria para el desarrollo de nuevos biocombustibles”.
“En virtud de lo expuesto por dicha nota, abogamos enfáticamente por el texto de la ley bases ingresado el pasado 23 de diciembre de 2023 para su consideración legislativa, ya que representa un avance en lo que al mercado de biocombustibles respecta, y por la transitividad para los combustibles líquidos aguas abajo, para abrir dicho mercado a nuevos competidores, fomentar la información, la innovación tecnológica y eficiencia productiva”, destaca la nota firmada por el presidente de la entidad que agrupa a las principales firmas del sector petrolero, Adrian Peres.
Por su parte, la carta enviada por CADE dice: “Nuestra Cámara considera que el marco normativo propuesto -actualmente en tratamiento por el Congreso- es superador respecto del vigente en cuanto fomenta la competencia, beneficia la promoción de mejores estándares de calidad e innovación para el desarrollo de nuevos biocombustibles, favorece mecanismos de transparencia y señala un sendero para las inversiones de toda la cadena de valor de los hidrocarburos”.
La entidad resaltó que, en su conjunto, el sistema actual “distorsiona la oferta y transforma a los biocombustibles en un factor incremental de precios de los combustibles líquidos en los puntos de despacho, en claro detrimento del público consumidor, además de desincentivar la competitividad y el desarrollo del sector”.
“Por estos motivos, a nuestro criterio debe sostenerse en este punto el camino trazado en el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Nacional. Confiamos en que, de sancionarse con su redacción original, sus impactos serán positivos en materia de inversiones y crecimiento”, concluyó el texto de CADE que lleva la firma de su apoderada legal, Sol Argañarás Giovo.
En la ley ómnibus el oficialismo propuso suprimir la limitación de empresas que puedan producir biocombustibles y abrir el juego a nuevos participantes, eliminar la cuotificación que mensualmente asigna la Secretaría de Energía y suprimir la fijación de un precio para los productos. “La proliferación de restricciones limita severamente la competencia en los mercados y contribuye a distorsionar artificialmente los precios relativos entre el conjunto de bienes y servicios comercializados”, justificó el Ejecutivo para su idea en los considerandos del mega proyecto de ley que buscará sancionar en el Congreso.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, expuso este miércoles sobre la norma en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Allí anticipó que en base a los reclamos de gobernadores, principalmente Córdoba y Santa Fe, se buscará reemplazar el esquema de asignaciones directas por licitaciones, ampliar los cortes de biocombustibles (el gasoil pasaría inmediatamente del actual 7,5% de biodiesel a 10%, en tanto que la nafta dejaría el actual 12% para pasar a tener 15% de bioetanol, con proyecciones de seguir aumentándose en ambos casos) y sostener una lista limitada de empresas oferentes.
Las empresas productoras de combustibles mantendrán la prohibición de elaborar biocombustibles, pese a que era algo que el Gobierno proponía modificar dado que “la proliferación de restricciones limita severamente la competencia” en los mercados y contribuye a distorsionar artificialmente los precios”, había dicho.
Aunque la letra que el Gobierno negocia con las provincias de Córdoba y Santa Fe señala que “la participación de mercado de cada una de las empresas no podrá exceder el 14% de la demanda total”, en los hechos nada cambiará.
Dos grupos empresarios se reparten un tercio de todo el biodiesel que el Estado asigna mensualmente, y tres grupos se quedan con más de la mitad del negocio del bioetanol que se mezclará con la nafta. Los grupos Bojanich y Essential Energy Holding se quedaron por decisión del Estado con el 33% del negocio que facturó más de 91.700 millones de pesos solo en diciembre por la producción de biodiesel, en tanto que ACA Bio, Promaíz SA y Bioetanol Río Cuarto se quedaron con el 52% de los 46.122 millones de pesos del bioetanol.
Como los beneficios del esquema que inicialmente se impuso en 2007 por un lapso de 15 años (pero en 2021 fue extendido hasta 2030) fueron reservados solo para pequeñas y medianas empresas, Juan Carlos Bojanich montó seis sociedades distintas para encajar con fórceps en el sistema. Tiene Biobahía SA, Biobin SA, Bio Ramallo SA, Biobal Energy SA, Bio Corba SA y Refinar Bio SA.
Con esas 6 pymes, constituidas individualmente para encajar en el esquema de beneficios a los biocombustibles, se queda mensualmente con el 22% del mercado del biodiesel. Además de ese conglomerado, se destaca el que constituyen Rosario Bioenergy, Bionogoya y Establecimiento El Albardón, todas propiedad del mismo grupo, Essential Energy Holding. Sumadas, las tres pymes se quedan cada mes con el 11% del biodiesel.
Entre los grupos Bojanich y Essential Energy Holding venden a las petroleras, por decisión del Estado y a precio regulado por el Estado, el 33% de todo el biodiesel que se expide en el país. A precios de diciembre 2023, ese 33% de la torta son $30.273,4 millones de pesos cada mes.
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