“Otra vez sopa”, se escuchó en la tarde del miércoles en Comodoro Py 2002, cuando el Senado se aprestaba a votar un nuevo nombramiento de Ana María Figueroa como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, pese a que el 9 de agosto cumplió los 75 años, edad límite para la Constitución Nacional para ejercer como magistrada. La Corte Suprema ya dijo el 6 de septiembre pasado que la jueza cesó en sus funciones el día de su cumpleaños. Por eso el nuevo nombramiento que hizo ahora el oficialismo en el Senado, con una votación ajustadísima y sin Cristina Kirchner para desempatar, y que buscó validarla por cinco años más 49 días después de su natalicio, promete un nuevo conflicto de poderes, en una situación sin antecedentes y con un ramillete de frentes para judicializarlo.
Todavía falta un paso clave para considerar que Figueroa volvió a ser nombrada jueza: el decreto del presidente Alberto Fernández, publicado en el Boletín Oficial. “Falta la firma del presidente de la Nación. No sé qué va a pasar”, deslizó el senador del Frente de Todos José Mayans, en medio de su defensa a la votación del pliego. Recién cuando aparezca en el Boletín Oficial se podrá hablar de que se completó el acto de nombramiento.
No será la primera vez que, de hacerlo, firme el decreto nombrando a un juez que busca mantenerse en su cargo después de los 75 años. El propio viceministro de Justicia Juan Martín Mena se encargó de recordar los antecedentes (ocurridos durante esta gestión) de jueces que fueron nombrados después de cumplir los 75 años, al reclamar mantener a Figueroa hasta el final del año parlamentario.
Citó el caso de Silvia Mora, en un tribunal oral criminal; Juan Carlos Bonzón, en la Cámara en lo Penal Económico; y Luis Imas, en un tribunal penal económico. Mora renunció en febrero y Bonzón hace dos semanas. El único que continúa en su cargo es Imas, caso en donde Casación, por vía de superintendencia, justificó su permanencia en el cargo porque el Senado estaba deliberando. El decreto salió incluso en febrero del año siguiente, después de que terminó el año parlamentario en que cumplió los 75.
Pero en ninguno de esos casos hubo una remisión directa por parte de Casación a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para informar que la presidenta de ese tribunal había cumplido los 75 años, como si ocurrió con la presidenta del tribunal Ana Figueroa, que siguió asistiendo a su despacho pero no firmó fallos o resoluciones administrativas, lo cual generaba tensiones e internas en el propio seno del máximo tribunal penal.
El 6 de septiembre pasado, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución que declaró que Figueroa había dejado de ser jueza el día de sus 75 años.
Textualmente el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 4, explica que, entre las atribuciones del presidente, está nombrar a los jueces -que no vayan a integrar la Corte Suprema- “en base a una propuesta vinculante en terna del consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”. Y agrega: “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.
En basea ello, la Corte Suprema subrayó: “Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”.
Eso generó que Figueroa abandonara su despacho días después. “Da risa y preocupación que digan que me atrincheré. Habría que preguntarle a la Corte por qué tomó esta medida que consideró arbitraria”, dijo en una radio. Ahora, 49 días después de haber cumplido los 75, el oficialismo en el Senado dio vida al pliego, que no había podido aprobar antes por falta de quórum, tensando la ya tirante relación con el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en especial.
Y a partir de ahora, decreto publicado mediante, se abre un abanico de escenarios. “¿Y ahora?”, preguntó insistentemente Infobae a diferentes actores judiciales. Nadie quería dar una respuesta unánime porque es un escenario nunca antes transitado, pero en lo que coincidieron todas las fuentes en que el tema terminará judicializado. ¿Por quién? “Pueden ser todos”, lanzó uno de los magistrados consultados.
Por lo pronto, a la espera del decreto, la primera pregunta es si la jueza deberá jurar. Ese tema deberá resolverlo el presidente actual de la Casación, Mariano Borinsky. Algunos integrantes del máximo tribunal hablaban de llamar a un plenario para analizar la cuestión, pero otros sostuvieron que esa es una decisión administrativa que le corresponde exclusivamente al responsable del cuerpo.
“Seguramente se harán consulta con la Corte Suprema, que ya se pronunció por vía de una resolución, para saber si se ratifica la acordada del 6 de septiembre y ver si se le toma juramento, como a un juez nuevo”, señaló una de las fuentes consultadas por este medio.
Es que ninguno de los jueces que renovaron su mandato por cinco años más juraron. Pero ninguno habían cesado en su cargo. Constitucionalistas como Félix Lonigro señalaron que el acuerdo que le dio ahora el Senado es “extemporáneo e inconstitucional” y si Figueroa, “que ya no es más jueza”, quiere volver a ser magistrada, debe concursar, quedar en una terna y conseguir un nuevo aval.
Pero la propia Figueroa también podría recurrir al fuero contencioso administrativo para pedir que se la mantenga en su cargo. Y fue por eso que una de las fuentes consultadas recordó que esa fue la vía a la que apelaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi cuando el Ejecutivo decidió revocar sus traslados a la Cámara Federal. Vía un per saltum, por la demora de ese fuero en resolver, la Corte Suprema dijo que los traslados eran transitorios, pero no solo los de esos jueces sino los de todo el universo de trasladados y mantuvo a esos jueces en sus cargos hasta que se resuelva el concurso que los reemplace.
También podrían judicializar la decisión de nombrar a Figueroa una ONG o hasta diputados de la oposición, disconformes con el oficialismo. Jorge Diegues, profesor de Derecho Constitucional (UBA), reflotó la discusión sobre si era constitucional el voto de desempate por parte del presidente provisional. Vale aclarar que oficialismo y oposición sumaron 35 votos cada uno y se necesitaban 36 para obtener una mayoría. Claudia Abdala, en ejercicio de la presidencia del Senado cuando se retiró Cristina Kirchner, fue la encargada de desempatar. “Desde una interpretación literal, la Constitución Nacional (art. 57) solo confiere voto de desempate al presidente nato del Senado, esto es, al vicepresidente de la Nación”, deslizó citando el análisis de expertos como Gregorio Badeni y María Angelica Gelli.
En el medio de esta discusión, los operadores judiciales también miran los otros expedientes: aquellos que pusieron bajo la lupa a Figueroa y que tenían que ver con la suerte de Cristina Kirchner. El 19 de septiembre pasado, tras la salida de esa jueza y tras un año de deliberaciones, los jueces de la Sala I de la Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone firmaron dos fallos que revocaron por arbitrarias las decisiones de dos tribunales que en 2021 habían resuelto el sobreseimiento de CFK y el resto de los involucrados en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. Casación dijo que los juicios debían llevarse adelante. A la única que sobreseyeron fue a Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta.
Precisamente, las apelaciones contra esos dos fallos vencerán el martes de la semana próxima. El abogado Carlos Beraldi, representante de CFK, ya dijo públicamente que esos fallos no podían haber salido solo dos firmas. Figueroa había hecho sus votos antes de irse pero no se incluyeron porque ya no era más magistrada. “Todos jugaron con los tiempos”, repiten en tribunales. Por esa la decisión del oficialismo de buscar reponerla en su cargo llega en un momento en donde aparecen más preguntas que respuestas.
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