El 26 de abril se conoció que Álvaro Córdoba, hermano de la senadora fallecida Piedad Córdoba, fue condenado a 14 años de cárcel en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, según dictaminó la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Además, en la condena emitida, Álvaro Córdoba pasará otros cuatro años de libertad supervisada.
Esta condena fue tema de debate, especialmente porque, en vida, su hermana Piedad Córdoba, trató de defender a su hermano, negando cualquier vínculo con el cargamento ilícito que se despacharía a Estados Unidos.
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Sin embargo, la justicia de estadounidense no solo habría hallado culpable a Álvaro Córdoba, sino que también habrían encontrado la participación en momentos clave de la fallecida congresista.
(Luis Eduardo Noriega A./)
Las presuntas evidencias habrían sido recolectadas en un extenso documento de la Fiscalía de Estados Unidos, en la que pedían la condena del hermano de la política antioqueña, el cual fue revelado por El Espectador.
La investigación de autoridades estadounidenses, iniciada en marzo de 2020, se centró inicialmente en Álvaro Córdoba y dos asociados, Amanda Palacio Mena y Alberto Alonso Jaramillo Ramírez. Sin embargo, durante el proceso, se encontraron varias conexiones con la senadora fallecida. Agentes encubiertos contactaron a Amanda Palacio, pretendiendo ser intermediarios de carteles mexicanos.
Las autoridades lograron grabar más de 300 llamadas y reuniones físicas entre agentes encubiertos y Amanda Palacio, quien habría presentado a Piedad Córdoba a los supuestos representantes de México el 16 de julio de 2021. Durante el primer contacto, se destacó que Córdoba tenía “altos contactos en el gobierno”.
Durante una de las conversaciones, Palacio Mena indicó que había informado a Álvaro Córdoba sobre el interés de los delegados de la mafia mexicana en apoyar a Piedad Córdoba, a cambio de facilitar un negocio de narcotráfico. Álvaro Córdoba fue enfático en que cualquier asunto relacionado con su hermana debía pasar por él primero, mencionando que políticamente, esto podría beneficiar a los involucrados, además afirmó que se trataba de un “gana y gana para todos”.
Las conversaciones posteriores se centraron en los detalles para los envíos de cocaína, la logística de pago y otros aspectos operativos, incluido el origen de la droga, indicado como agentes de producción a las disidencias de las Farc, quien estaría a cargo el comandante alias Martín. La investigación reveló que Palacio y sus asociados afirmaban tener conexiones con el Cartel de los Soles. Proponían a los agentes encubiertos un negocio basado en el apoyo de esta red ilegal y sus relaciones en Colombia para mover la cocaína desde Venezuela hacia México, eludiendo cualquier control de las autoridades.
De otro lado, el documento conocido por el medio reseñado, dejó en evidencia una posible reunión que Piedad Córdoba habría tenido con los agentes infiltrados de la DEA.
Todo se habría concretado a través de una llamada telefónica, en la que Álvaro Córdoba dejo en claro que no se podían contar detalles por la llamada, debido a que el teléfono podría estar interceptado. Por ello, el encuentro se habría concretado para el 23 de septiembre de 2021, en un evento político en Bogotá. Incluso, de la reunión quedó una fotografía con la senadora Piedad Córdoba, su hermano, Amanda Palacios y los agentes encubiertos.
Tras la reunión en Bogotá, los condenados y los agentes encubiertos se dirigieron a Medellín para organizar la entrega de una muestra de la cocaína que planeaban comercializar. El 17 de diciembre de 2021, en una finca fuera de Medellín, los agentes de la DEA recibieron una muestra de cocaína con una pureza del 86.6% al 89.1%, visita que también habría quedado registrada en una fotografía del producto ilícito. Conforme a lo acordado, Palacio, Jaramillo y Álvaro Córdoba habrían recibido US$15.000 de los agentes encubiertos.
El 2 de febrero de 2022, los tres colombianos fueron detenidos por los agentes con los que habrían estado negociando, quienes se habrían hecho pasar por enlaces de carteles mexicanos durante todo un año.
Este es el docrumento completo de la Fiscalía de Estados Unidos:
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