Si bien el Plan Bukele resulta inaplicable en Perú, difundirlo abrió el debate sobre seguridad ciudadana, despertando del letargo al Gobierno para que se comprometa a abordar un tema que afecta corrosivamente a millones de peruanos, abrumados por el crecimiento explosivo de la criminalidad.
Recordemos que 26% de personas mayores de 15 años dicen haber sido víctimas de algún acto delictivo y la percepción de inseguridad asciende a 83 %.
Sólo un ejemplo que explica lo dicho: al día roban 4,734 teléfonos celulares (197 por hora, 3 por minuto). Hombres, mujeres, niños y ancianos reciben golpizas, cuando no un balazo o una puñalada de feroces malhechores para arrebatarles el teléfono. Sin embargo, no se pone en marcha medidas tecnológicas para bloquear o anular los celulares hurtados que se venden sin restricciones en los centros comerciales.
Otra estadística macabra: de enero a agosto los sicarios asesinaron a 275 peruanos y extranjeros y 2,400 mujeres fueran víctimas de trata de personas (explotación sexual básicamente), un tráfico que genera 1,300 millones de dólares anuales a los mafiosos según reporta la Defensoría del Pueblo.
Son los “negocios” mas productivos del Tren de Aragua, ladrones y asesinos venezolanos exportados por el régimen tiránico de Nicolás Maduro, a quien el gobierno de Castillo reconoció como presidente legítimo.
En ese contexto debo recordar que hace 18 años el Fondo Editorial del Congreso publicó un libro de mi autoría titulado “Seguridad Ciudadana: Política de Estado”, con una portada ilustrada por Alfredo Marcos, admirable caricaturista político.
El impreso registra algunas reflexiones y aportes que mantienen plena vigencia. En sus 39 páginas sostuve:
– “No se trata de responder a las demandas de seguridad mediante propuestas o decisiones aisladas, muchas veces adoptadas por la presión de las circunstancias, sino articulando una política de Estado que involucre a organismos estatales y no estatales”
– “Las debilidades de nuestro sistema de seguridad son manifiestas y se encuentran en la crisis estructural y económica de los sectores a cargo de esas funciones (Policía Nacional, INPE, Poder Judicial, Ministerio Público y consejos municipales) que, además, accionan descoordinadamente y muchas veces colisionan entre sí, a lo que debemos agregar que tampoco existe un proyecto que conecte a los organismos públicos con las empresas privadas de seguridad, a pesar que la ley 28879 establece la obligacion de prestar apoyo a la PNP (en esa época existían 389 compañías que contaban con 47 741 efectivos y 32 448 armas de fuego).
Asimismo, demandé la urgencia de reformar nuestro sistema penitenciario y de construir penales modernos que permitan no solo la redención o resocialización de los usuarios, sino evitar que esos recintos sigan siendo canteras o escuelas del delito y plataformas para organizar crímenes al exterior.
Recordaba que el 2011 había 48,789 internos y ahora la cifra se eleva a 87,132, más 2 mil menores recluidos en centros juveniles. Los locales están hacinados y son insalubres depósitos humanos.
La cárcel del Callao tiene espacio para 580 reos, pero alberga a 3,450 (530% más). En Lurigancho el aforo es 3,204 y viven 9,195 internos (187% más); en Piura 1,564 y aloja a 3,897 (149% más); en Chanchamayo la capacidad es para 123 y registra 743 (519% más); en Castro Castro, el cupo es 1,142 y domicilia a 5,262 (mas de 440%).
Una desgracia completa y demostración de la absoluta incompetencia del Estado para arrostrar este problema.
Ha sido Bukele a través de su poderosa narrativa, expandida en las redes sociales, quien ha agitado el avispero apoderándose del imaginario colectivo, al punto que impulsó una encuesta donde participaron 84,756 personas; 93.4% de ellas respaldaron su modelo, un asombroso resultado que dice mucho de la desesperación nacional ante la galopante inseguridad, pero dice más del desconocimiento público del tema.
¿Qué hacer? La respuesta es construir varios centros de reclusión para cubrir el déficit existente. Para ello debemos solicitar asesoría técnica al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), al Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y a gobiernos con experiencia exitosa en la materia. Igualmente, crear una unidad de gestión que integre a todos los estamentos estatales vinculados a la seguridad, incluyendo a las empresas privadas.
Esas son las tareas prioritarias de la presidente Dina Boluarte para que salgamos del oscuro túnel en que nos encontramos. Su trabajo sólo será exitoso si lidera esa cruzada con eficiencia y responsabilidad.
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