El escándalo de la fintech Wenance suma nuevos y escabrosos capítulos todos los días. Al drama de unos 3.000 inversores que no cobran y, en teoría, tendrían que estar analizando una reestructuración de su capital mientras sospechan que nunca cobrarán, se suma el de los más de 200 empleados despedidos de la empresa que dirige Alejandro Muszak, y otras satélites. Todas pertenecerían al CEO de este grupo que le presta dinero a personas de muy bajos recursos y alto riesgo crediticio y le ofrecía a inversores ser parte de sus fideicomisos privados. A unos les cobraba intereses muy altos, a los segundos les prometía retornos muy por sobre el promedio del mercado.
Ayer, como adelantó Infobae, la División Antifraudes de la Policía Federal allanó a Muszak en su domicilio de la Avenida del Libertador, en Palermo, por órdenes del Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, Tierra del Fuego. Es por una causa por estafa centrada en fideicomisos de la empresa, donde hay, según fuentes del expediente, varias víctimas identificadas y una querella constituida. Hay, por lo menos, 50 inversionistas identificados, con un daño estimado en $250 millones.
La PFA ingresó también en Promotora Fiduciaria (PF), en la avenida Maipú al 1300, una firma vinculada a la empresa, donde secuestraron libros contables. El empresario Martín Santiago Albacens, presidente de PF, se encuentra entre los investigados. Según un mail al que accedió este medio –y que Albacens habría enviado ayer por la tarde a todos los clientes de Wenance– Muszak y su entramado comercial “se la quedaron toda”.
La misiva virtual está dirigida a los beneficiarios de los fideicomisos Finup, Fintop, Merchant y Cilsa, todos de Wenance. Allí se explicó que la fintech vendía créditos a terceros a través de las marcas Mango y Welp. “Estos créditos eran cedidos a un fideicomiso. El fideicomiso es el propietario de los créditos. Pero el administrador y agente de cobro de los créditos seguía siendo Wenance. Era el que los otorgaba. En este fideicomiso Promotora Fiduciaria, nuestra empresa, es la representante legal”, se detalló.
“Este fideicomiso emitía a favor de Wenance a cambio de estos créditos un título de deuda del fideicomiso denominado Global. Y posteriormente Wenance le vendía partes de este título a los beneficiarios, a ustedes. Wenance si bien cedía los créditos, era el administrador de los mismos y quien hacía la cobranza” por medio de PagoFacil y Rapipago, empresas que cobraban y le remitían los fondos a Wenance, siempre, nunca directo a los fideicomisos. Según detalla el mail, a esos fondos Wenance los separaba y los enviaba a las cuentas de los fideicomisos para pagar intereses, capital, impuestos, honorarios y gastos.
Hasta junio hubo cumplimiento, según se les informó a los inversores, pero desde julio “no transfirió un peso más a las cuentas del fideicomiso. Nada. Se quedaron con toda la cobranza de las carteras de crédito. Reitero: La administración y cobranza de los ingresos del fideicomiso la hizo siempre Wenance y desde julio se la quedaron toda”.
Desde entonces, el incumplimiento es total y no hubo respuestas de la empresa, según Albacens. “Los echamos como administradores y agentes de cobranza”, afirmó. “No podemos saber a ciencia cierta todavía (y recalco todavía por que se va a saber que pasó hasta con el último peso), qué cobraron y qué hicieron con la plata en el mes de julio”, cerró.
Como destacó este medio, el caso tiene supuestos damnificados en buena parte del país y también en Uruguay y España.
Despidos
Según los propios empleados de Wenance y las otras empresas del grupo, los despedidos rondan los 200, pero podrían ser más. “Buscamos ser viables, revisar costos y no tener posiciones duplicadas”, reconoció el propio Muszak, días atrás ante este medio.
En el telegrama de despido que envió estos días, la empresa reconoce la fuerte crisis que está atravesando y le echa la culpa de la situación al Gobierno. Además, dice que pagará cuando pueda. “Notificamos que prescindimos de sus servicios a partir del día de la fecha, atento a la grave situación económica que transita la empresa la que impide la continuidad del vínculo. En consecuencia su indemnización será abonada a la espera de algún ingreso de dinero que lo permita”, dice, textual, el telegrama.
Y cierra argumentando que la situación de la compañía “obedece a la grave crisis económica que atraviesa el país que llevó a esta Empresa a resultar imposible el recupero del dinero prestado”.
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