Para combatir el incesante aumento del precio de los alimentos Economía decidió otorgarle un nuevo rol al Mercado Central, que será habilitado en el Registro de Importaciones y “ante el abuso de las empresas por posición dominante podrá importar en forma directa dichos productos con Arancel Cero creando mayor oferta de productos sin costo de intermediación”.
El objetivo, apuntaron desde el Palacio de Hacienda, es “reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos (frutas, verduras, hortalizas, carnes) y productos secos no perecederos (alimentos de primera necesidad)”. Se trata, subrayaron, de “defender el poder de consumo de las personas”.
Los productos así importados serán luego ofrecidos al publico y a comercios minoristas de cercanía de manera directa.
El Mercado Central también podrá generar fideicomisos público/privados para la compra de productos alimenticios, en los que cada comercio de cercanía podrá ser un cuotapartista, aportando fondos para la compra centralizada, de modo de generar mejores precios de compra y “eliminar la intermediación y los abusos de los distribuidores y las grandes empresas”, explicó Economía.
Ahorro de aranceles, impuestos e intermediarios
Otra medida es la suspensión del Pago de Canon por 90 días a los puesteros del Mercado Central que cumplan con los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio. De este modo, y en respuesta a la negativa de los mayoristas y las grandes empresas podría abastecerse a los supermercados chinos y almacenes de cercanía con una canasta de productos definidos por la Secretaría de Comercio, importados por el Mercado Central “para romper con el abuso de precios que realizan esas empresas a la hora de abastecer estos puntos de venta de cercanía. Esa canasta sería controlada por la Secretaría para que los comercios de cercanía cumplan con los precios máximos de venta”, es la explicación oficial.
Otro capítulo del ataque al aumento de precios será la suspensión de derechos antidumping en ramas “de insumos difundidos”; esto es, que afectan un amplio espectro de actividades industriales y tienen alta incidencia en la producción y el precio de los alimentos.
El objetivo es reducir el precio efectivo de las importaciones de ciertos insumos, fomentar la competencia en ramas altamente concentradas y disminuir los precios a lo largo de la cadena de valor”, explicaron desde el Palacio de Hacienda.
El instrumento para hacerlo será una resolución ministerial suspendiendo la aplicación de Derechos Antidumping por “circunstancias atinentes a la política general de comercio exterior y al interés público”.
Se trata de una atribución que concede al ministro el artículo 30 del decreto 1393 del año 2008 que reglamentó las investigaciones antidumping en la Argentina. Los manuales de comercio internacional definen al dumping como una forma de competencia desleal, de carácter destructivo, que consiste en vender en un mercado extranjero por debajo de los costos del país de origen, conducta que puede tener como motivación la destrucción de la industria local y como causa el apoyo, con subsidios u otras herramientas, de los estados de las empresas que incurren en dumping e “inundan” mercados extranjeros con sus productos.
Las medidas antidumping normalmente se aplicaron en la Argentina para frenar el ingreso de mercadería barata y “proteger” a la producción local. Esta vez, en cambio, se utilizará la prerrogativa ministerial del artículo 30 para permitir al Ministerio suspender los efectos de las investigaciones antidumping . El procedimiento se iniciará cuando el secretario de Comercio (en este caso, Matías Tombolini) eleve a consideración y firma un Acto Administrativo que suspende Medidas.
Se trata de un mecanismo que se empleó durante la pandemia para suspender trámites antidumping que trababan la importación de insumos sanitarios más baratos que la producción argentina.
Ahora, ante la escalada inflacionaria, el mecanismo podrá usarse para facilitar la importación de bienes y productos en las ramas donde los precios locales no han respondido a los diferentes controles y acuerdos de precios.
Economía suministró un cuadro que precisa una serie de rubros y productos con tramitaciones antidumping, para evitar la importación de mercadería a valores supuestamente “de dumping”.
Allí se consignan, por caso, la importación de Tereftalato de Polietileno, más conocido como PET, que se usa para la fabricación de envases plásticos e incide en los precios de una amplia rama de alimentos y bebidas. Se trata de importaciones cuestionadas por la empresa Alpek (ex Dak América) que pagan aranceles antidumping de entre 3,35 y 17,6 por ciento.
Otro “insumo difundido” con procedimiento antidumping (el tipo de medidas que Economía apunta a suspender) es la lana de vidrio proveniente de México, tiene un arancel antidumping de nada menos que el 67%, se usa para aislamiento térmico en construcción y actividades industriales. El reclamo “antidumping” es en este caso de la empresa Saint Gobain.
Otro producto de la lista es el benzoato de sodio, usado como gaseosas, jugos y ciertos alimentos, que ingresa al país con aranceles de hasta el 32,2%, procedente de China y Países Bajos, y sobre el que solicitaron protección antidumping las empresas Petroquímica Argentina SA y Dutch Starches International SA.
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