Antonio del Rey
Madrid, 9 oct (EFE).- Las elecciones generales obsequiaron al PP con una holgada mayoría absoluta en el Senado que, ante la probabilidad de que Pedro Sánchez conserve su puesto en la Moncloa gracias al apoyo del independentismo catalán, dotan al partido de Feijóo de un paquete de armas parlamentarias con las que hacerse fuerte en la Cámara Alta.
Son las ventajas que confiere disponer de mayoría absoluta en el hemiciclo, no solo para aprobar propuestas, sino también en la Mesa, cuyo papel es clave para marcar los tiempos de las iniciativas que lleguen a la Cámara Territorial desde el Congreso o aquellas que surjan desde el mismo palacio de la Plaza de la Marina Española.
Ya ha habido un ensayo general. La semana pasada, en el primer pleno de la legislatura, el Senado aprobó una moción del grupo popular en contra de la amnistía y de su uso como moneda de cambio para que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, negocie su investidura.
El poder que atesora el PP gracias a sus 143 senadores va mucho más allá de la aprobación de mociones.
El PP lo sabe porque ya ejerció esta capacidad en el tramo final de la XII Legislatura, a partir del éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez que en junio de 2018 desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Mantenía su mayoría absoluta en el Senado y la utilizó para hacer oposición al Ejecutivo socialista.
Sin embargo por ahora los populares evitan hacer ostentación del arsenal de recursos del que disponen en el Senado para, si Sánchez sigue gobernando, reforzar su oposición. Prefieren esperar, según comentan a EFE, a la evolución de las cruciales negociaciones para la investidura de Sánchez.
Por lo pronto, cualquier ley de amnistía que el PSOE pueda pactar con Junts y sus socios tendrá que pasar también por el Senado antes de su aprobación definitiva. Y la Cámara puede promover sus propias leyes a través de proposiciones de ley avaladas por el pleno que después pasan al Congreso.
Y es que, mientras al Congreso le cuesta "arrancar" la legislatura y todavía carece de calendario de plenos, el Senado tiene programados dos para octubre y otros dos para noviembre.
Ya ha constituido varias comisiones, como la General de Comunidades Autónomas, específica del Senado, casi inactiva en las últimas legislaturas pero que puede ser una buena plataforma para que el PP lleve a primera línea los problemas del modelo territorial.
Tras las últimas elecciones autonómicas, el PP ha aumentado su poder y sus "barones", con pesos pesados como el andaluz Juanma Moreno, pueden acudir a esta comisión para confrontar cara a cara con el Gobierno y con los grupos. Cualquier asunto político tiene dimensión territorial y puede debatirse en este foro muy infrautilizado.
Hay más, porque junto a las comisiones permanentes y las Mixtas -todavía faltan por constituirse- la Cámara Alta puede crear comisiones de investigación, otra baza que el PP empleó durante la etapa de "cohabitación" con el primer Ejecutivo de Sánchez, cuando constituyó una comisión para investigar la financiación de los partidos.
Desde aquella trinchera parlamentaria, que el PP manejó en solitario al negarse los demás grupos a participar en lo que veían como una "farsa", aireó todos aquellos casos que pudieran oler a corrupción en los otros partidos y consiguió que declararan no solo tesoreros y técnicos de las formaciones, también sus dirigentes.
Así sucedió con el entonces ministro del PSOE, José Luis Ábalos o con los expresidentes andaluces Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, con el líder de Podemos, Pablo Iglesias y el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero.
En esta nueva etapa, el PP solo necesita aplicar su mayoría para que el pleno del Senado apruebe crear una comisión de investigación sobre "cualquier asunto de interés público", tal y como prevé el artículo 76 de la Constitución.
Las conversaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez llevan aparejada la negociación de los Presupuestos Generales, un ámbito en el cual el Senado desempeña un papel que puede complicar las cosas a un hipotético Ejecutivo de coalición PSOE/Sumar.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que la senda de déficit sea aprobada por "ambas cámaras" como paso previo a la presentación de los presupuestos; de este modo, aunque supere el trámite del Congreso, el Senado puede vetarla, como ya ocurrió en diciembre de 2018, cuando el PP también tenía la mayoría.
Los presupuestos de 2019 se tuvieron que adecuar a los objetivos de estabilidad que había aprobado el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, pero ahora esta solución no es factible porque no hay objetivo en vigor, ya que las reglas fiscales están suspendidas hasta 2024.
Para salir de este embrollo, una posible solución sería que el Gobierno promoviera reformar esa ley a fin de minorar el poder que concede al Senado, como ya intentó en su día.
Precisaría del apoyo mayoritario del Congreso… y del propio Senado, llamado así renunciar a esa potestad, y donde el PP votaría en contra, si bien luego a Cámara Baja podría levantarlo.
Si finalmente formalizara sus presupuestos -la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, apunta a presentarlos en enero- ese Gobierno se toparía también con el Senado, que puede vetarlos.
Otra arma del PP con efectos paradójicos, porque por una parte acortaría su tramitación al devolverlos al Congreso sin permitir enmendarlos, pero por otro lado obligaría al Ejecutivo a elevar la mayoría requerida para levantar el veto y lograr su aprobación definitiva; tendría que ser absoluta. EFE
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21605493 y otros)
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