Madrid, 26 oct (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha pedido este jueves que se evalúen los desequilibrios autonómicos en la asistencia a mujeres víctimas de violencia machista y que se estudien servicios y medidas alternativas para los municipios más pequeños que reciben menos fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Estas son dos de las conclusiones del informe de fiscalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género entre 2018 y 2022 elaborado por el Tribunal, en el que se evalúan las actuaciones de las administraciones públicas en materia de lucha contra las violencias machistas para saber si están funcionando sus medidas.
En el resumen del informe, hecho público este jueves a la espera de que se publique íntegro, el Tribunal indica que la financiación del Pacto de Estado con 1.000 millones de euros ha consolidado los servicios autonómicos de atención a las víctimas y ha ayudado a ampliar la protección frente a distintos tipos de violencias, si bien "todavía no ha tenido la misma repercusión sobre los servicios de las entidades locales", especialmente las de menor tamaño.
Una vez analizada la materia, este organismo concluye que las actuaciones públicas de sensibilización y protección están contribuyendo a reducir la violencia que sufren las mujeres y especialmente los feminicidios.
Ahora bien, señala que se han consolidado los servicios autonómicos de prevención y asistencia integral a víctimas, aunque se deben mejorar la respuesta dada a los colectivos más vulnerables y a las mujeres rurales. También apunta cómo se deben abordar los retos que plantean internet y las tecnologías.
El Tribunal de Cuentas ha pedido también al Gobierno que impulse un proceso de evaluación a nivel autonómico que identifique los desequilibrios en la asistencia a las víctimas y que culmine la identificación del coste de la política pública, pues se desconoce la distribución concreta de más de 300 millones de euros destinados del Pacto a distintos ministerios para la lucha contra la violencia sobre las mujeres.
Este órgano fiscalizador ha estimado que las actuaciones para la prevención de la violencia de género costaron 198,8 millones de euros y que Interior ha destinado 145 millones de euros anuales a la protección de las víctimas.
Entre las recomendaciones del tribunal para una mayor eficiencia en la lucha contra la violencia machista está el refuerzo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el aumento del personal de las unidades de violencia sobre la mujer.
A esta Delegación, el Tribunal de Cuentas le ha recomendado que mantenga actualizada la información de seguimiento y evaluación del Pacto, que elabore un plan nacional de sensibilización con el objetivo de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas e incidir en la convergencia estadística con la Unión Europea.
Este mismo jueves, el Ministerio de Igualdad ha hecho público también su informe de evaluación del cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. EFE
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