El último 30 de enero, la Policía Nacional del Perú adoptó una acción tristemente histórica en cuanto a niveles de libertad de expresión se trata, cuando, en respuesta a una publicación hecha por el caricaturista Carlos Tovar Samanez, conocido como ‘Carlín’, del diario La República. La viñeta, que representaba a un hecho real que es visto usualmente en las portadas de diferentes medios de comunicación, en los que se establecía un comparativo entre delincuentes vestidos de policías, policías implicados en crímenes y policías honestos. La respuesta de la PNP a esta publicación ha generado un precedente tan grave que suscitó el repudio de organizaciones tanto nacionales como internacionales.
El mismo día de la publicación, la Policía Nacional presentó un comunicado en el que anunciaban el inicio de acciones legales en contra del arquitecto y caricaturista a través de la procuraduría a cargo del Ministerio del Interior. Un par de días después, a inicios del mes de febrero, el mismo Carlos Tovar anunció haber recibido una carta notarial firmada por el recientemente nombrado Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria.
La misiva buscaba que Carlos Tovar se rectificara de la caricatura, señalando que “hacía una alusión directamente al personal policial, conllevando una percepción errónea, negativa y burlesca”; y que precisaba que la publicación “afecta y daña la imagen de la Policía Nacional del Perú, en su condición de institución tutelar del Estado.
Tras estos agravios, el caricaturista ha señalado para Infobae Perú que estas acciones desplegadas en su contra corresponderían, incluso a un atentado.
“Todavía no tenemos noticias de un procedimiento judicial, pero ya con la carta notarial estoy bastante alarmado porque es un paso que ya es un atentado contra la libertad de expresión. El comunicado anterior era una amenaza, pero esto ya es un atentado, de hecho”, refirió.
Asimismo, señaló sentirse preocupado porque existe el temor de que “la policía pueda dar el siguiente paso que sería una demanda judicial y habiendo ya repercusiones como hemos visto, no solo a nivel nacional, con todos los gremios de periodistas, sino a nivel internacional, es peligroso.
De hecho, las aseveraciones de la PNP no podrían estar más alejadas de la verdad, así lo explicó la secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez para Infobae Perú; quien precisó que incluso ante la ley de rectificación, la publicación de la viñeta de ‘Carlín’ no supone un hecho inexacto o falso, por lo que no amerita corrección o cambio alguno.
“Creo que el procedimiento de la PNP es absolutamente errado. Es verdad, en este país hay una ley de rectificación, que es una ley buena, que plantea que la rectificación debe ser inmediata, gratuita, proporcional; pero hay una cosa en la rectificación que demuestra porqué no puede ser apelada en este caso. La rectificación solo procede ante hechos inexactos”, detalló Lainez.
Asimismo, la representante señaló que lo que la policía pide no implica “pedir que se rectifiquen porque a mí me de la gana, o porque uno sienta que esto está mellando el honor de la institución. Por eso procede ante hechos inexactos, habría que preguntarse si lo ha planteado Carlín, además, en una caricatura que tiene licencias válidas; son hechos inexactos”
“Creo que si nos vamos de la caricatura a las páginas informativas de cualquier medio de comunicación, lamentablemente casos de efectivos policiales que están inmersos en hechos de corrupción son una realidad, como lo hay de fiscales, como lo hay de jueces y como lo puede haber en el caso de periodistas. Hay que tener más correa para asumir con humor una crítica social que es absolutamente válida y legítima”, consideró la periodista especializada.
El silencio del Gobierno
La presión por las acciones contra Tovar han tomado tal magnitud que han llegado a medios tanto nacionales como internacionales. Al pasar la primera semana desde el comunicado y la carta notarial, ‘Carlín’ ha recibido dos misivas, la primera del gremio de caricaturistas europeos, Cartooning for Peace, en donde se rechazan las acciones de la institución de la PNP y le ofrecen respaldo ante el acoso sufrido; y la segunda por parte del caricaturista Terry Anderson, director de Cartoonist Rights Network International, ambas instituciones de renombre en el ámbito del las viñetas y sátiras políticas.
Además, recibió pronunciamientos conjuntos por parte de entes veladores de la libertad de expresión, como el IPYS, la ANP, que expresó su apoyo desde un primer momento, el Consejo de la Prensa Peruana; y de organizaciones extranjeras como Reporteros sin fronteras, la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El hecho incluso llegó a impulsar un pronunciamiento con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien afirmó tajantemente que “una caricatura no afecta la ‘imagen institucional’ de una entidad. Erosionar el espacio para el humor sobre la autoridad sí que lastima severamente la libertad de expresión”.
Pese a ello, la policía no ha tomado acción alguna para resarcir el hecho. Para Carlín lo idóneo es que la misma institución retroceda en los intentos por amenazarlo judicialmente.
“Si la policía no ha enmendado esta actitud, lo que correspondería es que el Ministro del Interior tome cartas en el asunto y frene este atentado y exprese que el Gobierno respeta la libertad de expresión. Es lo que correspondería, que ya debería haber dicho el ministro hace rato”, señaló.
No obstante, advirtió que el hecho estaba siendo obviado por parte del Ejecutivo, que se ha proclamado en varias oportunidad defensor de la libertad de expresión.
“El ministro y el Gobierno y en general están silentes ante este atropello, lo cual significa que lo están consintiendo o también están cayendo en esta política de opacidad de no decir nada, no dar la cara y pretender que las cosas se den por hechos consumados”, consideró.
Esta salida también la plantea Zuliana Lainez, quien ha aseverado que desde la ANP se esperaba “que la policía retroceda y, ya en una declaración clara, reconozca su error, porque lo que ha hecho, además de intimidatorio, es impropio de una democracia. Si ya vamos a tener un sistema en el que la crítica y el humor no tengan espacios. ¿Qué democracia es esta, no?”.
“Probablemente no sea una caricatura política lo que esté dañando el honor de la institución policial, sino que deberían trabajar más en sus procesos disciplinarios y más bien sancionar a los malos efectivos que son realmente quienes están lesionando el honor de la institución. Nosotros apelamos a eso, lo hemos hecho de manera conjunta, creo que todas las organizaciones que tienen que ver con libertad de prensa a nivel internacional”, afirmó.
Víctor Zanabria, el comandante general que se niega a sí mismo
Al mismo tiempo, la Policía Nacional del Perú (PNP), desde su integrante más importante, el comandante general, Víctor Zanabria, ha dado signos de desconocimiento irrisorio. En una conferencia de prensa en la que participó el recientemente designado, se le consultó respecto a la carta notarial enviada al caricaturista ‘Carlín’, en la que, firmada por él mismo, le daba al viñetista un plazo de 48 horas para rectificarse o de lo contrario procedería “por la vía judicial”.
La respuesta de Zanabria sobre este hecho que a todas luces lo comprometían fue sorprendente. Su reacción se materializó en un “¿qué caricatura?”, fingiendo desconocimiento pese a haber sido él mismo quien envía el documento notarial.
“Ayer recibí este video, donde un cronista se inscribe en la conferencia de prensa y no le dan la palabra luego a la salida de ello, tiene que perseguir al general, que, como se ve en el video, está protegido por un cordón policial, justamente para que no se le aproximen periodistas y no declarar. Y a pesar de ello logra preguntar y el general simplemente responde ¿Qué caricatura? y se mete a su edificio”, detalló el viñetista para este medio.
Seguidamente, acotó que “la notarial ha sido firmada por él, su firma de puño y letra están acá; pero eso también es un índice de lo deteriorada que está la democracia porque yo ayer decía en otras entrevistas que, lógicamente, en una democracia se acostumbra, que si un comandante general de la policía toma una medida como esta, dé la cara al público y la explique, ¿no? Yo estoy dando la cara al público en diferentes entrevistas, el General Zanabria no da la cara, y la prueba más patente de ello es este hecho”.
En ese sentido, Tovar consideró que las acciones de Zanabria son “una pésima señal respecto de cómo está la democracia y la libertad de expresión. Las autoridades tienen la obligación de dar la cara y de explicar. y los medios masivos, la televisión, también tiene la obligación de buscar a este general y pedirle que dé explicaciones. Es muy fácil mandar una carta, firmarla y después negar todo. Me parece muy mal”.
Cuando se le planteó este hecho a Zuliana Lainez, la lectura fue en ese mismo sentido, pero no solo acotó respecto a la democracia, sino que advirtió una fuerte falencia dentro de la misma PNP.
“Eso habla de las carencias del cuerpo policial, por eso nosotros creemos que una forma de zanjar ese tema y que no siga escalando —porque esto ha ido de comunicado a carta notarial y lo que esperamos que no suceda en los próximos días es que se lleve a tribunales a un caricaturista— es que retrocedan. Creo que eso dañaría absolutamente la calidad de nuestra ya débil y cuestionada democracia. Tener a un caricaturista en tribunales, porque los cargos que han alegado que interpondrían sería delitos contra el honor y la buena reputación de la entidad policial”, reincidió.
Las consecuencias de llevar a juicio a un caricaturista
Tanto para Lainez como para Tovar, además del resto de organizaciones que han condenado el atropello, en este caso existe una clara línea muy peligrosa que, de prosperar, cruzaría un punto de no retorno en asuntos de libertad de expresión. La representante de la ANP, consideró que el hecho constituye una afrenta “absolutamente lesiva” a la ya mermada labor periodística.
Pero esto no acaba ahi, Tovar Samanez, por su parte, advierte que incluso desde la Policía como institución, genera un daño gravísimo, porque “no toman conciencia del daño que están haciendo no solamente al país, sino también a su propia imagen.
“Llevar a un caricaturista a juicio ya sería absolutamente lesivo, o sea, hoy ya se lleva periodistas al tribunal. De hecho, el acoso judicial es uno de los principales problemas para el ejercicio de la actividad periodística en el país. Nosotros llegamos a tener un conteo de mas o menos 35 casos por año en los últimos cinco años. En el país ya hay más de 100 periodistas en los últimos 5 años llevados a tribunales por actividad periodística. Pero hasta hoy, no tenemos casos de un caricaturista llevado a tribunales en Perú a consecuencia de sus caricaturas”, alertó Lainez con preocupación.
En ese sentido afirmó que desde el humor existe una permisibilidad, y que de llevar a ‘Carlín’ a tribunales, la consecuencia directa sería “que el Estado peruano, que ya no tiene buenas cifras en temas de libertad de expresión, va a empeorar su valoración a nivel internacional. Siguen rebajando estándares democráticos en un país que ya está en el foco.”
Pero Lainez advierte también un hecho crucial que está por definirse en las curules apenas se reinstale el periodo parlamentario 2024 – 2025. La votación y posible instauración de la Ley Mordaza, que podría traer consecuencias graves no solo para el caricaturista, sino también para el gremio de la prensa.
“Lo que sería más grave es que, de prosperar, porque estas cosas a veces avanzan coincidente en paralelo, ahora en marzo se va a iniciar la legislatura en el Congreso y recordemos que uno de los proyectos que están en carpeta para ser discutidos inicialmente depende la celeridad que le quieren dar los congresistas es, justamente, la ley mordaza, que tiene que ver con las querellas y que plantea cárcel efectiva por temas de difamación”, consideró.
Las consecuencias pueden ser funestas y trazan un punto peligroso y que podría ser tristemente histórico. Preocupada, Lainez se atrevió a concluir la entrevista con una idea que nadie espera se llegue a dar, pero que por la situación en el país, no puede terminar de ser descartada hasta que la institución de la PNP retroceda en sus acciones: “Imagínate un escenario donde un país puede tener un caricaturista preso por una caricatura que, además, no es inexacta”.
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