La quita de subsidios al gas que informó la Secretaría de Energía y el pedido de recomposición que hicieron las empresas durante la audiencia pública, que realizó entre lunes y martes el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), implicaría aumentos en torno al 700% en las boletas que pagan los usuarios residenciales. Los sectores de menores ingresos sufrirán las subas de mayor magnitud. Esos incrementos se sentirán con mayor fuerza durante el invierno, cuando el consumo suele triplicarse. De todos modos, los nuevos cuadros tarifarios deberán ser determinados por el Gobierno.
Así, a modo de ejemplo general, las facturas podría tener subas por sobre los 40.000 pesos para los segmentos de usuarios que más pagan y de más de 18.000 pesos para los más humildes.
El precio final de las facturas del fluido está compuesto en un 36% por el costo de producción de gas en donde se otorgan las subvenciones, otro 13% por el costo de transporte desde su ingreso al sistema hasta la red de distribución, 26,2% por la distribución residencial y 24,7% son impuestos. Esa composición varía según la zona geográfica en la que se encuentre el usuario y el nivel de subsidios en base a los ingresos percibidos, en línea con el actual esquema de segmentación.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, informó durante la audiencia pública que habrá una “readecuación progresiva de subsidios” durante los próximos tres meses. En detalle, habrá una quita del 33% de la asistencia en los inicios de febrero, marzo y abril hasta que los usuarios paguen el costo total del gas. El funcionario afirmó que pasarán de pagar 0,7 USD a USD 4,1 el millón de BTU, es decir un salto de casi 500 por ciento.
El Economista del IAE Mosconi y IIEP-UBA, Julián Rojo, explicó que los usuarios pagaban antes de la última devaluación el 35% del precio del gas y, tras el salto cambiario del 118% que decidió el Gobierno, cubren el 17% de ese costo. “La quita de subsidios que propone el Gobierno implica multiplicar por 10 ese costo que se traduce en un salto de la factura de seis veces. A eso hay que sumar las subas en el transporte y la distribución”, añadió. Las empresas transportistas y distribuidoras pidieron este lunes recomposiciones en sus tarifas que superan el 500 por ciento.
Teniendo en cuenta esos pedidos y la quita de asistencia que planteó Energía, Rojo aseguró que las tarifas de gas deberían aumentar por ocho veces, es decir, un aumento del 700 por ciento. Vale aclarar que como la audiencia pública no es vinculante, por lo que la última palabra la tendrá el Gobierno.
“La quita de subsidios que propone el Gobierno implica multiplicar por 10 ese costo que se traduce en un salto de la factura de seis veces. A eso hay que sumar las subas en el transporte y la distribución” (Rojo)
El economista explicó que la factura promedio país para un usuario residencial de nivel socioeconómico alto (N1) es de $5.100, mientras que para los de ingresos medios (N3) es de $2.700 y para los de menores ingresos (N2), con mayor subsidio, es de 2.300 pesos. Esos montos son teniendo en cuenta un consumo promedio anual sin estacionalidad, fundamentalmente el peso del invierno, ni contemplando impuestos y/o modificaciones.
Con un salto del 700% las facturas las boletas del N1 podrían llegar a $40.800, las del N3 a $21.600 y las del N2 a 18.400 pesos. “Los aumentos se van a sentir mucho más en invierno porque el consumo en cantidades suele triplicarse”, advirtió Rojo.
El especialista señaló que además faltan definiciones sobre lo que sucederá con la ley de zonas frías, la cual implica el pago de la mitad del precio del gas para unos 4 millones de usuarios, más de la mitad del total país, que se financia con un cargo que pagan todos los usuarios en su factura. “La intención oficial es que la demanda cubra el costo del gas, que está dolarizado, mientras que las facturas están pesificadas. Por tanto, si hay un nuevo salto cambiario tendrán que volver a aplicar aumentos”, dijo Rojo.
La consultora Economía y Energía de Nicolás Arceo realizó una estimación de tarifas finales para Metrogas que abonarán los usuarios bajo los siguientes supuestos: “(i) Precio del gas natural: nivel 1 y 3 llegarían a abril al costo pleno de abastecimiento, mientras que el nivel 2 pagaría sólo el 50% del costo de suministro; (ii) el valor agregado de transporte y distribución se consideró en base a los incrementos solicitados por las compañías: +524% para transporte y 462% en distribución para los usuarios del nivel 1″.
Con ese esquema, los usuarios de altos ingresos tendrán subas en febrero, marzo y abril de 117%, 37% y 76%, respectivamente. Pasarían de pagar $4.558 en enero a $23.772 en abril, un salto del 422 por ciento.
Para los ingresos bajos de 134%, 86% y 83% durante los próximos tres meses, por los que las facturas saltarían de $2.179 en enero a $17.356 en abril con una diferencia de 697 por ciento. Ese segmento será el que mayores incrementos percibirán.
Para los de ingresos medios Economía y Energía estimó subas de 180%, 66% y 65% en febrero, marzo y abril. La boleta pasaría de $3.104 a $23.772, con un acumulado de 666 por ciento.
En ese sentido, el Foro Bonaerense de Servicios Públicos manifestó tras la audiencia pública que los sectores de ingresos medios tendrán un incremento en las boletas del 300%; los de bajos ingresos, del 180%; y la clase alta, del 150%.
En un informe, el Foro detalló que los usuarios residenciales del servicio del gas en la provincia de Buenos Aires alcanzan un total de 4.119.113, de los cuales 1.522.988 son usuarios de ingresos altos (N1) y pagan la tarifa plena sin subsidios. Otros 1.628.028 tienen ingresos bajos (N2) y mantienen el 70% de subsidios; y 968.097 están identificados como personas con ingresos medios (N3) y mantienen el 40% de los subsidios y el resto lo abonan al precio que cueste el metro cúbico de gas (se mide por consumo promedio).
Durante la audiencia las empresas pidieron además que los aumentos estén atados al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Indec. Esa indexación es la que estaba contemplada en la revisión integral de tarifas que se había decidido en 2017. El Gobierno estaría dispuesto a otorgar un mecanismo de actualización para todos los meses.
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