“La opción de operar con barcos extranjeros, tripulación extranjera y descargar en puertos extranjeros es absurda, no le reporta ningún beneficio al país, sino todo lo contrario: impide controles de descarga, reduce el empleo y las exportaciones nacionales. Esto marcaría el fin de la Zona Económica Exclusiva y una pérdida total de soberanía”, tal una de las críticas que miembros de Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, que nuclea a más de 10 asociaciones del sector privado, expusieron al Congreso sobre los cambios que el proyecto de ley ómnibus enviado por el Ejecutivo propone al actual Régimen Federal de Pesca (ley 24.992).
Los representantes privados dijeron que las modificaciones propuestas “plantean un gravísimo error y riesgo para el sector”.
La pesca es una actividad netamente privada, exporta 90% de su producción, genera divisas por USD 1.800 millones anuales”, señaló Intercámaras en un comunicado en el que aseguró que se trata de “un sector muy competitivo” y que genera “46.000 puestos de trabajo directo en 806 buques con permiso nacional y 377 plantas en tierra”.
“A lo largo de casi 150 años de existencia ha desarrollado mercados en más de 100 países y produce alimentos con valor agregado”, dice el comunicado sobre el sector pesquero argentino, que -subraya- “compite contra flotas furtivas que pescan en la milla 201 y en Malvinas a menor costo”. Además, recuerda que las empresas locales “han soportado años de atraso cambiario y la caída de precios internacionales sin desaparecer”.
Todos los puntos que se plantean en el proyecto del Ejecutivo, señaló Intercámaras, “han sido discutidos y superados en el momento de la aprobación de la ley y Régimen Federal pesquero”, que –dijo “ha demostrado ser efectivo y eficiente”.
El actual sistema, enfatizó “permitió ordenar la pesquería de las principales especies en Argentina y en forma general al sector entero, posibilitando la recuperación biológica de una de las principales especies de nuestro país, la merluza común (Merluccius hubbsi) y mejorando sustancialmente el estado del caladero”.
Todos en contra
Intercámaras agrupa entre otras a armadores que trabajan con “buques factoría” y procesan sus capturas en alta mar y a asociaciones y cámaras que trabajan diferentes especies, tanto de procesamiento en alta mar como en plantas en tierra.
El cambio en las reglas del juego “sin una razón suficiente”, implicaría “inseguridad jurídica” y abriría el juego a actores extranjeros no radicados en el país, “lo cual solo promovería la falta de interés en invertir y amenazaría los derechos adquiridos de producir y trabajar, poniendo además en peligro la sustentabilidad de los recursos pesqueros, todos resultados contrapuestos con la declaración de principios del Artículo 2 del proyecto de Ley Ómnibus”, dice el comunicado.
“Ningún país del mundo –subrayan las empresas- emplea el mecanismo propuesto de licitación internacional de cuotas para pesquerías históricas; solo se ha aplicado en nuevas pesquerías a desarrollar o para especies excedentarias y en porcentajes muy bajos. El 99 % de los países con pesquerías desarrolladas no licita sus cuotas de pesca”.
Sin control
Además de señalar que la opción de operar con barcos y tripulación extranjera y descargar en puertos extranjeros “es absurda” pues impide control de descarga, reduce el empleo y las exportaciones y sería el fin de la Zona Económica Exclusiva (hasta 200 millas marinas de la costa continental) y “una pérdida total de soberanía”, las asociaciones nucleadas en Intercámaras dicen que un sistema como el propuesto no solo descuidaría los recursos sino que –peor aún- “garantiza la depredación”, debido a la falta de controles sobre las operaciones de la flota extranjera y porque dadas las pocas especies cuotificadas les empresas argentinas “intentarán infructuosamente subsistir pescando el resto de las especies no cuotificadas que también están en su máximo rendimiento”.
Todos esos cambios, alegó Intercámaras en el Congreso, “provocarán un altísimo impacto negativo en las economías regionales”, en referencias a los puertos desde Mar del Plata hasta Ushuaia, con efecto sobre actividades en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
La posible apertura del Mar Argentino a flotas extranjeras, resumen, “supondrá la desaparición de la actual industria pesquera argentina y procesadora-industrial-exportadora”.
La crítica del sector fue antecedida por la de los gobernadores de las provincias costeras, el intendente de Mar del Plata (Guillermo Montenegro, del PRO) por organizaciones ligadas al mundo marino, como el Centro de Políticas Ambientales ligadas al mundo marino,
Subsecretario de Pesca
Cabe consignar que esta semana el gobierno finalmente designó al frente de la subsecretaría de Pesca, en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (el cambio de denominación, a “Secretaría de Bioeconomía” aún no fue formalizado) a Juan Antonio López Cazorla un fueguino que conoce el sector e integró el Consejo Federal Pesquero entre 2006 y 2019, representando a esa provincia.
También esta semana astilleros locales agrupados en la Cámara Industrial Naval (CIN) de Mar del Plata, aunque elogiaron “la voluntad de diálogo” del gobierno nacional, subrayaron que “los efectos nocivos de esta Ley para nuestra industria no se van a morigerar por el hecho que se restituyan los textos originales de los artículos 25 (descarga en puertos argentinos), artículo 40 (tripulación argentina) y que se cambie el concepto de “Licitación Internacional” por el de “Licitación Nacional”.
Según la industria naval marplatense, “esta opción seguiría generando el mismo nivel de incertidumbre para nuestra industria y por ende la misma paralización de nuevas contrataciones hasta que la incertidumbre se despeje”.
Además, consideró CIN, “cambiar la escala meritocrática del artículo 27 de la Ley Federal de Pesca (Historia, Inversiones, Empleo, Procesamiento e Infracciones) por una mera licitación, aunque sea nacional, sigue siendo un gravísimo error, porque los intereses foráneos sin antecedentes fácilmente pueden radicarse en el país y licitar sin la “mochila” de inversiones y empleo que hoy tienen las actuales empresas pesqueras argentinas y porque sería una lucha desigual y pondría en riesgo a miles de puestos de trabajos que dependen de Pymes familiares frente a las grandes empresas nacionales y de capitales extranjeros”.
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