A Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos de Guatemala y ex candidato a vicepresidente, ya no le alcanzan los dedos de las manos para contar los activistas, fiscales anticorrupción y periodistas que han tenido que abandonar el país centroamericano en estos últimos años debido a que su vida corría peligro. Los enumera mientras explica cómo también él mismo se ha visto obligado a marcharse de una Guatemala donde “las instituciones y organismos estatales han sido cooptados por la corrupción y las oligarquías”.
En Guatemala, un país azotado por la violencia y la pobreza, los tres últimos gobiernos -el de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y el actual de Alejandro Gimmattei- han seguido la misma línea política conservadora y han mantenido el mismo rumbo en cuanto a la militarización, la relevancia del sector empresarial empresarial, la impunidad y la criminalización de jueces y medios de comunicación independientes. En medio de esa deriva autoritaria, el país celebra este domingo elecciones generales con tres candidatos que lideran la intención de voto: Edmond Mulet, Zury Ríos —hija del dictador Efraín Ríos Montt— y Sandra Torres.
“No tengo claro quién va a ganar las elecciones, pero sí quién va a perder: el pueblo de Guatemala. No va a haber un cambio de rumbo, ni un gobierno que suponga una esperanza para el país” dice Rodas, al que han prohibido presentarse a los comicios y actualmente se encuentra exiliado en España. Este abogado, una voz crítica que ha incomodado a diferentes sectores de poder en el país, insiste en que ahora en Guatemala vendrán “cuatro años más de lo mismo”, independientemente de quién gane.
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Rodas se ha instalado en Euskadi, donde vive junto a otros compañeros latinoamericanos y árabes que han sufrido amenazas y situaciones de violencia en sus respectivos países. A pesar de las dificultades, asegura, al menos puede sentirse a salvo y ha podido retomar sus estudios de doctorado. “Aquí estoy vivo y libre, algo que no está garantizado en Guatemala ahora mismo”, dice en conversación telefónica con Infobae España. Se muestra también esperanzado en que la presidencia española de la Unión Europea —que comenzará el 1 de julio— sirva para que haya una mayor implicación del bloque con América Latina y para que “prevalezca la democracia y los derechos humanos sobre la inversión económica”.
Expulsión de la misión anticorrupción de la ONU
La seguridad de Rodas comenzó a peligrar en Guatemala después de que en 2017 el entonces presidente Jimmy Morales declaró la expulsión de Iván Velásquez, jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el grupo de la ONU que investigaba la corrupción en el país, pues a partir de ese momento las amenazas y la actitud hostil por parte del Congreso aumentaron, relata. “Ni siquiera salía a la calle para almorzar” y prefería quedarse en la oficina para evitar riesgos, además de los ocho intentos que en aquel tiempo hubo de apartarle del cargo como procurador de los Derechos Humanos. “Era un hostigamiento permanente, y sumado a lo que le había pasado a otros compañeros, lo más razonable era salir del país”, aclara.
A día de hoy continúan en el exilio numerosos fiscales anticorrupción, jueces independientes, activistas y periodistas guatemaltecos, la mayoría en Estados Unidos, y sin intenciones de volver al país centroamericano. Rodas, por su parte, prefiere pensar que llegará un momento “en que se pueda regresar y aportar desde adentro por una Guatemala distinta” y confía en que sea más pronto que tarde.
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Candidatura electoral rechazada
Ni Rodas ni su compañera de fórmula Thelma Cabrera, única candidata presidencial indígena, han podido participar en estos comicios como líderes del partido de izquierdas Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Su candidatura fue rechazada por el tribunal electoral guatemalteco al alegar que el exprocurador no contaba con un documento que garantizara que no tiene denuncias pendientes en su contra, tal y como exige la ley, pero él asegura que cumplió con ese requisito y así lo presentó.
Rodas, que considera que Guatemala se ha convertido en una “dictadura de carácter corporativo”, critica que las autoridades electorales hayan limitado sus derechos políticos, al igual que hicieron con otros candidatos a distintos puestos, y denuncia el “hostigamiento y criminalización de la prensa independiente”, reflejada en la reciente condena a seis años de cárcel por lavado de dinero a José Rubén Zamora, fundador del diario El Periódico, que investigó casos de corrupción del Gobierno de Giammattei.
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“Es una dictadura corporativa porque cuenta con la participación del sector privado organizado, que son quienes dan oxígeno político y se han beneficiado de la gestión de los últimos gobiernos. Quizás nos quedamos en el imaginario de la dictadura militar que sufrió Guatemala, al igual que otros países de América Latina, pero hoy son diferentes, son civiles con prácticas autoritarias, al igual que sucede en El Salvador con [Nayib] Bukele, por lo que la comunidad internacional debe permanecer atenta”, concluye el abogado.
En ese contexto de debilidad de las instituciones democráticas es en el que están llamados a las urnas unos 9,4 millones de guatemaltecos para elegir presidente y vicepresidente de los próximos cuatro años, además de 160 diputados, más de 300 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Si ningún candidato obtiene la mayoría de votos, se celebraría una segunda vuelta el próximo 20 de agosto.
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