El 27 de mayo de este año en el malecón del distrito de Miraflores se llevó a cabo una manifestación ciudadana sin precedentes conocidos en el país, cientos de personas de toda la ciudad ocuparon los espacios del malecón y organizaron un “picnic masivo” y otras actividades de esparcimiento en forma de protesta con el objetivo de exigir el respeto y el libre acceso a los espacios públicos. Afortunadamente, la municipalidad permitió que se realicen las actividades de forma pacífica y no hubo mayores incidentes.
La polémica se inició cuando la Municipalidad de Miraflores anunció la implementación de varias medidas orientadas a limitar el uso y acceso a los espacios públicos en el distrito, como: número límite de personas que podían reunirse en los espacios públicos para realizar un picnic, o el cobro a las personas que imparten clases de baile, meditación, tai chi, entre otras.
Este incidente ha expuesto un problema importante que tiene Lima y seguramente muchas ciudades de América Latina: la falta de espacios públicos adecuados para el uso de los ciudadanos y el libre acceso a ellos. Para entender este problema podemos tomar el ejemplo del malecón de Miraflores, que es un espacio público con áreas verdes, parques, ciclovías y otras infraestructuras, ubicadas frente al mar que en su conjunto se extienden por aproximadamente 10 kilómetros.
De acuerdo al inventario de áreas verdes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la ciudad cuenta con aproximadamente 23 millones de metros cuadrados de parques y jardines distribuidos en 32 de sus 43 municipios, lo que implica que existe un déficit de 64 millones de metros cuadrados para de esta forma llegar a los 87 millones de metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se tenga aproximadamente 9 metros de espacios públicos por ciudadano.
Lima se encuentra entre las ciudades con menos espacios públicos por habitante de América Latina con solamente 0.52 metros cuadrados por habitante, una cifra muy por detrás de otras ciudades de la región y mucho más lejos de los nueve metros cuadrados recomendados por la OMS. Cifras que reflejan la necesidad de los ciudadanos limeños por contar con espacios públicos de calidad y áreas verdes adecuadas. Según el Informe urbano de percepción ciudadana en Lima y Callao 2021 de la organización “Lima como vamos”, el 50.1% de ciudadanos se encuentra insatisfecho con las áreas verdes y la cantidad de árboles que cuenta la ciudad.
Otro punto para tomar en consideración es la ubicación de las áreas verdes en espacios públicos en Lima, de acuerdo con información del Ministerio del Ambiente, la mayor parte de estas áreas están concentradas en distritos de niveles socioeconómicos más altos como San Isidro (22m2), Miraflores (13m2) y San Borja (11 m2); mientras que otros distritos como Lurín, Breña y Puente Piedra apenas cuentan con un metro cuadrado en promedio. De esta manera, se observa que la mayoría de los espacios públicos están concentrados en el centro de la ciudad de Lima, por este motivo los ciudadanos de la ciudad tienden a desplazarse hacia el centro de la ciudad para hacer uso de lugares al aire libre.
Esta distribución asimétrica de las áreas verdes en la ciudad puede estar relacionada a la falta de recursos económicos para poder ampliar, mejorar y dar mantenimiento a los espacios públicos en los distritos donde la población registra un menor ingreso económico; pero también, se debe a la gestión deficiente de la administración pública que no da prioridad a la habilitación de mejores áreas verdes y lugares de esparcimiento. Haciendo de esta manera más visible la desigualdad socioeconómica en la ciudad.
En un estudio reciente de 2020 llamado “Uso desigual del espacio recreativo público en el contexto de la COVID-19″, los autores realizaron una encuesta para determinar la edad promedio, actividad de uso de los espacios públicos, medios de transporte para acceder a ellos, entre otros factores.
Los resultados arrojaron que el uso principal de los espacios públicos era para fines recreativos, deportivos y de ocio, donde la mayoría de los usuarios era población joven, de un rango de edad entre 20 y 29 años, y más de la mitad se trasladaba en transporte público u otros medios por más de 10 minutos para poder acceder a ellos.
Esta información es relevante debido a que expone la notoria necesidad que tiene Lima por tener más espacios públicos debidamente equipados y en condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan realizar diversas actividades de recreación y esparcimiento. Y hasta que esta necesidad no sea cubierta, los desplazamientos hacia las zonas con más espacios públicos y áreas verdes mejor conservadas y equipadas seguirán siendo comunes.
Un factor importante para tomar en consideración es la relación existente entre la salud pública y los espacios públicos adecuados.
Después de la pandemia del covid-19, todos hemos aprendido a valorar y respetar la importancia de los espacios públicos, el aislamiento social que se vivió en ciertas etapas de la pandemia tuvo graves consecuencias en la salud pública en todo el mundo. Tener la posibilidad de usar espacios públicos al aire libre para el esparcimiento y para la práctica de deportes son factores importantes que ayudan a mejorar la salud pública.
En una investigación reciente del año 2022 llamada “Prevención en salud desde el diseño del espacio público. El proyecto URB_HealthS como experiencia de transferencia de conocimiento”, los autores estudiaron la relación existente entre los espacios públicos y la salud pública, y determinaron que las condiciones ambientales y la escasez de espacios públicos con áreas verdes elevan las posibilidades de aparición de diversas enfermedades respiratorias; asimismo, la falta de espacios públicos que fomenten el deporte o actividades físicas agudizan un estilo de vida sedentario que incrementa la aparición de enfermedades cardiovasculares o mentales.
Por estos motivos es importante promover y poner en agenda la creación y el uso de espacios públicos para el desarrollo y la promoción de un estilo de vida más saludable. Sin embargo, en las últimas décadas, esta noción ha sido contra intuitiva ya que el desarrollo urbanístico ha estado orientado hacia la funcionalidad productiva, incentivando la aparición de infraestructuras diseñadas para facilitar el desarrollo económico, pero dejando de lado los espacios necesarios para que los ciudadanos realicen actividades sociales y de esparcimiento.
Este pensamiento predominante es lo que ha llevado a enfocar esfuerzos en diseñar nuevas infraestructuras priorizando, por ejemplo, el tránsito de vehículos, o usar espacios públicos para oficinas o negocios, en lugar de impulsar políticas publicas orientadas hacia la mejora y la promoción del uso de los espacios públicos.
Promover el uso de estos espacios ayudará a generar un sentido de pertenencia en la comunidad, y de esta manera muchos de ellos se vuelvan espacios más seguros. Para dicho fin se requiere la cooperación de los ciudadanos y las autoridades para tomar acciones concretas con el fin de promover el uso de las áreas de esparcimiento disponibles. Además, este aspecto es crucial para que la juventud, especialmente los niños, cuenten con áreas seguras de esparcimiento y socialización, las cuales son indispensables para su formación.
El Estado peruano y sus políticas públicas están alineadas con la promoción del uso de los espacios públicos, asumiendo el compromiso como parte de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente el objetivo 11, que busca “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, si profundizamos más en este objetivo encontramos la meta 11.7: “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”
Perú ya ha tomado pasos importantes hacia asegurar el cumplimiento de estos objetivos mediante la promulgación de Ley N° 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, en 2021 y su respectivo reglamento en 2023. Esta normativa describe que los espacios públicos están, destinados por su naturaleza, uso o propósito, a satisfacer las necesidades colectivas de la vida urbana, como el descanso, la recreación, la expresión cultural, el intercambio social, el entretenimiento y la movilidad.
La norma establece que la administración, regulación, mantenimiento y tutela de los espacios públicos estará a cargo del Sistema Nacional de Bienes Estatales; si bien la administración pública tiene a cargo conservar y administrar estos espacios, no ejercen la propiedad sobre los mismos, debido a que los espacios públicos son propiedad del estado y en consecuencia de todos los ciudadanos, delimitando de esta manera de forma clara cuál es la función de las autoridades.
Es importante destacar que es el derecho que reconoce la norma al ciudadano al indicar que todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de estos conforme a su naturaleza y destino, y al acceso y permanencia en los espacios públicos, sin discriminación y conforme a reglas de conservación. Reconociendo de este modo el derecho a una organización interna del espacio urbano que facilite la cohesión sociocultural de las comunidades, reconocido como unos de los principales derechos humanos emergentes.
Por estos motivos algunas iniciativas anunciadas por la Municipalidad de Miraflores en los medios de comunicación, así como las acciones del personal de seguridad ciudadana del municipio serían contrarias a la ley, debido a que no se puede restringir o limitar los derechos de los ciudadanos a usar o tener acceso a los espacios públicos. Algunas de estas iniciativas estarían orientadas a limitar la cantidad de participantes en actividades recreacionales o deportivas al aire libre, el empadronamiento de usuarios e incluso el cobro de una tasa o tarifa por la realización de ciertas actividades denominadas como “comerciales”.
Obviamente todas estas iniciativas han despertado la polémica sobre la legalidad y legitimidad de estas regulaciones, puesto que ninguna de ellas parecería estar relacionadas a la conservación o preservación del uso del espacio público. La Municipalidad de Miraflores anuncio el 25 de mayo pasado que está trabajando actualmente una mesa de trabajo “con vecinos e instructores con el objeto de perfeccionar la elaboración de la norma que regulará en los próximos meses los diversos usos que la comunidad tendrá en los espacios públicos en el distrito”.
Esperamos que esta mesa de trabajo sea productiva y culmine de forma positiva llegando a un entendimiento con los vecinos y personas interesadas para que en cumplimiento de la norma se pueda promover y no restringir el uso y acceso a los espacios públicos del distrito.
Una propuesta interesante sería que la municipalidad sea quien promueva las actividades de esparcimiento para los ciudadanos con programas que procuren el cuidado y mejora de los espacios públicos, la promoción del deporte y la vida sana, con actividades de baile, meditación, yoga, entra otras. En la actualidad, la sociedad civil organizada se encuentra promoviendo diversas actividades y proyectos orientados a promover el uso sano del espacio público por parte de los ciudadanos.
Asimismo, las municipalidades con más experiencia en el cuidado de los espacios públicos y las áreas verdes deberían brindar apoyo técnico a otros municipios de la ciudad para que se recupere o habilite espacios públicos en otras zonas de la ciudad con el fin de que los ciudadanos no se desplacen mayores distancias para tener acceso a lugares con mejor equipamiento y calidad.
En esta tarea, el liderazgo lo podría asumir la Municipalidad Metropolitana de Lima, actuando como articulador de la implementación de nuevos espacios públicos y áreas verdes tan necesarias para la ciudad. Los beneficios de aplicar estas políticas ya las hemos mencionado brevemente antes, pero adicionalmente a la mejora de salud pública y la recreación, podríamos mencionar como beneficios la mejora de la seguridad ciudadana, la creación de sentido de comunidad o identidad, la mejora de la calidad del aire, la reducción de carbono en el ambiente, entre muchas otras.
En conclusión, la implementación de políticas restrictivas para el uso de espacios públicos (como analizamos en Intuylab) no solamente va en contra de la tendencia global en gestión y administración pública, sino que atenta directamente contra los derechos de los ciudadanos y es contraproducente con los objetivos programáticos importantes de la ciudad como la seguridad y la salud pública.
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