El Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, se reunió con representantes de la Cámara Argentino-Británica (Brit-Cham) para anunciar una serie de modificaciones en el régimen de inscripción de sociedades constituidas en el extranjero. El propósito de estos cambios es impulsar el desarrollo de inversiones en Argentina.
Durante la reunión, Vítolo expuso detalladamente la elaboración de un nuevo marco normativo que sustituirá a la Resolución General IGJ Nº 7/2015. Este marco, según expresaron desde la IGJ, se concibe como “una herramienta integral y moderna, diseñada para generar un ambiente propicio para la inversión extranjera directa, vital para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país”. Según lo expuesto por el Inspector General, se espera que este cuerpo legal esté completamente delineado para la primera semana de julio del corriente año.
Además de enfocarse en los cambios regulatorios, la reunión sirvió como espacio para debatir sobre los planes de puesta en valor de la Inspección General de Justicia. Específicamente, se discutió sobre la necesidad de ampliar las funciones de control de legalidad sobre los instrumentos y documentos a ser inscritos en el Registro Público, así como sobre el ejercicio del poder de policía societario y de fiscalización en diversos ámbitos de actuación de las personas jurídicas privadas. Vítolo propuso la idea de transformar a la Inspección General de Justicia en un servicio económico de interés general, una medida que podría tener implicaciones significativas en la dinámica empresarial del país, según explicaron en el organismo.
Sin embargo, mientras se espera la implementación del nuevo marco normativo, Vítolo subrayó la necesidad de adoptar medidas transitorias e inmediatas para abordar la problemática generada por la Resolución General IGJ Nº 8/2021. ”Esta medida ha dificultado y desalentado en el territorio nacional la actuación de dichas sociedades por más de cuatro años, con el consiguiente desaliento de la inversión extranjera. Por ello, atento a la grave situación por la que atraviesa el país como consecuencia del desastre económico al cual arrastró al país el gobierno anterior, se hace imprescindible dictar de modo inmediato una resolución general para intentar solucionar, aunque sea parcial y transitoriamente -hasta tanto sea puesto en vigencia el nuevo marco normativo- los inconvenientes que enfrentan los inversores extranjeros para desarrollar actividades en la Argentina”, explicó Vítolo.
En el marco de las medidas inmediatas, destacaron los esfuerzos por simplificar los procesos administrativos y reducir las barreras burocráticas que dificultan la inversión extranjera en el país.
“Las nuevas normas de facilitación de las inversiones extranjeras —agregó Vítolo— incluyen la apertura del criterio sostenido anteriormente por el organismo, para permitir una actuación más amplia de las sociedades ‘vehículos de inversión’; la disminución significativa en las exigencias para el cumplimiento del Régimen Informativo Anual; la eliminación del requisito de tener que proveer planes de inversión al organismo en aquellos casos en los cuales las sociedades extranjeras solamente participen como socios o accionistas de sociedades locales; y el reconocimiento por parte de la Inspección General de Justicia de la inscripción que las sociedades constituidas en el extranjero pudieran haber obtenido en jurisdicciones provinciales; entre otras”.
El anuncio oficial de estos cambios será publicado en el Boletín Oficial el miércoles 27 de marzo. Desde la Inspección General de Justicia aseguraron que la implementación de estas medidas no solo fortalecerá la confianza de los inversores extranjeros en el mercado argentino, sino que también enviará una señal positiva a la comunidad internacional sobre el compromiso del país con la apertura económica y la facilitación de la inversión extranjera directa.
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