El juzgado Federal Nº2 de Mendoza le ordenó hoy al Ente Nacional de Comunicaciones que suspenda la licitación de 5G, las nuevas redes de telefonía móvil, que había lanzado a fines de agosto.
La medida, una cautelar autónoma que lleva la firma del juez Pablo Oscar Quirós, responde a un pedido de la Infraestructura Digital Argentina (IDA), una cámara sectorial cercana a Telefónica Argentina. El presidente de IDA y quien presentó el pedido de cautelar, patrocinado por Alejandro Boulin, es Alejandro Lastra, además Director de Regulación y Asuntos Públicos en Telefónica de Argentina.
Así, Quirós ordenó suspenda el proceso “hasta tanto se resuelva la medida cautelar autónoma” y le pidió al Enacom que “dentro del plazo de cinco (5) días produzca informe que dé cuenta acerca del interés público comprometido por la solicitud cautelar”.
El fallo aceptó la medida interina solicitada y ordenó al Enacom que “suspenda los efectos de los arts. 3° y 4° de la Resolución Eancom 1285/23 y del art. 3° de la Resolución Enacom 1289/23, hasta tanto se resuelva la medida cautelar autónoma aquí deducida”. Los artículos mencionados tienen que ver con el llamado a licitación y a la presentación el próximo 29 de septiembre de los interesados en el proceso, y con la entrega a Arsat de frecuencias. Este fue uno de los puntos más criticados por las empresas locales que comercializan el servicio telefonía móvil, Movistar, Personal y Claro.
El juez Quirós ordenó suspenda el proceso “hasta tanto se resuelva la medida cautelar autónoma”
En los considerandos se explica que IDA cuestionó el accionar del Enacom y que “sus funcionarios a cargo han desoído sistemáticamente a lo largo de este último tiempo las objeciones de la industria y en particular de esa Asociación, a la licitación sobre las bandas de frecuencias del espectro atribuidas al servicio de 5G” y afirmó que “dicho actuar puede entenderse como un procedimiento de recaudación de recursos económicos para las arcas públicas en crisis, abonando, además, a una propaganda política enmarcada durante una campaña electoral, coincidente con las elecciones generales a celebrarse durante el próximo mes octubre, toda vez que no existen circunstancias técnicas ni de tiempo que motiven a actuar apresuradamente como lo está haciendo el Enacom”.
Licitación y denuncia
El pasado 28 de agosto, directorio del Enacom, que encabeza Claudio Ambrosini –funcionario que responde al ministro de Economía, Sergio Massa– tomó la decisión de poner en marcha el proceso licitatorio con el apoyo de la mayoría oficialista, debido a que los dos representantes de la oposición, Silvana Giudici y José Corral, votaron en contra.
Los pliegos establecen llamar a subasta por la banda de frecuencia entre 3300 y 3600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. Se fijó un precio base de 350 millones de dólares, pero quedará el valor definitivo que surja de la puja entre los interesados en participar del negocio. Esa pulseada se esperaba que la protagonicen las telcos que ya operan, aunque no se descartó en ese momento que participarán otras compañías, como Telecentro.
Como se dijo, el gobierno decidió destinarle a la empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) un bloque de 100 MHz, entre los 3600 y 3700, para desarrollos vinculados a la investigación, educación, ciencia y otros destinos con fines no comerciales.
En los pliegos se estableció como requisitos que podrán intervenir en la subasta licenciatarios que cuenten con presencia en al menos 10 localidades de la Argentina y un mínimo de 50.000 accesos, y que cuenten con un patrimonio neto superior a los 10 mil millones de pesos al último ejercicio. El Estado otorgará al oferente ganador el uso de las frecuencias por 20 años. Para garantizar la competencia, cada empresa podrá adquirir un bloque.
En paralelo, el pasado viernes 22, Javier Milei le envió una carta al presidente Alberto Fernández pidiéndole la “inmediata revocación” de la decisión del Enacom, junto con pedidos similares para medidas tomadas por otros organismos organismos del Estado, como el Conicet, el ENRE y la secretaría de Energía.
“Frente a la proximidad de las elecciones generales, todo desvío de poder, por el cual el partido gobernante se sirva de los recursos estatales para beneficio propio, no solo constituye un hecho evidente y notorio de corrupción, sino también un atentado contra el sistema democrático”, dijo Melei.
“En relación con el llamado a licitación efectuado por el Enacom para la adjudicación de bandas de frecuencias 5G, su nulidad es asimismo, indudable. El gobierno ha decidido avanzar, a último momento, con una licitación mal diseñada que afecta el futuro del desarrollo de las comunicaciones en Argentina y en la que, subrepticiamente, se pretende beneficiar a las empresas estatales en perjuicio del sector privado”, expresó el candidato de La Libertad Avanza.
Y cerró diciendo que: “El despliegue de la tecnología 5G es un paso de suma importancia que la Argentina debe dar. Pero debe darlo bien”.
Hacer Comentario