(Desde Montevideo, Uruguay) – Entre el 24 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, Uruguay estuvo bajo emergencia agropecuaria. La sequía afectó al país durante buena parte de la gestión de Luis Lacalle Pou y se agravó en el último año, lo que llevó al gobierno a decretar ese estado crítico que habilitó la entrega de apoyos estatales especiales para los productores más perjudicados.
A mediados de año, el déficit hídrico en el país tuvo su efecto más notorio cuando el agua del suministro público de Montevideo pasó a ser salada y el gobierno debió apurar medidas paliativas para atravesar la peor etapa.
Los niveles de lluvias del último tramo del año permitió que las reservas de agua alcanzaran sus niveles normales, aunque hay algunos sectores que siguen afectados. Si bien la emergencia agropecuaria en general terminó, el gobierno extendió la declaración para el rubro hortícola y frutícola hasta fines de marzo.
Superada la emergencia, el Poder Ejecutivo hizo un balance del costo económico que generó la sequía en el país. El informe Impactos del déficit hídrico 2022-2023 en la producción agropecuaria muestra que la sequía que atravesó el país generó pérdidas que rondan el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El informe –consignado en La Diaria– estima el rojo en el sector en USD 1.883 millones, una cifra que contempla los perjuicios que “se podrían efectivizar en los próximos meses”. Este déficit es atribuido al resultado de la poca cantidad de lluvias así como otras condiciones que afectan al “estado hídrico de los suelos y de la vegetación”. Hubo, a su vez, “temperaturas medias y evapotranspiración por encima de lo normal”.
El rubro más afectado fue el que comprende la agricultura de secano de verano (que incluye a los cultivos como la soja y el maíz) y que significó un 58,3% del total de las pérdidas (algo más de USD 1.000 millones). Esto se debe a que se recolectaron 2,5 millones de toneladas menos de lo esperado y a que hubo un retraso en la cosecha, que derivó en la reducción de los tiempos “óptimos” de siembra.
En el rubro ganadero, en tanto, las pérdidas totalizaron los USD 287 millones, explicados por una caída en la cantidad de nacimiento de terneros y una reducción en el volumen de las cabezas de ganado faenadas. En este segmento, la reducción “no ha sido tan significativa” como se esperaba inicialmente.
La forestación, en tanto, estima el déficit en USD 161 millones, que se atribuye a la pérdida de al menos 2.400 hectáreas y a la afectación de otras 26.000.
En el sector lechero el déficit fue de USD 126 millones –explicado por el “incremento” de los costos de la suplementación del ganado–, mientras que la hortifruticultura y la viticultura representaron la menor parte de las pérdidas, con pérdidas de USD 43 millones y USD 12 millones, respectivamente.
Otro informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) estima que la recaudación impositiva en el agro fue de USD 294 millones, unos USD 45 millones menos que los resultados de 2022. El motivo de este menor ingreso a las arcas públicas es que hubo una reducción en la recaudación por el impuesto a la renta, provocado por una “caída en la actividad”.
La declaración de la emergencia sanitaria en Uruguay implicó, entre otros apoyos, que los productores pudieran acceder a créditos con tasa subsidiada por el Estado. “La consigna del gobierno ha sido que ningún productor se quede por el camino y que todas las unidades se mantengan de pie y en funcionamiento”, explicó el ministro Fernando Mattos cuando las lluvias le comenzaron a dar algo de tregua a los productores rurales.
Los apoyos estatales fueron los “más importantes de la historia”: hubo 20.000 beneficios para 13.000 productores agropecuarios, una proporción relevante para el sector. En total, el gobierno destinó 35 instrumentos al rubro durante el período más crítico.
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