A los numerosos proyectos que ya fueron presentados en el Congreso para modificar la polémica Ley de Alquileres, que rige desde julio del 2020, se suma uno más. Tal como lo adelantó Infobae, se trata un iniciativa a cargo de entidades vinculadas a la construcción y comercialización de viviendas, que propone modificar el plazo de duración de los contratos y la fórmula de ajuste de las locaciones.
La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI) son las entidades firmantes del nuevo petitorio.
“La iniciativa traerá en el corto plazo un alivio para el sector locativo habitacional, generando un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores de los alquileres”, explicaron en un comunicado con el objetivo de buscar una solución en medio de un contexto inflacionario y escasa oferta de inmuebles.
La propuesta sostiene que “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual pueden realizarse ajustes como mínimo cuatrimestrales”. Y agrega que “en ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”.
Lo sugerido por estas entidades es que los ajustes deben seguir actualizándose bajo un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
“Hoy los incrementos que se aplican son por ICL, que contempla la variación de la inflación que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la de los salarios que establece el Ripte. Desde el segmento justifican que para los inquilinos pagar subas anuales en un contexto inflacionario alto atenta contra sus bolsillos y, a su vez, quitan previsibilidad a los propietarios”, explicó Alejandro Bennazar, presidente de la CIA, a este medio.
En cuanto al plazo de los contratos, la propuesta de las entidades inmobiliarias incluye la reducción a dos años como plazo legal mínimo. “Quedó demostrado que la actualización anual del canon locativo para vivienda es un período muy extenso en un contexto inflacionario desequilibrado, que ha generado una gran presión en el valor locativo inicial, una aceleración en los precios, retracción de la oferta y una suba de precio muy abrupta al momento de aplicar el índice de actualización contemplado en la ley, llegando hoy, a más del 100% anual, generando insatisfacción y perjuicio patrimonial para ambas partes contratantes y llevando al límite de la imposibilidad de su cumplimiento”.
“Creemos que el plazo de dos años atraerá a los dueños y nos parece que el aumento tiene que dejar de ser interanual y a través del Índice de Contratos de Locación (ICL), que ya superó los tres dígitos y empieza a ser complejo para quienes pagan un alquiler mes a mes”, agregó Bennazar.
Por último, las entidades firmantes pidieron más medidas para fomentar la construcción, refacción, remodelación o inversión en unidades habitacionales nuevas o usadas para ser destinadas al mercado de alquiler de vivienda.
Desde la CIA reconocieron que tuvieron acercamientos y contactos de parte del Gobierno nacional en los últimos días y también están al tanto de la posible sesión especial que pidió Juntos por el Cambio para el 23 de agosto, pero creen que falta mucho tiempo.
“Por eso queremos que se pueda tratar antes de esa fecha. Desde 2020 venimos reclamando para cambiar algo que se sabía que no iba a funcionar”, concluyó Bennazar.
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