El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte dispuso este jueves que la Policía Nacional (PNP) brinde protección al futbolista peruano Paolo Guerrero, quien expuso en la víspera una serie de mensajes extorsivos enviados al celular de su madre.
El deportista denunció que la cadena de amenazas empezó el mismo día en que estampó su firma en un contrato con el Club Deportivo Universidad César Vallejo. Los delincuentes están vinculados con ‘Los Pulpos de Trujillo’, una organización criminal con presencia en el norte del país y en Chile.
El abogado Julio García, defensa del delantero, contó que tendió comunicación con el ministro del Interior, Víctor Torres, para solicitar seguridad policial, pero el funcionario rechazó el petitorio porque su patrocinado no es autoridad y, en cambio, le sugirió contratar una escolta privada.
Guerrero presentó las amenazas en televisión nacional y, horas después, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, anunció que la familia del futbolista tendría “a disposición” la protección de los agentes policiales. Se trata del primer pronunciamiento oficial del Ejecutivo respecto a este caso que ha evidenciado la escalada de violencia en La Libertad, cuya capital, Trujillo, y la provincia de Pataz se encuentran bajo emergencia.
“La mamá de Paolo Guerrero y cualquiera de los 33 millones de ciudadanos en el país tiene el derecho de que su policía los proteja. Si se ha producido esas amenazas, que lamentamos y nos solidarizamos, tienen a la Policía a su disposición para apoyarlos y darles la seguridad del caso”, declaró el premier.
El desborde de criminalidad golpea la gestión del ministro Torres, enfrentado a dos mociones de interpelación. “Por supuesto, va a acudir al Congreso, es una práctica democrática, pero debo hacer una reflexión. Hasta ahora son siete mociones de interpelación presentadas contra diversos sectores. […] Las interpelaciones no necesariamente favorecen a la gobernabilidad y, a veces, polarizan. Aun así, los ministros irán y esperemos den respuestas satisfactorias”, continuó.
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