Pasaron tres días desde que Javier Milei, presidente electo de La Libertad Avanza (LLA), expresó la necesidad de “derogar” la Ley de Alquileres y de “entender que es un contrato entre partes”. En en un sector que atraviesa momentos muy complejos, esas declaraciones generaron la inmediata suspensión de firmas de contratos que se estaban por sellar en las inmobiliarias por lo menos hasta después del 10 de diciembre.
La situación del mercado no tiene precedentes, con niveles históricos de disminución en la oferta y aumentos de precios récord. En la mayoría del país, un contrato firmado puede costar más del 200% que hace un año. En ese contexto, cámaras sectoriales y agrupaciones vieron con buenos ojos el anuncio del libertario, y los inquilinos la rechazaron.
Laura M., una inquilina que estuvo en búsqueda desde agosto y había reservado un departamento de 3 ambientes en Paternal, se ve ahora imposibilitada de continuar con el contrato. La inmobiliaria le comunicó hoy que la propietaria prefiere esperar algunas semanas. “Mi contrato por un dúplex en Villa Crespo termina a fin de mes. Había reservado la vivienda, pero hoy me informaron que la firma del contrato se suspendía”, expresó a Infobae.
(Juan Ignacio Roncoroni/)
“Desde el anuncio de Milei, hemos recibido varias consultas de propietarios para saber si se puede hacer la derogación de la actual ley. También nos preguntan sobre la suspensión de contratos que estaban por concretarse”, dijo a Diego Frangella, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño.
Los distintos actores del sector inmobiliario emitieron un comunicado en el que felicitan al presidente electo y se ponen a disposición para colaborar con sus equipos en post del desarrollo. El comunicado, al que Infobae tuvo acceso, destaca la celebración ante la declaración de Milei, quien a pocas horas de ser elegido expresó la necesidad de derogar la norma actual
Esta postura se alinea con lo que las instituciones del sector han sostenido, buscando abordar los problemas generados por la legislación actual.
El documento fue respaldado por la Cámara de Empresarios de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CUCICBA), Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata (CCyA Mar del Plata), entre otras entidades.
La opinión de los propietarios
La posible derogación de la normativa y el regreso a contratos libres y entre partes a través del Código Civil y Comercial de la Nación de 2015 genera controversias.
Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, señaló que si bien la legislación de alquileres actual presenta deficiencias en lo que respecta a la locación habitacional, es adecuada para otros destinos como oficinas y locales comerciales.
“Propongo que se derogue por completo la ley 27.737, vigente desde el 18/10/2023, y parcialmente la 27.551 del 01/07/2020. La última establece la derogación de ciertos artículos de la ley 23.928 de Convertibilidad y Desindexación de 1991, lo cual prohíbe cláusulas indexatorias en contratos, considerado anacrónico en la actualidad”, sugirió el experto en derecho inmobiliario.
Pide mantener esta disposición, aplicándola a la totalidad de los contratos. También aboga por la modificación del artículo 765 del Código Civil y Comercial, que trata a la moneda extranjera como una “cosa” y no la equipara a la moneda de curso legal, “lo que impide pactar alquileres en moneda extranjera”. En cuanto a la ley 27.737, recomienda conservar únicamente los beneficios impositivos para los dueños de viviendas.
Locatarios, en contra
Para los inquilinos, regresar a acuerdos de dos años de plazo representa un fuerte retroceso. Consideran que este período más extenso se percibía como un derecho adquirido por ley, proporcionando certidumbre y evitando los gastos asociados a mudanzas cada 24 meses, con todas las implicaciones que esto conlleva.
Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, plantea incertidumbres en torno a un posible retorno a acuerdos regidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Específicamente, destaca la falta de claridad sobre quién asumiría el costo de las expensas ordinarias o extraordinarias y cómo se resolvería la cuestión de las mejoras en la vivienda, temas que fueron abordados por la ley de 2020 y que ahora podrían ser anulados.
Además, cuestionó la teoría liberal que sugiere que la derogación de la ley aumentaría la oferta y, por ende, equilibraría los precios.
“La eliminación de la ley podría resultar en acuerdos con precios constantemente más elevados de lo necesario. Se provocaría inestabilidad, generando consecuencias perjudiciales para aquellos que carecen de vivienda propia. En este contexto estamos en contra de la derogación y respaldamos la actual normativa”, concluyó Zirulnicoff.
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