El término “infierno fiscal” se usa generalmente para referirse a un país o lugar con tasas impositivas muy altas. Según algunas definiciones, infierno fiscal también significa una burocracia fiscal opresiva u onerosa. Esa es la definición que puede encontrarse rápidamente cualquier buscador. Llevada al mundo real, la organización The 1841 Foundation utiliza esta descripción para definir los sistemas tributarios de Bielorrusia, Venezuela y la Argentina, en ese orden. Lo hace en el ránking anual que acaba de publicar la entidad.
El podio del índice se ha mantenido sin cambios desde el año pasado, lo que mantiene a la Argentina en el tercer puesto en el ranking. Esto se debe, según la fundación que construye el índice, principalmente a su elevado endeudamiento, alta inflación (alrededor del 100% en 2022, la cifra más alta en tres décadas y por encima de ese porcentaje en 2023) y a la debilidad de sus instituciones (el Gobierno ha aumentado o creado 24 impuestos desde que asumió).
“La inflación descontrolada ha generado una situación muy complicada para muchos. Se han desarrollado múltiples mercados cambiarios paralelos, las reservas del Banco Central son prácticamente inexistentes y se estima que el déficit fiscal consolidado, incluyendo el del Banco Central, es del 8% o incluso más del PBI”, sostuvo la publicación. Además, agregó que la deuda soberana y la del Banco Central está aumentando a un ritmo “insostenible”.
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En los fundamentos que explican la posición de la Argentina en el ránking, se recuerda que la Argentina ha tenido un historial destacado en cuanto a defaults desde la Segunda Guerra Mundial, siendo el país con la mayor duración en esta situación y habiendo incurrido en falta de pagos en múltiples ocasiones. “Además, ha llevado a cabo la confiscación de los ahorros de su población como medida para enfrentar crisis financieras más de cinco veces. Es importante destacar que la protección del estado de derecho y la privacidad de la información de los ciudadanos es prácticamente inexistente en este país”, afirmó la entidad.
Hacia abajo de la Argentina, el top 10 del ránking se completa con Ucrania, Brasil, México, Bolivia, Nicaragua, Rusia y Surinam. Es decir que América latina tiene prácticamente copados los primeros puestos del ranking con de 7 de los 10 primeros.
“La condición de ‘infierno’ no se limita únicamente a ser un país donde los contribuyentes pagan mucho, sino que es un concepto más amplio y complejo. Si bien la presión fiscal es un factor importante, creemos que un “Infierno fiscal” no se limita únicamente a un país con altos impuestos, sino más bien a un país en el cual el Estado de derecho es débil y los derechos a la privacidad y a la propiedad no se protegen como es debido”, afirmó el tributarista argentino Martín Litwak, fundador de la organización americana que dio origen al ranking.
“Argentina ha llevado a cabo la confiscación de los ahorros de su población como medida para enfrentar crisis financieras más de cinco veces”
Es por esto que, de acuerdo a los parámetros de la publicación y su metodología, en los resultados, es posible que los países con gobiernos de alta calidad y estabilidad económica y legal tengan altos impuestos como es el caso de Dinamarca por lo que en realidad no se consideraran “infiernos fiscales2.
Para elaborar el ránking, cada país fue evaluado en dos áreas principales: “cuantitativa”, que representa el 60% de la puntuación total y “cualitativa o alidad del gobierno”, que representa el 40% de la puntuación total. En el área cuantitativa, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:
a) Presión fiscal medida como los impuestos totales como porcentaje del PBI del país.
b) Presión de la deuda medida como el total de la deuda pública sobre el PBI.
c) Presión fiscal inflacionaria medida como un índice de inflación.
d) Potencial presión fiscal medida como la diferencia entre gasto e ingresos públicos con relación al PBI.
En el área cualitativa, en tanto, los indicadores considerados fueron:
a) Voz y Rendición de cuentas
b) Estado de derecho c) Calidad de la regulación
d) Estabilidad política
e) Eficacia del Estado
f) Control de la corrupción.
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