¿Cuán probable es que Chubut corte el envío de gas y petróleo y que las otras provincias patagónicas se le sumen, en lo que sería un inédito lock-out energético de una región al resto del país?
Tras la reunión virtual que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mantuvo el sábado por la tarde con sus pares de la Patagonia, el mandatario provincial (que profirió su advertencia el viernes en un acto en Comodoro Rivadavia, a raíz de la retención por parte de Nación, de $13.500 millones de coparticipación como cuota de la deuda de Chubut al “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”), el mandatario provincial dijo a Infobae que sus pares de la región se comprometieron a acompañarlo en una medida de fuerza que no tiene antecedentes.
Torres, su vicegobernador, Gustavo Menna y el ministro de Economía provincial, Ramiro Ball, denunciaron que el gobierno ignoró las propuestas de canje de deuda que presentó Chubut para dejar atrás el actual esquema, ajustable por CER y a pagar en solo 12 cuotas, que en noviembre de 2023, dos semanas antes del balotaje en que Javier Milei fue elegido presidente, dispuso el exministro de Economía y entonces candidato presidencial, Sergio Massa, y que según el gobierno chubutense lleva las tensiones al límite en una provincia con un historial de alta conflictividad.
¿Cuáles serían las consecuencias legales, técnicas, económicas de algo así?
El recorte del envío de Hidrocarburos “no tiene sentido” dijo Francisco Romano, socio del Estudio Jurídico Pagbam (Pérez Alati, Grondona, Benites y Arntsen) y codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral. “Según artículo 124 de la Constitución, las Provincias son dueñas de los recursos del subsuelo, pero por el sistema de concesión adjudicaron la explotación a empresas privadas y éstas tienen libre disponibilidad sobre los hidrocarburos que producen. Por lo tanto, el crudo producido ya no es de la provincia”.
Aduanas interiores
“Prohibir su salida del territorio provincial equivale a crear aduanas interiores, prohibidas por la Constitución Nacional”, subrayó el experto en derecho de los hidrocarburos. En todo caso, señaló, “lo que tiene que hacer la provincia es acudir a la Justicia, no generar medidas de acción directa que son violatorias de la Constitución”.
En términos parecidos se manifestó el exsecretario de Energía, Juan José Aranguren, que en entrevista con CNN Radio dijo que impedir que el petróleo salga de los puertos de Chubut a Buenos Aires “significaría un accionar ilegal”.
“Si esto llegara a ir a la Justicia la provincia de Chubut tiene las de perder”, dijo Aranguren´, y explicó que desde que el recurso está concesionado le pertenece a un privado”. La provincia, dijo, tiene solo dos alternativas, “pagar (la deuda con el Fondo Fiduciario, que es de $119.000 millones, según afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo) o negociar”.
“Es lamentable que esto ocurra, pero si esto llegara a ir a la Justicia la provincia de Chubut tiene las de perder. Cortar el petróleo es ilegal; hay que bajar las revoluciones y no ser uno más patotero que el otro”, dijo Aranguren, en un llamado a la prudencia. Hablando, dijo, “todos son picantes, pero hay que cumplir los compromisos y actuar conforme a derecho”.
El peso de las provincias patagónicas en materia de petróleo y gas es abrumador. Como también precisó Infobae. Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, en 2023 la Argentina produjo 36.867.693 m3 de crudo y 48.109 millones de m3 de gas, de los cuales Chubut aportó 21,4% y 5,82% respectivamente. Si se considera a toda la Patagonia, los números son aún más contundentes. De acuerdo a un informe de la consultora Oil Production Consulting, en diciembre las tres cuencas que se encuentran en esa región (Austral, Neuquina y Golfo de San Jorge) aportaron el 98% de la producción total de petróleo y 97% de la producción de gas del país.
-¿Puede legalmente una provincia cortar el suministro?, le preguntó Infobae a Emilio Apud, exsecretario de Energía y exmiembro del directorio de YPF.
-”Legalmente, pierden. Afectan directamente el derecho de propiedad de personas jurídicas, como son las empresas. Según la Constitución Nacional de 1994 el petróleo y todos los recursos bajo tierra son de las provincias, pero para sacarlos hay permisos de exploración y contratos de concesión. Una vez extraído, el petróleo o el gas pertenecen a la empresa, que los vende a la refinadora o lo exporta”, respondió el consultor y también ex miembro del directorio de YPF. “En caso de prohibir esas actividades, además de exponerse a sanciones judiciales, la provincia se privaría de regalías. Y sería muy malo para el país. Nadie pondrá un peso aquí mientras siga la historia de intervencionismo e inseguridad jurídica. Sería una señal terrible que un gobernador le meta la mano a una petrolera”, subrayó Apud.
-¿Cuán complejo técnicamente es cortar el envío de gas y de petróleo?
-Es un problema grande. En Cerro Dragón (importante yacimiento petrolero en Chubut, concesionado a Pan American Energy, PAE) hay 2.000 pozos, muchos son de recuperación secundaria o terciaria, con inyección de agua y polímeros. En caso de parar, se pierde mucha eficiencia operativa y reiniciarlos es también un problema: desde lo operativo y técnico sería muy difícil y perjudicial para la productividad de los yacimientos de la zona. Chubut produce cerca de 20% de petróleo del país. Es un petróleo pesado, el Escalante, necesario en refinerías para producción de gasoil, combustible del que la Argentina importa un 10% del consumo interno. Sería un problema adicional para transporte y las actividades de siembra y cosecha del sector agrícola. Ya el año pasado hubo problemas serios por falta de gasoil”.
-¿Y en el caso del gas?
En gas la importancia de Chubut es mucho menor, pero las amenazas del gobernador Torres le sirvieron para ganar apoyo político y atención mediática. Pero el recorte del envío de petróleo y gas es difícil que lo haga Chubut e imposible que adhieran las demás provincias patagónicas.
-Más allá de lo improbable que resulte, ¿en cuántos días afectaría la producción de combustible en refinerías, la provisión de gas en redes y el funcionamiento de las centrales térmicas?
-No hay problemas en los oleoductos si hay pulmón y capacidad de almacenaje en los puertos (Caleta Olivia y Puerto Rosales). Y en gas menos; 60% del parque generador funciona con gas. No me imagino parar el país por falta de energía. Argentina consume 70 millones de toneladas equivalentes de petróleo, no hay forma logística de reemplazarlo por importaciones. Además, el gobierno tendría medidas para evitarlo.
-¿Hay antecedentes de algo similar a lo que dice Torres?
-No hay antecedentes, porque es inviable. Pudo haber ocurrido antes de 1989, donde todo estaba todo en manos del Estado; era el dueño del subsuelo y de la producción. Ahora es imposible. No recuerdo que haya habido amenazas de este tipo, aunque es política y mediáticamente muy efectiva. Por paros sindicales sí hubo antecedentes, pero focalizados.
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