Los impuestos han estado en el centro de la escena de las últimas semanas previas a las elecciones. Primero llegaron las bajas de retenciones a varios sectores exportadores, luego se introdujo el aumento del impuesto PAIS para la compra de dólares para importación, a lo que se sumó la devolución temporal del IVA en productos de la canasta básica y finalmente la modificación del impuesto a las Ganancias, que fue convertida en ley el jueves pasado por el Senado.
En este contexto llegan las elecciones presidenciales y dos meses más tarde el cambio de Gobierno. La próxima Administración deberá enfrentarse a un escenario adverso, con inflación creciente, déficit fiscal y un sistema impositivo que tiene muchos puntos de discusión.
La cantidad de tributos que existe en Argentina es muy elevada. Si bien el sistema federal y descentralizado de imposición no se va a modificar, dada la forma de gobierno establecida constitucionalmente, sí puede reducirse, ya que muchos no tienen real trascendencia económica y generan una gran complicación de administración tributaria.
Qué cambiar y por dónde empezar
Voces de diferentes partidos políticos coinciden en que el sistema tributario argentino necesita una reforma integral. Las dudas son el “cómo” y también el “para qué”.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) anualmente releva y difunde el “vademécum” impositivo argentino. En su más reciente relevamiento determinó la existencia de un total de 148 tributos en todo el país: 45 impuestos nacionales, 25 impuestos provinciales y 78 tasas municipales de todo tipo y color, que solo complican la vida de ciudadanos y contribuyentes. Y lo hacen inútilmente: ya que 10 tributos dan cuenta de 91% de la recaudación total de los 3 niveles jurisdiccionales.
El director del Iaraf, Nadin Argañaraz, elaboró ahora una propuesta de reforma tributaria, basada en cinco grandes objetivos.
El primero de ellos parte de la idea de “simplificación”. Para el Iaraf, un sistema tributario más simple debería avanzar hacia uno constituido por los siguientes tributos:
– Un impuesto a las Ganancias de administración nacional, con una alícuota suplementaria provincial, para que los recursos obtenidos por esta vía permitan colaborar en el reemplazo del impuesto a los ingresos brutos por un impuesto a las ventas finales
– Dos impuestos al consumo general, uno de administración nacional (Impuesto al Valor Agregado) y otro provincial (Impuesto a las Ventas Finales, IVF).
“Dado el efecto acumulación y superposición del impuesto a los ingresos brutos, pretender reemplazar lo producido por ese tributo solamente por un impuesto a las ventas finales (IVF) implicaría fijar alícuotas en torno al 10%, lo que lo hace absolutamente inviable, considerando que debe convivir con un IVA con tasas del 21%. Este impuesto a las ganancias incluiría entonces una alícuota suplementaria destinada a la jurisdicción en la cual el contribuyente posea su domicilio y residencia”, explicaron desde el Iaraf.
– Un impuesto a consumos específicos (que unifique internos y combustibles).
– En lo referente al patrimonio, se sugiere reemplazar el actual impuesto a los activos (bienes personales) de personas humanas y los impuestos inmobiliario y automotor por un único tributo al patrimonio, administrado a nivel provincial y que contemple como pago a cuenta los actuales impuestos inmobiliario y automotor.
– Una limitación concreta y cumplible que garantice que las tasas municipales estén relacionadas a contraprestaciones específicas y no generales.
Por otro lado, sostienen que se deberían eliminar las tasas generales a las ventas como las de seguridad e higiene, comercio e industria. “De esta manera, los municipios se financiarían con coparticipación del impuesto a las ventas finales provincial, con un porcentaje del impuesto inmobiliario correspondiente a los bienes situados en su ejido y del impuesto a los automotores allí radicados, además de otras coparticipaciones secundarias”, explicaron.
El ojo puesto en la informalidad
Ante la abrumadora carga tributaria que enfrentan los contribuyentes formales en Argentina, el Iaraf propone una reforma enfocada en dos áreas clave.
En primer lugar, se busca reducir los niveles de evasión, promoviendo el uso de medios electrónicos para pagos de operaciones de consumo final. Se plantea la idea de otorgar premios periódicos a quienes opten por estos métodos, aunque se reconoce que esta medida podría tener limitaciones en su eficacia debido a las bajas probabilidades de ganar. En cambio, se considera más apropiado implementar un sistema de acumulación de puntos canjeables por bienes y servicios ofrecidos por empresas asociadas al sistema, similar a los programas de fidelización utilizados por empresas privadas.
En segundo lugar, se aboga por una revisión exhaustiva de las exenciones fiscales actuales con el objetivo de reducirlas al mínimo necesario. “Esto podría ayudar a expandir la base imponible y, en consecuencia, permitir la reducción de las tasas impositivas”, sostuvieron los especialistas del Iaraf.
Esta propuesta busca aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes formales y promover prácticas fiscales más transparentes en Argentina.
Eliminación de impuestos distorsivos
Para el Iaraf, es fundamental trabajar también sobre la eliminación de impuestos distorsivos. En este sentido, mencionaron en primera instancia los derechos de exportaciones, aunque reconocieron que, dada su importancia, es inviable su eliminación inmediata.
De igual manera, proponen eliminar el impuesto al cheque (IDCB) y avanzar en su sustitución indirecta, mediante la posibilidad de cómputo a cuenta de otros tributos. En la actualidad, la posibilidad de cómputo a cuenta se limita al 33% del total recaudado. La propuesta sería un aumento gradual de ese porcentaje en un 17% adicional anual, para que en el término de cuatro años se compute completamente el 100%
Por otro lado, los especialistas en impuestos consideraron que no se puede reemplazar el impuesto ingresos brutos por una sola fuente de financiamiento alternativa, sino que deben diseñarse varias fuentes sustitutas.
En tal sentido, proponen su eliminación mediante su reemplazo paulatino por un IVF con una alícuota razonable y el refuerzo de otras fuentes de financiamiento ya mencionadas, como la alícuota adicional al impuesto a las ganancias y el incremento de la importancia de los impuestos patrimoniales.
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