La vida de Oscar Centeno cambió para siempre el 31 de julio de 2018, cuando policías lo arrestaron acusado de lo que sería el inicio de una avalancha de detenciones y arrepentimientos que nutrieron lo que se dio en llamar la causa Cuadernos: la investigación por una asociación ilícita que cobraba coimas a empresarios en donde la ex presidenta Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de la banda. El remisero, que escribía en sus cuadernos los viajes de esas recaudaciones, se convirtió en el primer arrepentido y vive desde hace más de cinco años bajo el sistema de testigos protegidos. En la primera jugada que hace desde entonces, Centeno decidió hacerle saber al tribunal oral que quiere el juicio oral ya, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Así lo demuestra el escrito que el defensor oficial Sergio Steizel, representante de Centeno, presentó en los últimos días ante el Tribunal Oral Federal 7, que tiene en sus manos la causa de los cuadernos. El fallecido juez Claudio Bonadio elevó el caso a juicio a fines de 2019. El debate aún no tiene fecha de inicio. Tampoco prueba despachada. Y se descuenta que se hará lugar a los planteos de instrucción suplementaria, con lo cual los tiempos se siguen demorando.
Los abogados parte del expediente se siguen preguntando cómo van a hacer para poder llevar adelante ese megajuicio con más de cien acusados. Y también si alguna vez llegará el momento de concretar el debate.
La última novedad tenía que ver con un planteo de un empresario acusado que dejó en una escribanía un documento avisando que iba a mentir en la indagatoria en la que confesó delitos del expediente conocido como “la camarita” y pedía la nulidad de su acusación. Ahora, otras defensas están acompañando este planteo.
Pero la fiscal Fabiana León le bajó el precio a esa presentación. Habló de la intrascendencia probatoria o procesal del depósito de un documento por ante el escribano que “sólo certifica una fecha y una acción” y no aporte prueba “sobre la ‘coacción psicológica’ que alega haber sentido ante aquella citación”. “No constan -más allá de su subjetiva percepción- hechos concretos o específicos que denoten que se haya defendido -como dice- bajo ‘tormentos’, o incluso mediando una imposición”, afirmó la fiscal. El Tribunal evaluará la cuestión. Y hay todavía una veintena de incidentes reclamados por las defensas a la espera de respuesta.
En ese contexto, aparece ahora el escrito de Centeno que fue entregado la semana pasada a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli y al que accedió Infobae: “En el día de ayer me entrevisté personalmente con mi defendido, el Sr. Oscar Bernardo Centeno, quien me manifestó su preocupación por la falta de avance de la causa de marras, específicamente la falta de certeza respecto a la existencia de una fecha cierta para el desarrollo del juicio oral y público , oportunidad en la que, sostiene, se demostrará su inocencia en los hechos imputados y, de ese modo, podrá volver a desarrollar su vida en plenitud”, dice.
Según el documento, Centeno enfatizó que desde hace casi seis años se encuentra bajo el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación, “lo que le ha producido innumerables restricciones económicas, laboral es, ambulatorias y, particularmente, en la relación con su familia, con las consecuencias y los perjuicios que ello conlleva”.
“En tal sentido, cabe destacar que -como también señaló mi asistido- mientras la totalidad de los restantes imputados de la presente causa se encuentran en libertad, mi asistido, por hallarse incluido en el mencionado programa, ve restringido esenciales derechos, encontrándose en la dicotomía de salir del programa para ‘recuperar su vida normal’ pero bajo el riesgo que ello conlleva a su integridad física. De tal modo, el horizonte que mejor considera para solucionar el dilema es la pronta realización del debate oral y público”, afirmó el escrito.
La defensa dejó en claro que se le explicó al acusado que “para la fijación de la audiencia de debate aún restan etapas procesales que aún no se ha desarrollado” pero, se resaltó, “Centeno insistió que traslademos al Tribunal su preocupación por la demora en el avance del expediente”. “En virtud de lo expuesto, vengo por medio del presente a hacer saber dicho extremo a VV.EE. y a solicitar que tenga a bien arbitrar los medios que sean necesarios para fijar una pronta fecha de debate oral en las presentes actuaciones”, añadió el defensor oficial.
Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado. También sus funcionarios y los empresarios. Bonadio y Stornelli concentraron un ramillete de causas, algunas que ya existían, otras que se abrieron con las declaraciones de los arrepentidos, que sumó más de un centenar e imputados. La Cámara Federal confirmó algunos procesamientos, otros no.
“Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner -escribió el juez Bonadio al elevar la causa a juicio-. “No se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial. Como epílogo de este apartado, con el cual se clausura la instrucción de este grupo de causas conexas, identificadas como ‘Los Cuadernos de las Coimas’, se estima ilustrativo recordar la anotación de Oscar Bernardo Centeno, de fecha 7 de septiembre de 2015: ‘…La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…’”.
Cristina Kirchner, que ha cuestionado abiertamente la causa y también el capítulo de los “arrepentidos”, validado por Casación, no pidió testigos. Tal como lo detalló Infobae en diciembre del 2022, lo que sí quiere es incorporar los teléfonos del ex secretario y arrepentido José López, pieza clave en su condena a seis años de prisión en la causa por la obra pública, siguiendo los pasos del fiscal Diego Luciani. La ex vicepresidenta también le pidió al tribunal que investigue las comunicaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli.
La fiscal León también pidió los teléfonos de López y todos los acuerdos firmados por su colega de instrucción con los acusados arrepentidos. Antes de evaluar la prueba, el TOF tiene que responder una serie de planteos hechos por las defensas: decenas de reclamos de nulidad, objeciones a la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en este proceso y también cuestiones de prescripción.
Pero además fueron varios los empresarios que reclaman tener la misma suerte que tuvieron algunos hombres de negocios en instrucción: que su caso sea derivado a la justicia electoral porque el dinero que les pidieron eran para las campañas electorales. Entre ellos, aparece Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri y uno de los arrepentidos en este proceso. La envidia de todos los empresarios acusados fueron los responsables de Techint: los únicos que terminaron sobreseídos pese a que confirmaron que habían entregado dinero durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
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