Por medio de diferentes comunicados, trece provincias reclamaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por la prórroga del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) hasta el 27 de febrero de 2050. Si el mandatario no firma antes de dejar su cargo -el próximo 10 de diciembre-, el programa dejará de funcionar y las jurisdicciones perderán una importante vía de acceso a recursos financieros.
El FFDP fue creado por el decreto 286/95 el 27 de febrero de 1995. El objetivo, citado por la propia normativa, es “asistir y financiar el saneamiento de las deudas de los estados provinciales, la implementación de programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera”.
Las primeras en reclamar fueron las provincias del norte. Los gobernadores de ocho jurisdicciones enviaron una carta a Alberto Fernández pidiendo la firma de la extensión.
“Los Gobernadores de las Provincias Argentinas de la Región del Norte Grande Argentino, le solicitamos a través de la presente, disponga la prórroga del plazo de duración del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) creado por Decreto N° 286/95, hasta el 27 de febrero de 2050″, señalaron. “Dicha solicitud se encuentra fundamentada en el impacto positivo que generan los préstamos del FFDP en el financiamiento de programas de políticas públicas para el desarrollo y la consolidación fiscal, vitales para las jurisdicciones”, agregaron los gobernadores.
Firmaron la nota los mandatarios de las provincias de Formosa, La Rioja, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
Luego, se sumaron a la petición los gobernadores electos de San Luis, San Juan, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos y Chaco. Se trata de los mismos funcionarios que días atrás consiguieron la compensación por las caída de la coparticipación en noviembre y que impulsan la coparticipación del impuesto al cheque, como contraparte por la menor recaudación del impuesto a las Ganancias (por la suba del mínimo no imponible) y del IVA (por el programa Compre sin IVA).
El FDDP es importante para el ordenamiento de las cuentas públicas de algunas provincias. Sólo entre 2021 y 2022 financió a ocho jurisdicciones por un monto total de $40.500 millones y ayudó a saldar deudas por $24.511 millones.
Menor coparticipación
Las medidas que impulsaron la modificación del impuesto a las Ganancias (suba del mínimo no imponible a 15 salarios mínimos) y el reintegro del IVA en las compras de bienes de primera necesidad (que por decreto regirá hasta el 31 de diciembre, pero le falta ser aprobado por el Senado para convertirse en ley), tienen un alto impacto en los recursos percibidos por el Estado nacional y afectan de forma directa a las provincias, pues se trata de dos impuestos coparticipables.
De hecho, fueron las provincias las primeras en alertar por el impacto de la merma de recaudación de IVA y Ganancias proyectada para 2024. Los economistas Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez, del Ieral, consideraron que atacar el “gasto de la política” o el déficit de las empresas públicas es loable, pero “debe haber conciencia de que el impacto de estas medidas es insuficiente en materia de reducción del déficit. Avanzar en el plano fiscal sólo puede hacerse en clave federal”.
“El resultado del balotaje debería ser un argumento de peso para remover esa dinámica. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta la situación de debilidad en que han quedado las finanzas de buena parte de las provincias por las medidas electorales dispuestas por el gobierno saliente. De modo que, a pesar que Milei ha manifestado en algunas oportunidades que dichas rebajas impositivas se mantendrán, algunos gobernadores han comenzado a sugerir su reversión, de cara a 2024″, recordaron.
Para reflejar el impacto de ambas medidas, los especialistas calcularon la merma de recursos coparticipables originada en las reformas de IVA y Ganancias impulsadas por el gobierno saliente. El promedio para las 19 provincias equivale a 3% o más de sus erogaciones y hasta el 5,5 % en la provincia más afectada, Jujuy. “Antes del 10 de diciembre, el gobierno saliente parece dispuesto a compensar a algunas de estas provincias con el refuerzo de transferencias vía ATN, pero se trata de una salida puntual, destinada a cubrir el pago de aguinaldos”, subrayaron los economistas.
“La cuestión de fondo seguramente será parte central de la agenda de negociación entre la Administración entrante y los gobernadores. La pregunta es, en caso que el Ejecutivo esté dispuesto a sumarse a la demanda de los gobernadores, si a cambio de esta concesión logrará el apoyo en el Congreso de bancadas no propias para avalar los primeros proyectos de ley que se habrán de presentar después del 10 de diciembre”, analizaron.
“Vale la pena observar también la posición de la provincia de Buenos Aires, que ha anunciado su disposición a emitir deuda por 150 millones de dólares, una movida que requiere autorización legislativa, sin que el éxito del oficialismo esté asegurado”, cerraron Vasconcelos y Gutiérrez.
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