En enero de 2024 las transferencias de Nación a Provincias en concepto de capital, esto es, para obras de inversión, fue de apenas $2.581 millones, el nivel más bajo en términos reales desde 1993 a la fecha.
En base a los datos de ejecución presupuestaria “base caja” del sector público nacional no financiero de enero, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que encabeza el economista Nadin Argañaraz precisa que, a pesos constantes de enero de este año (esto es, actualizando los datos históricos según la inflación, para hacerlos comparables), el nivel de las transferencias de capital a provincias el mes pasado no solo fue el más bajo desde 1993 sino que fue 98,5% inferior al promedio de los 31 eneros transcurridos entre 1993 y el año pasado, que fue -a valores de este enero- de $167.758 millones.
El más alto nivel de transferencias de capital a provincias para enero fue el del año 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri transfirió en ese concepto $377.621 millones (siempre a valores del mes pasado).
Si se considera la inversión pública total (esto es, sumando la encabezada de modo directo por Nación y las transferencias a provincias para la financiación de obras a cargo de los gobiernos provinciales en sus respectivos distritos), el nivel de inversión pública en enero fue de $77.105 millones, casi 83% menos que el promedio para el período, que fue de $444.238 millones. El enero de mayor inversión pública por ambas vías (Nación y Provincias, pero financiada por Nación) fueron el de 2009, con $911.286 millones.
Además, en 2016, primer mes completo del gobierno de Mauricio Macri, las erogaciones fueron de $828.099 millones, y en enero de 2020, primer año de Alberto Fernández, anterior a la irrupción de la pandemia, fue de apenas $168.812 millones, 62% por debajo de la media del período 1993-2023, pero aún así más del doble respecto del nivel de enero pasado, primer mes de gestión mileísta.
El informe del Iaraf precisa que en 2023 las transferencias de capital a provincias representaron el 28% del gasto de capital total. Este a su vez, si se toma el período completo desde 1993 fue en enero pasado el tercero más bajo de la serie, solo superior a los gastos de enero de 2022 y de 2023, siempre con las cifras expresadas en términos reales.
El informe del Iaraf sobre transferencias a provincias coincide con el abierto conflicto entre el gobierno nacional y el de la provincia de Chubut, cuyo gobernador, Ignacio Torres, denunció la quita a su distrito de $13.500 millones de coparticipación automática de impuestos, por una deuda con el llamado “Fondo Fiduciariio para el Desarrollo de las Provincias”.
También se produce 8 días después de que, el viernes 16 de febrero, el gobierno celebrara haber obtenido el primer superávit fiscal y financiero desde agosto de 2012. Sin embargo, tanto políticos como economistas profesionales consideraron ficticio o engañoso ese superávit, porque al basarse en recortes de fondos como los realizados a provincias y la licuación del valor real de las jubilaciones, no puede considerarse política o socialmente sostenible.
La profecía de Dal Poggetto
De hecho, la semana pasada, la economista Marina dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go dijo: “la pregunta es si una megalicuación malthusiana de las jubilaciones, corte total de la obra pública y prácticamente total de transferencias a provincias, generando conflicto distributivo no solo entre capital y trabajo, sino entre la Nación y las Provincias, es sostenible”. E hizo una observación casi profética respecto de lo que parece ser el conflicto con eje en Chubut: “Milei tildó de traidores a los gobernadores. No hay una ‘Liga de Gobernadores’, no todos quieren estar del mismo lado, pero el riesgo es que los junte a todos”.
De hecho, Torres, el gobernador chubutense fue ayer respaldado por 22 de los 23 restantes jefes de distrito de la Argentina (incluyendo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri) en el marco de su enfrentamiento con el gobierno nacional.
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