El Ministerio de Economía habría terminado mayo con una aceleración en el ritmo de recorte del gasto público, mientras ayer miércoles uno de los funcionarios principales del Palacio de Hacienda aseguró que tras el dato de inflación de mayo buscará continuar con “el ordenamiento fiscal” como parte de las medidas para evitar otro fogonazo de precios antes de las elecciones.
“Más allá de la desaceleración de la inflación en mayo, es necesario continuar con el ordenamiento fiscal, el sostenimiento de la actividad económica, el empleo y el cuidado de las reservas internacionales mientras se supera el efecto de la sequía en el comercio exterior”, indicó el viceministro Gabriel Rubinstein tras el dato de inflación de mayo.
De acuerdo a estimaciones privadas, el ritmo de gasto público fue en el quinto mes del año inferior a la variación de la inflación, por lo que tuvo en términos prácticos una caída real. Así lo indicó un informe de la consultora Analytica, que sigue los datos del presupuesto abierto, que incluyen el gasto devengado, a diferencia de la información que publica de manera mensual la Secretaría de Hacienda -se conocerá la semana próxima-, que incluye el gasto base caja. Esa distinción hace que no se tenga en cuenta, por ejemplo, la deuda flotante o pagos atrasados.
Según Analytica, en mayo el gasto real devengado sin estacionalidad cayó $33.351 millones (-1,4%) respecto a abril mientras que en su comparación interanual, el gasto real se redujo en un 12,8 por ciento, indicaron. Además, detallaron que si se excluyera de la cuenta el gasto en subsidios energéticos, la variación sería del 15,3 por ciento.
La consultora también hizo un ejercicio para medir cuál fue el ritmo de recorte del gasto que aplicó el ministro Sergio Massa desde que asumió en el Palacio de Hacienda. “En los meses comprendidos entre agosto de 2022 y mayo de 2023, el gasto se redujo un 16% si se lo compara con el mismo período de un año atrás”, calculó Analytica.
Llevado a pesos constantes: mientras este año tuvo un gasto primario acumulado entre enero y mayo de 10,8 billones de pesos, en ese lapso pero del año anterior la cifra había sido de 12 billones de pesos. Aún así, sería más alto que en 2021, cuando fue de 10,7 billones de pesos con la nominalidad actual.
En ese ejercicio, la consultora consideró que en el lapso entre agosto de 2022 y mayo de 2023 -los diez meses de mandato de Massa- el gasto primario se redujo en 4,5 billones de pesos al ser comparado con agosto de 2021 y mayo de 2022. La mayor parte de esa reducción está explicada en obra pública (1,4 billones de pesos) y subsidios económicos ($900.000 millones).
“A su vez, en el acumulado durante los primeros cinco meses de este año cayó un 9,7%”, continuaron. Solo tomando en consideración mayo, las partidas que concentran las podas más marcadas en relación con el año anterior son, aseguraron “las asignaciones familiares y por hijo, y los fondos destinados a programas sociales. En tanto, aumentó el gasto en obra pública y los subsidios a la energía”, según midieron.
En ese sentido, remarcaron que el gasto en subsidios, paradójicamente en mayo tuvo un incremento, más allá de que la Secretaría de Energía aplicó incrementos en las tarifas de energía eléctrica y de gas. “El gasto destinado a los subsidios económicos tuvo un incremento interanual del 6,4% luego de registrar importantes caídas por varios meses consecutivos”, mencionó Analytica.
“Por otro lado, si se lo compara con el mes anterior y sin componente estacional, el gasto se incrementó en $37.830 millones de pesos. Luego de alcanzar sus niveles máximos entre octubre de 2021 y marzo de 2022, el gasto desestacionalizado comenzó una tendencia a la baja que terminó por revertirse en enero 2023. Actualmente, el 86% del gasto en subsidios económicos se destina a energía, mientras que los subsidios al transporte representan el 14%”, concluyeron al respecto.
Esa caída de 12,8% interanual del gasto implicaría una aceleración en el ritmo que traía esa poda y representaría el número más alto desde enero, cuando había sido de 14,6 por ciento. En febrero fue de 4,6%, en marzo de 6,3% y en abril de 11,4 por ciento.
El crecimiento de la deuda flotante y el fuerte impacto de la sequía en la recaudación tributaria explica que a pesar de esos recortes el déficit fiscal del sector público haya sido más alto que lo que preveía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las metas con el organismo respecto a la techo de rojo primario es una de las cuestiones que sigue en conversación con el staff técnico entre Buenos Aires y Washington.
La deuda flotante fue este año un elemento con peso en el comportamiento de las cuentas públicas. A pesar un desplome de ingresos fiscales que deterioró las cuentas públicas aún más en abril, el Gobierno empezó ese mismo mes a liberar pagos atrasados, una métrica que suele mirar de cerca el Fondo Monetario y es parte del programa en negociación. Así, el Ministerio de Economía bajó casi $300.000 millones el stock de deuda flotante.
El Fondo presta mucha atención al volumen de pagos atrasados que acumula el sector público y le puso, en el inicio del Extended Fund Facility (EFF), metas trimestrales y anuales, aunque en este caso es estable a lo largo del año. La cifra de techo establecida para 2023 es de 1,177 billones de pesos al cierre de cada trimestre, equivalente -al momento de diagramarse el acuerdo- a 0,8% del PBI.
De acuerdo a los últimos datos de la Tesorería, en el cuarto mes del año el stock de deuda flotante cayó unos $296.000 millones entre los 1,369 billones de pesos que había registrado en marzo contra los 1,073 millones de abril. La totalidad de la aceleración de los pagos correspondió a atrasos que pertenecen al ejercicio 2023, que pasaron de 1,223 billones de pesos a $916.000 millones.
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