Uno de los golpes de campaña más efectivos que tuvo el oficialismo este año fue el de mostrar lo que las cosas costarían si no estuviesen subsidiadas.
La “campaña del miedo” mostraba, en los andenes de los trenes, que el boleto costaría $1.100 si se eliminaran los subsidios y se sinceraran las tarifas. Para el caso del colectivo, después de pasar la SUBE por el lector, una leyenda nos muestra que en lugar de pagar los cerca de $60 que pagamos para recorrer la ciudad, deberíamos pagar 700 pesos.
Lo primero que llama la atención de esto es que –al tipo de cambio de $900– el boleto de colectivo sin subsidios estaría alrededor de 0,8 centavos de dólar. Nada muy distinto a lo que se paga en Montevideo, Uruguay (USD 1,05), en San Pablo, Brasil (USD 0,86), en Santiago de Chile (USD 0,77) o en Bogotá, Colombia (USD 0,68).
¿Qué pasa en Argentina que mientras todos sus vecinos pagan entre USD 0,7 y USD 1,0 el pasaje de colectivo acá el gobierno nos amenaza con que tendríamos que dejar de pagar seis centavos de dólar si en las elecciones gana no-sé-quién?
Desde el gobierno han intentado justificar la política de subsidiar el colectivo, el tren, la luz, el agua, el gas y otros servicios con el pretexto de que se trata de un “salario indirecto” para los “trabajadores”
Tal vez un argumento es que nuestros salarios han caído mucho en dólares en los últimos años, lo que es cierto, ¿pero tanto como para pagar el 10% de lo que pagan nuestros vecinos, muchos de los cuales son –en promedio– más pobres que nosotros?
Por otro lado, si el salario se desplomó, ¿no será en parte responsabilidad de políticas populistas como la de controlar precios y repartir subsidios a lo loco?
Desde el gobierno han intentado justificar la política de subsidiar el colectivo, el tren, la luz, el agua, el gas y otros servicios con el pretexto de que se trata de un “salario indirecto” para los “trabajadores”. El argumento es que al reducirles en un 50%, 60% o 90% lo que pagan por estos servicios, esta es una forma de pagarle un sueldo a cada trabajador.
En algún punto esta lectura puede tener sentido. Si Marcela, que trabaja en una fábrica, cobra $100.000 pero paga $5.000 en servicios y transporte, podríamos decir que cobra $95.000 netos de gastos. Sin embargo, si los gastos subieran a $15.000, entonces su salario neto caería a 85.000 pesos.
Así las cosas, el gobierno le estaría “pagando un extra sueldo” de $10.000 a Marcela, así como a todos los beneficiarios de estos precios controlados y subsidiados.
Cada peso que se otorga en subsidios es un peso que se cobra en otro lado en forma de impuestos, o bien un peso que aumenta la deuda pública o la emisión monetaria
Ahora bien, ¿desde cuánto es aceptable que el gobierno le pague una parte del sueldo a cada bendito trabajador que pisa el suelo del país? ¿No terminó la pandemia?
Por otro lado, si de pagar sueldos indirectos se tratara: ¿Por qué no subir el monto y decretar que de ahora en más los transportes y la energía pasan a valer cero? Siguiendo la lógica anterior, en este caso el salario indirecto subiría de forma descomunal y el consumo de los trabajadores se aceleraría, incrementando la producción y el bienestar económico.
El problema con el relato oficial es que no nos cuentan que cada peso que se otorga en subsidios es un peso que se cobra en otro lado en forma de impuestos, o bien un peso que aumenta la deuda pública o la emisión monetaria. Y lo que no cuenta el gobierno, o no quiere aceptar, es que el Riesgo País de más de 2.000 puntos y el hecho de que el FMI esté auditándonos las cuentas y que la inflación sea de 140% anual es el costo –al menos en parte– de la generosa y poderosa política de garantizarnos un “salario indirecto” a todos los trabajadores.
Un último argumento a favor del otorgamiento a mansalva de subsidios es el de la competitividad de las pymes. Desde Massa a Kicillof nos argumentan que –gracias a que la energía es barata por decreto gubernamental– las empresas en Argentina encuentran menores costos de producción y, por tanto, son más competitivas, lo que debería llevar a una mejora del crecimiento de la economía.
El problema es que este argumento es empíricamente falso. En primer lugar, porque si bien una empresa puede recibir el gas barato, no pasa lo mismo con el costo del crédito, que gracias a la política populista mantiene en las nubes el riesgo país. En segundo lugar, porque desde el año 2011 al año 2021 los subsidios se han mantenido oscilando entre el 4% y el 8% del PBI, acumulando un gasto total de nada menos que USD 346 mil millones en 10 años y la economía no solo no ha crecido absolutamente nada, sino que –punta a punta– mostró un descenso de 2,7% acumulado.
En el gráfico se ve claro. Con datos oficiales actualizados hasta el 2021, no hay ninguna relación entre el monto de los subsidios económicos otorgados y el crecimiento del PBI en términos reales en la última década. De hecho, ha habido mucho subsidio, pero nulo crecimiento.
Para ir cerrando, incluso cuando pueda aceptarse la idea de que subsidios al transporte y a la energía son salarios indirectos, no corresponde al gobierno ofrecerlos. El motivo es claro: dado que no se cuenta con los recursos suficientes para garantizar dicho salario, el costo de pagarlo es la crisis de deuda e inflación en la que estamos metidos.
En el futuro será preferible un salario indirecto de cero, pero un país más normal en donde el salario directo alcance para pagar todo lo que hoy dicen que subsidian porque no podemos pagar. No es un cuento de hadas, sino simplemente lo que pasa en los países vecinos, quienes hace rato han decidido aceptar ciertas reglas básicas para manejar sus economías.
El autor es Investigador Asociado del centro FARO de la Universidad del Desarrollo, en Chile, y director de IC y Asociados
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