El decreto de desregulación económica que anunció este miércoles el presidente Javier Milei prepara el terreno para la privatización de las empresas públicas y además buscará autorización para ceder, de manera parcial o total, las acciones de Aerolíneas Argentinas en manos del Estado.
Forma parte de una de las columnas principales del mega DNU que publicó la Casa Rosada y que incluye cambios en distintas regulaciones en el funcionamiento del Estado y en la relación que tiene con el sector privado. Y también en el status jurídico de las empresas públicas.
En este último sentido, el decreto establece que este tipo de compañías deberán mutar a Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades. “Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”, menciona el artículo 48° del DNU.
“Esta disposición comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”, detalló el decreto.
Milei prepara el terreno para la privatización de las empresas públicas y además buscará autorización para ceder, de manera parcial o total, las acciones de Aerolíneas Argentinas en manos del Estado
“Las Sociedades Anónimas transformadas estarán sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades (…) en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna”, planteó.
El Gobierno de Milei había anunciado, antes del cambio de mando, que buscaría avanzar en la privatización de una veintena de empresas públicas, entre ellas Arsat, las compañías administradoras de los trenes, los medios públicos o la mayoría accionaria en YPF.
El decreto también menciona a Aerolíneas Argentinas. El capítulo II del DNU menciona que buscará sustituir el artículo 4° de la Ley N° 26.412. Ese artículo reza que el Estado autoriza “la cesión a los empleados de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. por hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del paquete accionario de las respectivas empresas, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”.
Como contrapartida, el decreto de Milei prevé “la cesión, parcial o total, del paquete accionario” a los trabajadores de esas dos firmas. Y también deroga el artículo 9° de esa ley que establece que “en ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma”. De esa forma, dejaría el Estado argentino de tener injerencia alguna en la compañía.
Durante el año pasado, la línea aérea de bandera recibió solo el 65% de los $72.000 millones asignados por el Estado nacional en el Presupuesto 2022. Es decir que utilizó $47.000 millones o USD 353.147.000, según detalló la aerolínea en un comunicado, lo que dejó una diferencia de $25.000 millones que la empresa no aplicó.
Pese a esto, el balance sigue siendo negativo. El Presupuesto 2023 proyectó ingresos corrientes por $492.328 millones para Aerolíneas Argentinas, pero con transferencias corrientes del Estado por $90.000 millones. En lo que respecta al gasto corriente, está prevista una cifra de $468.168 millones, lo que da un resultado económico de $24.160,6 millones positivo. La empresa de transporte aéreo tiene una planta de personal total de 11.942 personas, de las cuales 11.487 están dentro del convenio colectivo de trabajo, 113 están fuera de convenio y 342 tienen otro arreglo.
El Gobierno de Milei había anunciado, antes del cambio de mando, que buscaría avanzar en la privatización de una veintena de empresas públicas, entre ellas Arsat, las compañías administradoras de los trenes, los medios públicos o la mayoría accionaria en YPF
Por otra parte, el decreto también introduce modificaciones en la ley que regula la actividad del Banco Nación e incluso abre la puerta para una privatización. Específicamente habla del artículo 2° de la normativa que le da marco de acción al principal banco público.
El artículo derogado es el que establece que “los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina, excepto en jurisdicción de la Capital Federal donde únicamente se depositarán los que al respecto determine la ley que rija en esa materia”, reza ese tramo de la ley.
“También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del Banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”, continúa. Estos dos últimos párrafos quedarán eliminados del marco legal del BNA.
En el artículo 41° del DNU, por otra parte, deroga un artículo de la ley 23.696 que sostiene que se exceptúa al Banco Nación “de la declaración de ‘sujeta a privatización’ al Banco de la Nación Argentina, el que deberá continuar su actividad como institución bancaria de propiedad del Estado nacional”.
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