El 13 de agosto próximo se celebran las PASO y los candidatos tienen la vivienda entre uno de los temas principales de campaña, sobre todo por lo que atraviesa el mercado de los alquileres ante la gran escasez de oferta existente, los aumentos de precios y la expansión de locaciones temporarias en la ciudad de Buenos Aires.
Entre los aspirantes a ocupar la jefatura de Gobierno porteño se encuentra Leandro Santoro, precandidato de Unión por la Patria.
“Para que la intervención estatal funcione positivamente, no puede ser una política pública aislada sino un conjunto de medidas que actúen de forma coordinada”, le dijo el candidato, que aclara que nació en el barrio de Boedo y “viene de una familia laburante”, a Infobae.
“Proponemos 7 mecanismos para actuar en la emergencia habitacional, considerando que la vivienda digna es un derecho consagrado en la Constitución. Sólo se cumplirá ese derecho si la vivienda no se trata como una mercancía”, dijo Santoro.
Para que vuelva a crecer la oferta en CABA, donde apenas hay menos de 1.000 viviendas en locación tradicional, el politólogo y docente nacido en 1976 propone estimular la oferta de viviendas que se encuentren vacías. Miles de dueños en disconformidad con la Ley de Alquileres prefirieron poner en venta sus unidades.
Santoro explicó que buscará generar incentivos y desincentivos para que los pequeños y medianos propietarios las vuelvan a destinar al mercado. “Los departamentos alquilados de manera formal en CABA no pagarán impuestos de ningún tipo, ni ingresos brutos ni ABL. A su vez, trabajaremos para bajar la carga impositiva general, defendiendo los intereses de los porteños y las porteñas ante la Nación, y buscando que los departamentos alquilados no puedan ser gravados por Bienes Personales y puedan ser desgravados de Ganancias”, expresó.
Argumentó también que en su plataforma que van a desincentivar la compra de departamentos con fines especulativos ya que hay grandes propietarios que concentran una cantidad importante de departamentos, muchos de ellos sociedades o personas jurídicas no humanas, incluso no residentes de la ciudad.
“Su economía se desarrolla en otras provincias pero vienen a Buenos Aires en busca de rentas urbanas, dejando sin vivienda a los porteños y las porteñas. Si deciden mantener vacías las viviendas para usarlas como una inversión más dentro de su cartera deberán pagar los impuestos correspondientes y no podrán acceder a los beneficios”, añadió.
Además de políticas puntuales para ampliar la oferta de viviendas para alquiler, en primer lugar es imprescindible un cambio de modelo, donde el desarrollo urbano sea planificado por el Estado y no por las grandes constructoras y el mercado concentrado.
Santoro, agregó que “hay que terminar con los negociados inmobiliarios que destruyen patrimonio histórico y arquitectónico, nos quitan espacios verdes, saturan servicios y encarecen los alquileres. Vamos a dejar de vender tierra pública, derogar el Código Urbanístico para construir uno nuevo que regule alturas y recupere los pulmones de manzana, y actualizar el Plan Urbano Ambiental para planificar el crecimiento urbano de manera más equilibrada y acompañado de las infraestructuras necesarias”.
Regular la renta temporaria
Santoro cree que la mayor rentabilidad de los alquileres temporarios quita viviendas del mercado tradicional.
Mientras el mundo discute políticas públicas para poner un freno a estas prácticas, “Larreta firmó un acuerdo con Airbnb, cuyas dos cláusulas más polémicas implican un pacto de confidencialidad acerca de la información que intercambien el gobierno y la empresa irlandesa, y la imposibilidad de emprender acciones legales y económicas entre las partes”, dijo.
Según el esquema pre electoral que propone existe un registro público de alquileres temporarios donde sólo se encuentran inscriptas 357 viviendas, mientras la plataforma oferta 20.000. “Literalmente, el control no existe”, resumió Santaro
Créditos para reciclar
En CABA existe una importante cantidad de inmuebles que podrían ser utilizados para vivienda, como aquellos que se encuentran en malas condiciones u oficinas. La propuesta del candidato K detalla que es necesario que el Estado, a través del Banco Ciudad, otorgue créditos a tasas blandas destinados a refacción y otros para que los consorcios mejoren edificios que se encuentren deteriorados.
La idea es crear un parque público de viviendas con un stock de propiedades en distintos barrios para destinarlas en alquiler a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad
“Desarrollaremos también una estrategia para reconvertir edificios en aquellos barrios con alto valor patrimonial y cultural, con impacto en el embellecimiento de la ciudad, como Montserrat, Balvanera, San Telmo y San Nicolás. Para atender la demanda de los sectores más vulnerables, que son quienes más sufren el déficit habitacional, vamos a destinar líneas de crédito subsidiadas para la refacción y mejora de inquilinatos, conventillos y complejos habitacionales”, destacó Santoro.
Subsidios y construcción
De acuerdo con lo planteado por Santoro, el Estado debe estar presente en situaciones extremas y coyunturales a través de la creación de subsidios temporales para la demanda. Quien se quede sin trabajo o atraviese una eventualidad que le impida hacer frente al pago del alquiler, podrá recibir una remuneración durante unos meses, de manera de no afectar los intereses ni del propietario ni del inquilino. Una vez finalizado el lapso de tiempo estipulado, esa ayuda económica cesará.
También se intentará aumentar la oferta privada de alquileres al incentivar la construcción de viviendas asequibles.
“El mercado tiende a construir unidades suntuosas como reserva de valor y no como vivienda. Por eso hay tantos edificios nuevos y vacíos. Nuestra propuesta es generar una mayor mixtura social, que deberá garantizarse por diferentes mecanismos: entre ellos promoveremos la construcción de diferentes tipos de vivienda, agilizando burocrática e impositivamente los desarrollos de pequeñas constructoras que se dediquen a construir viviendas asequibles y confortables”, destacó el candidato.
La sexta propuesta es reconvertir el IVC en una empresa de Desarrollo Urbano Integral. Santoro argumentó que el actual gobierno porteño carece de política de alquileres públicos. Tomando las experiencias de Bilbao, Medellín y Bogotá, buscarán fomentar la participación del sector privado e integrar las estructuras de la Corporación Buenos Aires Sur y la Corporación Puerto Madero, para crear un parque público de viviendas destinadas a alquiler.
“También existen los convenios urbanísticos, que se votan en la Legislatura. Se otorgan a partir de una contraprestación monetaria, la cual podría ser en forma de m2 con el mismo fin. De esta manera, la ciudad podría sumar unos 500 departamentos por año para alquileres”, detalló.
Participación ciudadana
Los convenios urbanísticos son las herramientas que permiten que en una parcela pueda construirse una torre. Estos instrumentos se votan en la Legislatura Porteña a cambio de una contraprestación económica.
“No sólo cambiaremos la contraprestación monetaria a m2, sino que haremos que sean los vecinos y las vecinas de los barrios quienes decidan si quieren una torre en su cuadra o no, a partir de mecanismos participativos en las comunas. Construiremos una web transparente, Consulta Ciudadana sobre edificaciones, para que conozcan al detalle los permisos y habilitaciones de cada inmueble junto a su información catastral. A su vez, sabrán si existe o no permiso para demoler y contarán con el último plano aprobado para cada emprendimiento”, concluyó Santoro.
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