Todos los pronósticos coinciden en que el escenario preelectoral de octubre será más complejo que el observado en la previa de las PASO: la inflación se aceleró, la actividad se debilitó y pese a la devaluación del 14 de agosto, la brecha cambiaria se afirmó en los tres dígitos porcentuales.
El candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, cree posible encarar hacia 2024 una política efectiva que lleve a reducir la inflación, aumentar la actividad y recuperar el valor del peso y los ingresos reales de la población; mientras que los dos máximos opositores: Javier Milei, por La Libertad Avanza, y Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio, levantan banderas de cambios radicales, en particular en el sistema monetario y las finanzas públicas.
Infobae habló con Mario Teijeiro, miembro del Consejo Superior de la Universidad del CEMA, Master en Economía Universidad de Chicago, para que en carácter claramente personal (resalta) -como asiduo analista de la coyuntura nacional- de su mirada sobre el presente e identifique los desafíos para el próximo gobierno que tendrá que validar la gestión en las elecciones generales de medio término.
— ¿Cómo imagina que llega la economía en general al próximo 10 de diciembre?
— Muy mal, con una inflación acelerándose peligrosamente y una caída importante de la actividad económica. Estamos en un tobogán económico que no sólo no se podrá parar el 10 de diciembre, sino que continuará como mínimo en los primeros meses del próximo gobierno; y durará más si se equivoca el camino. Existen precios críticos muy desacomodados que deben ser sincerados rápidamente (tarifas públicas y múltiples tipos de cambio “oficiales”). Pero si el nuevo gobierno sincera esos precios y al mismo tiempo pretende mantener la indexación de las remuneraciones de los empleados públicos, estaremos frente a un escenario tipo Rodrigazo, que mueve la economía a escalones inflacionarios aún mayores, sin producir el ajuste necesario.
— Los equipos económicos de la oposición están asumiendo que bajar la inflación es prioritario para recuperar el salario y los ingresos de la población. Incluso postulan que será crucial para afianzarse en el poder en las elecciones de medio término, una condición supuestamente necesaria para luego encarar las reformas estructurales. Pero al mismo tiempo la eliminación del déficit fiscal, imprescindible para bajar la inflación, imposibilitaría una recuperación de las remuneraciones públicas. Pareciera entonces que se está en un dilema económico-político sin solución aparente…
— En las actuales circunstancias, es utópica una estrategia política de estabilizar los precios, y aumentar los salarios reales para ganar las elecciones de medio término de 2025; y recién allí conseguir el mandato para reformas estructurales. Ese fue el argumento del salariazo de 1991-95 (que generó un aumento de remuneraciones del sector público de más de 100% en dólares). La estrategia fue posible pues, tras la caída del muro de Berlín y la puesta en marcha del Plan Brady, se vio a la Argentina como una promesa similar a la que estaba fructificando en Chile y Perú. Los capitales retornaron rápidamente y los déficits fiscales generados por el salariazo encontraron un fácil financiamiento externo.
“Es utópica una estrategia política de estabilizar los precios, y aumentar los salarios reales para ganar las elecciones de medio término de 2025; y recién allí conseguir el mandato para reformas estructurales″
De todas maneras, el costo fue enorme y diferido, sellando una vulnerabilidad de la economía argentina que terminó en la crisis del 2001. La desmesura salarial llevó rápidamente a una tasa de desempleo estructural de más del 13%, a un atraso cambiario que generó desequilibrios fiscales y externos crónicos y correspondientemente, a una acumulación de deuda externa impagable.
Los costos diferidos explotaron en el 2001. Mientras tanto, las reformas de segunda generación nunca se produjeron tras la reelección de Carlos Menem. El éxito económico de corto plazo generó conformismo y la urgencia política por esas reformas desapareció. Lo que no se hizo antes y en los primeros tiempos de la Convertibilidad, ya no pudo hacerse.
— ¿Entonces no cree posible repetir la experiencia de los primeros años de la Convertibilidad?
— Repetir la estrategia de la Convertibilidad hoy no es posible (sería un milagro que los capitales externos y locales fugados nos invadieran rápidamente para financiar déficits fiscales, como en los 90 o en 2015). Pero aún si lo fuera y similar estrategia se implementara, produciría un veranito que nos dejaría anestesiados para ir tras reformas estructurales; y el esquema probablemente explotaría tan pronto como le ocurrió a Mauricio Macri en 2018. Cautivar a los votantes ahora y en 2025 con aumentos de salarios real sería una estrategia autodestructiva, como lo fue en la Convertibilidad y en el gobierno de Macri.
— ¿Cuáles serían entonces los márgenes de maniobra para la estrategia económica de un gobierno opositor que busca un cambio verdadero?
— El único poder político con el que se puede contar es el que otorgará el fracaso palpable y mayúsculo del gobierno peronista que se va. El ajuste que se haga en los primeros meses seguramente será aceptable como blanqueo inevitable de los errores de la administración anterior. Pero es necesario que la herencia se explique en la campaña electoral y se transmita el mensaje que es inevitable corregirla para hacer un cambio en serio. La gobernabilidad en presencia de medidas impopulares puede facilitarse mucho si se hace de las elecciones un velado plebiscito para las medidas que hay que tomar.
También es posible que el apoyo político se pueda sostener por más tiempo mostrando éxitos posibles y coherentes con un cambio verdadero. Ponerse como meta reducir la inflación rápidamente es un objetivo alcanzable, si se está dispuesto a hacer un shock fiscal, pero no debe ser acompañado de una promesa de aumentar el salario real.
Otros objetivos posibles y coherentes serían la recuperación económica, el aumento del empleo en blanco y la reducción paralela del asistencialismo estatal. La recuperación de las remuneraciones reales deberá esperar que el crecimiento privado absorba ñoquis y planeros e idealmente, que se reduzcan o eliminen las cargas tributarias más distorsivas. Fuera del campo económico, pueden ayudar éxitos en materia de seguridad y gobernabilidad interior.
“Además de la baja de la inflación, otros objetivos coherentes serían la recuperación económica, el aumento del empleo en blanco y la reducción paralela del asistencialismo estatal”
Pero el gobierno de la actual oposición cometerá un error fatal si opera nuevamente con gradualismo en materia económica, postergando las medidas fiscales duras y las reformas estructurales para cuando tenga control de las cámaras legislativas.
— ¿Existen ejemplos de un éxito antiinflacionario sin cambios en el régimen monetario, como la Convertibilidad o la Dolarización?
— El ejemplo más notable es el 2002, cuando tras la devaluación del 200% de Jorge Remes Lenicov los precios aumentaron solo 40%. La devaluación fue muy exitosa pues transformó los déficit fiscales y externos en superávit gemelos. A fin de 2002 la inflación ya estaba controlada en un 3% anual y la economía y el empleo estaban creciendo. Fue una estabilización completamente fiscalista, sin ninguna ayuda de anclas monetarias ni confianza externa. ¿Cuál fue la clave? Que los salarios y jubilaciones no estaban indexados y los aumentos que se dieron por decreto fueron limitados y coherentes con mantener los superávits originados en el crecimiento de la recaudación impositiva. La política fiscal por sí sola terminó con la necesidad de imprimir dinero y la desindexación de los salarios impidió cualquier circulo vicioso tipo Rodrigazo.
La enseñanza positiva de esta experiencia es la importancia de la desindexación de las remuneraciones públicas cuando se corrigen inflaciones reprimidas. Terminar con esa indexación es la tarea número 1 para el 10 de diciembre de 2023, si es que se pretende que los ajustes de los dólares oficiales y de las tarifas públicas no nos lleven a tasas de inflación cada vez más elevadas. Dicho esto, quiero aclarar que aquí terminan las enseñanzas positivas de la gestión Roberto Lavagna, pues durante su período se hizo todo mal en materia estructural: se trabó el comercio exterior incluso dentro del mismo Mercosur y se dio el puntapié inicial a un crecimiento fatídico del gasto público asistencialista y de la presión tributaria.
— ¿Cuál es la utilidad que le asigna a la discusión entre dolarización y competencia de monedas o bimonetarismo?
— No hay chance de que ningún esquema monetario tenga éxito sostenido sin equilibrios fiscales (o déficit muy acotados a un endeudamiento disponible a baja tasa de interés). El ajuste fiscal es esencial para estabilizar; y para reducir el riesgo país en beneficio del financiamiento del sector privado. Esa es la prioridad. Las reformas estructurales también son críticas y urgentes para iniciar cuanto antes el círculo virtuoso del crecimiento privado que absorbe ñoquis y planeros, liberando capacidad del sector público para bajar impuestos. Por eso creo que hablar de Dolarización vs bimonetarismo es un debate que sugiere soluciones fáciles cuando no las hay
La discusión del régimen monetario es de segundo orden, es la frutilla de un postre que primero tiene que ser cocinado apropiadamente. La discusión actual del sistema monetario es inoportuna pues detrae esfuerzos del diseño del ajuste fiscal y de las reformas estructurales que deben ocurrir rápida y coordinadamente para aprovechar la ventana de oportunidad de un nuevo gobierno. Hay una tarea ciclópea para preparar y cocinar en poco tiempo una torta muy compleja. Mientras tanto, la discusión sobre el régimen monetario óptimo puede esperar.
— ¿El Banco Central es el principal responsable de las recurrentes crisis inflacionaria que afectan a la Argentina?
— Obviamente no lo es, el principal responsable de las crisis inflacionarias es la política fiscal deficitaria del gobierno, que requiere emisión monetaria cuando se agota la posibilidad de colocar deuda pública. Cuando llega ese momento, no hay independencia del Banco Central que aguante la presión política del irresponsable gobierno de turno. Similar dependencia se manifiesta cuando la decisión política es reprimir los efectos inflacionarios de la emisión a través de controles cambiarios. Apuntar contra el Banco Central es responsabilizar al sicario e ignorar al principal responsable. Es matar el mensajero que trae las malas noticias.
La responsabilidad primaria atribuible al Banco Central es la que se deriva de su función de regulador del sistema financiero. Como cualquier ente regulador, el Banco Central termina adecuando sus regulaciones a los intereses del sector regulado, no al interés general, generando estructuras financieras vulnerables que agravan las consecuencias de las crisis fiscales, cuando estas maduran. Excepcionalmente, los defectos regulatorios del sistema financiero pueden ser tan notables que disparen per se una crisis financiera con consecuencias inflacionarias. Pero nuestra historia indica que la explicación dominante de nuestros problemas inflacionarios es la indisciplina fiscal.
Casualmente, una de las ventajas atribuidas a la dolarización y al cierre del Banco Central es eliminar el instrumento para la irresponsabilidad fiscal y que nunca más ocurra…Este efecto terminal no es creíble en un país en el cuál una recidiva populista estará por muchos años a la vuelta de la esquina. Por de pronto, la dolarización no es freno para déficit fiscales financiados con endeudamiento en dólares. Y cuando el endeudamiento se acabe, estará a mano el default y la reversión de la dolarización (pesificación) “para terminar con los instrumentos del neoliberalismo”. El único antídoto para la recidiva populista es un éxito económico sostenible; y ese éxito no se conseguirá sino con ajuste fiscal y reformas estructurales contundentes.
— ¿Cuál es la conexión que visualiza entre el ajuste fiscal y las reformas estructurales? ¿Son dos aspectos que tienen que hacerse secuencialmente o deben encararse simultáneamente?
— El ajuste fiscal debe ser totalmente de shock, pero algunas reformas estructurales deben también tener un principio de ejecución inmediata, mientras su instrumentación definitiva requiere tiempo. El caso emblemático es el de la apertura de la economía. Atentaría contra la estabilización de precios si se devaluara el peso en la franja mayorista oficial y al mismo tiempo se dejara inalterada la estructura proteccionista.
“El principal responsable de las crisis inflacionarias es la política fiscal deficitaria del gobierno, que requiere emisión monetaria cuando se agota la posibilidad de colocar deuda pública”
Las medidas iniciales deben complementar la devaluación cambiaria con una baja de aranceles al nivel máximo que rige en el Mercosur; y con una eliminación de todas las restricciones cuantitativas sobre las importaciones de Brasil y de terceros países. También debería anunciarse inicialmente la intención de negociar un arancel externo más bajo para el Mercosur y el derecho de los países miembros de negociar individualmente acuerdos de libre comercio con terceros países.
Si estas negociaciones fracasan o no progresan rápidamente, la apertura económica debería hacerse unilateralmente. Eliminar las trabas al comercio es una necesidad para mejorar la eficiencia de la economía, generar oportunidades de negocio genuino que expandan la inversión y el empleo formal, liberando al sector público de ñoquis y planeros que son un lastre para la productividad y el crecimiento.
La apertura económica es la punta del ovillo para generar el crecimiento que el modelo nacional y popular ha impedido. Pero subsidiariamente, es un instrumento útil en el corto plazo para poner límite a aumentos desmesurados de precios tras una devaluación importante.
— ¿Pero es recomendable disponer la apertura de la economía sin ejecutar antes una reforma laboral?
— Teóricamente no, pero lo que aquí propongo no es ir inmediatamente al libre comercio, sino volver al Arancel común del Mercosur, de por sí todavía indebidamente protector de la industria de mercado interno. Cuando se puso en marcha el Mercosur en 1995, en la Argentina regía una política laboral con rasgos muy parecidos a los actuales. El mayor agravamiento fueron las consecuencias de la industria del juicio laboral. Pero compensatoriamente, ahora habrá un tipo de cambio mucho más competitivo que en 1995, en la medida que se ejecute la unificación cambiaria con la política fiscal sugerida.
De todas maneras, hay que reconocer la conveniencia de hacer también un progreso inmediato en la reforma laboral, con un tratamiento acelerado incluido en leyes de emergencia. Volver al crecimiento sostenido requiere tres patas absolutamente complementarias:
a) Generar rentabilidad para un crecimiento vía exportaciones, no limitado a un mercado interno paupérrimo, para lo cual una apertura que elimine el sesgo anti exportador y se haga con un tipo de cambio competitivo, es esencial;
b) Eliminar las leyes laborales que desincentivan el empleo en blanco, reemplazando el régimen de indemnizaciones por un seguro de desempleo y eliminando la industria del juicio; y
c) Disminuir la remuneración real de ñoquis, planeros y beneficiarias de AUH para que encuentren atractivo y hagan el esfuerzo personal de abandonar esa situación de dependencia, optando por una oportunidad laboral en el sector privado.
— ¿Cómo imagina que será la postura del FMI en la renovación del acuerdo vigente, con las autoridades que resulten electas en octubre o noviembre?
— La prioridad del FMI es cobrar la deuda argentina, reduciéndola rápidamente a un nivel normal para el tamaño de nuestro país. Obviamente eso no lo pudo lograr con un gobierno populista, pero alberga ilusiones mayores si hay un triunfo de la oposición. Las tensiones con el FMI serán menores, pero no serán despreciables. Digo esto porque el FMI tendrá una actitud de cobrar rápidamente, casi que no importa el cómo. Eso se manifestó cuando empujó a la Argentina a una nueva reprogramación de la deuda privada durante el gobierno actual.
“El FMI tendrá una actitud de cobrar rápidamente, casi que no importa el cómo. Eso se manifestó cuando empujó a la Argentina a una nueva reprogramación de la deuda privada durante el gobierno actual”
Con un nuevo gobierno, no se llegará a otra reestructuración, pues parte del cambio en serio es restituir la confianza en el crédito del país, evitando cualquier nuevo default. Pero, aun así, el FMI pretenderá cobrar exigiendo que Argentina vuelva a los mercados de capitales y usando superávit fiscales. El repago al FMI conflictuará entonces con un razonable objetivo argentino de priorizar un derrumbe del riesgo país y usar eventuales excedentes fiscales para reducir la presión tributaria, ambos instrumentos esenciales para un proceso de reconversión y crecimiento de la inversión privada.
— ¿Una reflexión final?
— El estentóreo fracaso de un gobierno populista está generando la oportunidad para cambios radicales. Pero esos cambios son múltiples, necesariamente complementarios y de compleja coordinación en el tiempo. Hemos tocado en esta entrevista solo algunos aspectos que hacen al problema central, que es cómo revertir una decadencia económica de 80 años producida por el modelo nacional y popular.
La ciclópea tarea involucra temas multidisciplinarios que no se pueden soslayar. ¿Cómo hacer los cambios en serio sin mayorías parlamentarias? ¿Cómo lograr aprobación para regímenes de emergencia? ¿Cómo evitar que la aberrante institución jurídica del amparo en instancias judiciales menores, tenga la capacidad de trabar reformas aprobadas por leyes o decretos? ¿Cómo retornar al control de la calle en un país culturalmente piquetero? ¿Cómo restaurar la seguridad personal en un país donde la pobreza es del 40% de la población y el narcotráfico se expande continuamente, multiplicando la criminalidad y su violencia? ¿Cómo mejorar rápidamente un sistema educativo desbastado por las huelgas salvajes y la bajísima calidad docente?
Mi mensaje final es que hay cosas por hacer en todas estas áreas, que no son fáciles y requieren mucha planificación y buena ejecución. Pero es evidente que concentrar la discusión política en Dolarización vs Bimonetarismo es un debate marketinero que sugiere soluciones fáciles cuando no las hay; que compite con la realización de un inventario de la herencia que se recibirá y de las impopulares y complejas soluciones que se deberán tomar.
No habrá forma de instrumentar las medidas necesarias sin denunciar los problemas heredados y sugerir los ajustes necesarios, particularmente sin claras mayorías en el Congreso. La gobernabilidad futura requiere que las elecciones sean un velado plebiscito de las medidas que hay que tomar para un cambio en serio y duradero.
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